VIRTUD Y FALLAS DE UNA PROPUESTA

La carta abierta al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) emitida ayer por el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, y presentada como "propuesta de un paso más para solucionar el conflicto en Chiapas", marca un importante cambio en el tono que venía empleando la secretaría para dirigirse a los indígenas rebeldes chiapanecos y para mencionarlos. El documento divulgado ayer contrasta, por su estilo propositivo y por su reconocimiento al EZLN, con las muchas invectivas, exabruptos y palabras hoscas expresados por los antecesores de Carrasco, Emilio Chuayfett y Francisco Labastida, contra esa organización. Asimismo, la declaración del actual titular de Gobernación admite --es un buen principio-- ''la sensibilidad que priva en la zona'' de conflicto en Chiapas y la necesidad de ''restaurar la confianza entre las partes'' como primer paso para la reanudación del diálogo.

Por desgracia, la iniciativa oficial tiene pocas probabilidades de lograr esos objetivos, toda vez que carece de propuestas para contrarrestar las dos causas centrales de la pérdida de confianza y del estancamiento del diálogo: el acoso militar y policiaco emprendido por el gobierno desde febrero de 1995 contra las comunidades zapatistas, y mantenido con diversa intensidad hasta la fecha, y el incumplimiento, por parte del Ejecutivo federal, de la palabra empeñada en los Acuerdos de San Andrés.

La propuesta de Carrasco no hace mención alguna de la grave militarización de la zona de conflicto, de las múltiples agresiones contra diversos poblados indígenas rebeldes por parte de fuerzas militares y policiacas (federales y estatales), ni de la proliferación y el fortalecimiento de grupos paramilitares, ni del continuo estrechamiento del cerco castrense que constituye, desde hace mucho, el principal factor de tensión y desconfianza, además de que ha lesionado y distorsionado profundamente el tejido social de la región. Ese despliegue ominoso no ha servido para evitar hechos como la masacre de Acteal, y ha provocado cruentas agresiones como las de El Bosque y, en días muy recientes, la de Nueva Esperanza.

Por lo que respecta a los Acuerdos de San Andrés, cabe recordar que fueron firmados por la representación gubernamental y que posteriormente el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayfett, aceptó la iniciativa de reformas legales en materia de derecho y cultura indígenas elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) con base en esos acuerdos. Sin embargo, días después el Ejecutivo desconoció ese documento y acabó elaborando, en forma unilateral, una nueva propuesta de reformas legales que constituye una versión desvirtuada del texto de San Andrés.

Si el gobierno realmente desea restablecer la confianza perdida, expresar su disposición a reactivar el proceso de paz y dar cabal cumplimiento a la Ley de Concordia y Pacificación, tendrá que modificar su actitud en los temas referidos. En esta perspectiva, la iniciativa presentada ayer, independientemente de la buena voluntad que pueda encerrar y de sus aspectos sin duda positivos, parece insuficiente para incidir en la construcción de una paz justa y digna para Chiapas.