Ť La propuesta oficial incluye crear una nueva instancia de intermediación

Reiniciar de inmediato el diálogo, plantea el gobierno federal al EZLN

Ť Se tomará en cuenta su opinión en la iniciativa de Ley sobre Derechos y Cultura Indígenas

Ť No se prevén cambios en la estrategia castrense ni se aborda el problema de los paramilitares

José Gil Olmos Ť El gobierno federal formuló una nueva propuesta de diálogo en Chiapas, en la que plantea el reinicio inmediato de las negociaciones con el EZLN, suspendidas desde el 2 de septiembre de 1996. El paquete de seis puntos incluye la apertura de la iniciativa presidencial sobre derechos y cultura indígenas a la opinión de los zapatistas, así como la creación de una nueva instancia de intermediación que sustituiría a la que desapareció hace un año. Sin embargo, no prevé ningún cambio en la estrategia militar y tampoco aborda el problema de los grupos paramilitares.

En la ''Carta abierta al EZLN'' que presentó ayer el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, bajo el nombre de ''Un paso más para solucionar el conflicto en Chiapas'', el Ejecutivo federal reconoció que es ''imprescindible'' reiniciar el diálogo y la confianza con el EZLN para evitar ''escenarios de violencia y pérdida de vidas'', como ocurrió en los casos de Acteal y recientemente en San José La Esperanza.

Carrasco manifestó su disposición a encabezar la comisión negociadora, en cualquier momento y en cualquier lugar. Por otra parte, la propuesta incluye la restructuración de la Comisión de Seguimiento y Verificación (Cosever) y la liberación de los simpatizantes zapatistas actualmente presos.

Desde febrero del año pasado, el gobierno federal no daba muestras de una nueva estrategia para el proceso de pacificación en Chiapas. Desde entonces, mantenía la propuesta de siete vertientes dirigidas esencialmente al suministro de recursos y servicios a los 38 municipios chiapanecos más pobres, donde el EZLN tiene influencia.

En la nueva oferta, el gobierno reiteró su posición de que el conflicto ''se resolverá mediante el diálogo, la razón y la ley''. Se trata de dar ''un paso más con franqueza, seriedad y buena fe por el bien de México y de Chiapas'', dijo Carrasco Altamirano.

En el acto no se permitieron preguntas de los reporteros nacionales y extranjeros, reunidos en el salón Juárez de la dependencia. Asistieron el gobernador de Chiapas, Roberto Albores; el líder del Congreso estatal, Oscar Alvarado Kooc, y el presidente del Tribunal de Justicia de esa entidad, Noé Castañón León, así como el coordinador para el diálogo, Emilio Rabasa.

A continuación, los seis puntos de la propuesta oficial:

Primero. El gobierno de la República siempre ha estado convencido de la necesidad de dar cumplimiento a los acuerdos de San Andrés, que suscribió con el EZLN en febrero de 1996. Para honrar su compromiso remitió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas. Por su parte, el EZLN ha manifestado su aprobación a la propuesta de la Cocopa.

A fin de avanzar hacia la solución del conflicto, el gobierno solicita al Senado de la República que determine el mecanismo por el cual las comisiones dictaminadoras integren a su análisis otras legislaciones e información en materia de derechos y cultura indígenas, a la luz de los acuerdos de San Andrés Larráinzar. Estos documentos podrán ser enviados conjuntamente por el gobierno y el EZLN. Asimismo, solicita que las comisiones legislativas establezcan la posibilidad de escuchar nuevos puntos de vista del EZLN y de otras organizaciones y personas interesadas.

Con esos elementos novedosos podremos solicitar al Senado de la República que considere dictaminar la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas durante el presente periodo ordinario de sesiones.

Segundo. Se convoca al EZLN para concertar un programa calendarizado para dar cumplimiento pleno a los demás compromisos acordados en San Andrés, en especial aquellos que atañen al desarrollo social de las comunidades indígenas del estado de Chiapas.

Tercero. La Secretaría de Gobernación, con apego a derecho, solicita a las instancias competentes la liberación de miembros o simpatizantes del EZLN que no estén implicados en hechos de sangre o violaciones.

Para culminar este proceso consideramos necesario examinar con el EZLN los casos de personas que reconozca como sus bases de apoyo y que hayan sido acusadas por infracciones a la ley, con el propósito de revisar las denuncias en su contra.

Cuarto. El gobierno analizará cuidadosamente las denuncias de hostigamiento y otros ilícitos que plantean diversas organizaciones de derechos humanos, las propias comunidades o personas afectadas. La PGR establecerá un programa especial para conocer y analizar estos casos, brindando a los testigos la protección necesaria a través de la oficina que establecerá en el estado de Chiapas.

Al mismo tiempo se toman medidas para asegurar que en ningún caso haya impunidad de grupos o personas que hayan delinquido.

En las actuales condiciones del estado de Chiapas, esta acción exige extremar las medidas para evitar que la persecución de los infractores sea pretexto de nuevas injusticias o irregularidades. Es pertinente examinar, conjuntamente, las acciones que deban tomar el gobierno federal, el gobierno del estado de Chiapas, las comunidades y el EZLN, independientemente de filiaciones políticas o simpatías sociales.

Quinto. El gobierno federal tiene particular interés en garantizar la eficacia del diálogo y está de acuerdo en el establecimiento de una nueva instancia de intermediación, civil y apartidista, conformada por mexicanos de reconocida imparcialidad, dotada de la suficiente capacidad de convocatoria, interlocución y decisión, para suscitar encuentros constructivos entre y con las partes. Refrenda también la importancia de la labor de coadyuvancia de la Cocopa y le ha invitado a intensificar la importante encomienda que le confiere la Ley para el Diálogo. Procederemos a reconstruir la delegación gubernamental en la Comisión de Seguimiento y Verificación (Cosever) y a solicitar la reanudación de sus trabajos.

Sexto. La representación gubernamental que podrá encontrarse con el EZLN contará con la suficiente capacidad de decisión y voluntad negociadora. Estará abierta a conformar una agenda de negociación de manera conjunta con el EZLN que incluya diversas medidas para dar atención inmediata y urgente a las comunidades que han resultado más afectadas por el conflicto, como el retorno de los desplazados a sus comunidades de origen y un mecanismo de comunicación permanente entre las partes.