El grupo de presión más influyente en México actualmente es el de los banqueros, a pesar de su pésimo desempeño empresarial a lo largo del último decenio. El propio presidente de la Asociación de Banqueros de México (ABM), Carlos Gómez y Gómez, recientemente ha reconocido que desde 1994 el crédito bancario comercial se ha desplomado en 60 por ciento y sigue cayendo. Ello quiere decir que la banca no ha ayudado a sacar al país de la crisis, tan severa, en la que se vio sumido a comienzos del sexenio sino que, al contrario, ha contribuido a profundizarla, como lo atestiguan múltiples casos de corrupción, malversación o simple ineficiencia de los bancos. En cambio, ha sido el sector industrial el que ha impulsado un fuerte incremento de las exportaciones, factor clave para lograr un lento pero significativo repunte económico en los últimos dos años. Lo que sorprende, sin embargo, es que el gobierno sigue privilegiando mucho más a los banqueros que a los industriales.

En efecto, a lo largo de los últimos cuatro años, los bancos han sido benefeciarios de los mayores subsidios públicos de la historia mexicana. Nunca hubo un sector económico en el país que recibiese tantos apoyos del gobierno como los canalizados a través de la magna operación de Fobaproa. Pero, además, debe recordarse que el ramo bancario ha recibido otro enorme subsidio a través de impuestos diferidos, los que alcanzan actualmente 37 por ciento del capital básico de los bancos comerciales mexicanos. En otras palabras, el gobierno les ha perdonado a los banqueros el cumplir con el fisco, cosa insólita para los demás contribuyentes. Es más, de acuerdo con declaraciones del presidente de la ABM, parece probable que en las próximas semanas las autoridades financieras del país anuncien que el Estado simplemente donará esos dineros a los banqueros para resolver sus problemas de baja capitalización y de cartera vencida. En suma, se trata de un nuevo rescate, en ciernes, de buen número de los individuos más acaudalados del país.

El lobby de los banqueros también está presionando para que el Congreso apruebe medidas adicionales para apuntalar a su gremio y, al mismo tiempo, para proceder judicialmente contra decenas de miles de deudores, en su mayoría pequeños empresarios. Los financieros quieren que se ratifique un proyecto de Ley Federal de Garantías de Crédito, pero además están haciendo campaña a favor de un proyecto de Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. Sin embargo, existe una fuerte oposición a estas propuestas, que han sido declaradas improcedentes por la Federación Nacional de Colegio de Abogados (FNCA) en tanto afirma que pretenden acabar con la industria y con numerosas firmas comerciales para beneficiar a las instituciones de crédito.

Si el Congreso llegase a aprobar estas reformas legales, es previsible que los bancos pronto comiencen a inundar a los tribunales de pleitos, y a presionar a los jueces de todas las formas posibles para embargar los bienes de miles de ciudadanos. En un año electoral, dicha situación podría ser altamente perjudicial para aquellos partidos políticos que sean considerados aliados de los banqueros en contra de los pequeños deudores.

Desde el punto de vista de una estrategia de crecimiento económico, cuesta trabajo entender por qué el gobierno sigue extendiendo favores multimillonarios a los banqueros que no han demostrado ser empresarios eficientes. En cambio, se castiga a la industria, que es el pilar más serio de la economía. Sin duda, es hora ya de que la tecnocracia gubernamental adopte políticas industrialistas que premien la productividad, en vez de aquellas, actualmente en la agenda de debates del Congreso, que alientan a la banca a seguir en el ya transitado camino de la prepotencia, el despilfarro y la ineficiencia.