Ť Negar informes sobre Banco Unión, el motivo


Entablarán diputados demanda constitucional contra Zedillo

Ť Exigen a Mackey reporte completo de la auditoría al Fobaproa

María Esther Ibarra y Ciro Pérez Ť Con el voto mayoritario de la oposición ų219 sufragios, frente a 177 del PRIų se aprobó ayer entablar controversia constitucional en contra del jefe del Ejecutivo por su negativa a proporcionar la información de los recursos utilizados del fidei-comiso Banco Unión para financiar la campaña presidencial del PRI en 1994. Además, en el debate legisladores del PRD demandaron exigir al auditor Michael Mackey que entregue su informe completo de la auditoría al Fobaproa.

En el punto de acuerdo suscrito por las fracciones parlamentarias de PRD, PAN, PT y PVEM se señala que la demanda de controversia será presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el presidente de la mesa directiva y la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados.

En el documento se pide al máximo tribunal ordenar la entrega de la información correspondiente requerida al presidente Ernesto Zedillo, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

El diputado del PAN y presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, Fauzi Hamdan Amad, dijo que entre hoy y mañana se presentará la controversia ante la SCJN, y calculó que en un plazo no mayor de cuatro meses dictaminaría el órgano de justicia.

Aun cuando era un punto de acuerdo pactado entre la oposición, en el sentido de argumentar a favor de aprobar la controversia, la diputada perredista Dolores Padierna le recordó a la fracción del PAN haber contribuido, a través de Fauzi Hamdan y Jorge Chidiac, "a dar carpetazo" para que no se concluyera la investigación del Fobaproa.

"Quien al mismo tiempo exige dar cumplimiento a la ley, pero facilita que se viole, es un hipócrita y se escuda en las palabras para ocultar su responsabilidad", espetó desde la tribuna cuando fijó la postura del PRD.

Al exigir la entrega completa del informe Mackey, Padierna puntualizó que carece del dato fundamental referente al desvío de recursos de Banco Unión, e insistió en demandar que se concluya la investigación al Fobaproa y cumpla el auditor con su compromiso.

De acuerdo con la perredista, Mackey sí investigó el caso de Banco Unión y llegó a conclusiones a partir de documentación que diversos diputados le entregaron, la cual, aseveró, obra también en poder de la Procuraduría General de la República y del Instituto Federal Electoral.

Sin embargo, agregó, "a espaldas de la Cámara de Diputados y de los legisladores comisionados, Eduardo Fernández (presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores) convenció a Mackey de eliminar del texto" todo lo correspondiente al tema de Banco Unión.

Y cuestionó: "ƑPor qué se permitió al auditado reunirse a escondidas de los diputados con el auditor y que acordaran mutilar el informe?" Por tanto, exhortó a los legisladores a citar de nueva cuenta a Mackey a fin de que explique las razones para haber violado las bases del contrato en el cual se comprometió a elaborar y entregar una auditoría detallada sobre el rescate bancario.

Si bien señaló que el PRD votaría a favor de la controversia, consideró que "sólo era una cortina de humo tendente a evitar que se investigue el uso de los recursos del banco ex propiedad de Carlos Cabal Peniche, destinados a la campaña presidencial del PRI, irregularidad en la cual está implicado el jefe del Ejecutivo".

En el mismo sentido, el coordinador de la bancada del PT, Ricardo Cantú Garza, también cuestionó la actuación de la diputación panista y la del Comité Técnico de Auditorías al Fobaproa, al haber aprobado un informe parcial y no una auditoría al ciento por ciento, tal como lo ordenó la Cámara de Diputados.

Sobre la controversia, indicó que el presidente Zedillo no puede alegar ignorancia o desconocimiento, toda vez que "al no hacer observaciones al proyecto de decreto del IPAB, que le turnó el Senado de la República, se obligó a acatar el contenido normativo de la ley".

En su turno, Hamdan Amad destacó que por primera vez en la historia de la Cámara baja se llevará a cabo una controversia constitucional en contra del Ejecutivo, por oponerse a entregar la información a partir de "argumentos falaces, improcedentes y sin ningún contenido". Y preguntó: "ƑCómo vamos a enterarnos si hay o no quebranto en las operaciones de préstamo de Banco Unión si no se audita?"

Respecto a las críticas sobre la auditoría al Fobaproa, el panista aseguró que ésta no ha concluido, en tanto la información solicitada al presidente Zedillo siga pendiente de ser entregada a los diputados. Argumentó que el informe del auditor "sólo refleja una cara muy oscura de quien o quienes nunca institucionalmente han sido auditados."

En su descargo, aseguró que el proceso de auditoría del Fobaproa "estuvo plagado de obstáculos y resistencia a entregar la información, por lo cual nos doblamos y doblegamos prácticamente para que se nos proporcionara la documentación".

A su vez, Verónica Velasco Rodríguez (PVEM), al apoyar el punto de acuerdo de la controversia, advirtió que su partido no permitirá "argucias legaloides" para que evadan su responsabilidad la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el propio Ejecutivo federal.

Por parte del PRI, el diputado Francisco Loyo Ramos consideró "improcedente" la demanda de controversia constitucional contra el Ejecutivo, pues calificó los argumentos expresados en la tribuna por la oposición de "interpretaciones" de los grupos parlamentarios, porque la información requerida para Mackey "no se solicitó por la vía legal ni se agotaron las instancias para conseguirla".