Magdalena Gómez
Chiapas, propuesta oficial: el diálogo como procedimiento
Al conocer el documento leído por el secretario de Gobernación, primero en tres años en el que oficial y públicamente se dirige el gobierno federal al EZLN, con pesar se observa y se confirma que los intereses creados en torno al conflicto son de tal envergadura que justamente impiden, de nueva cuenta, abordar el problema colocando al interés nacional como premisa.
Los esfuerzos por justificar la posición del Ejecutivo federal, aun omitiendo los tradicionales calificativos en contra del Ejército Zapatista, expresan que no existen condiciones para dar el salto a una nueva estrategia de fondo, la cual tendría que partir del reconocimiento, implícito o explícito, de responsabilidad en la crisis del diálogo. Aun asumiendo la posición de no debatir más el pasado inmediato, lo que no puede colocarse en el cesto es la carga de impunidad que hay en acontecimientos no esclarecidos como la masacre de Acteal, el deslinde claro respecto a grupos paramilitares o la injustificada y masiva presencia de amplios contingentes militares que están trastocando el tejido social en las comunidades y que no tienen nada que ver con las facultades constitucionales del Ejército. Hasta ahora, la sociedad no conoce un informe oficial que pruebe la ''alta peligrosidad militar del EZLN''; sabe, eso sí, que detrás del ya basta armado del 1o. de enero de 1994 existía una cauda oculta de reiteradas violaciones de derechos humanos, como también ha visto que contra viento y marea se ha respetado el cese del fuego decretado y pactado. También ha participado en múltiples iniciativas políticas de una fuerza que le dio voz a los pueblos indígenas. Nada de esto es referido en el balance del documento oficial, ni siquiera mencionado.
Si pasamos al perfil específico de la propuesta, nos damos cuenta que privilegia los procedimientos sobre los contenidos. Sugiere que el Senado cumpla su obligación, analice las diversas iniciativas de reforma constitucional en materia indígena y se documente con elementos de otras experiencias en el campo, las cuales ''podrán ser enviadas conjuntamente por el gobierno y el EZLN''. Queda salvado con esta lógica el punto de divergencia en torno al proyecto de la Cocopa, pero también se reitera que el gobierno honró su compromiso con los acuerdos de San Andrés, cuando el Ejecutivo remitió su iniciativa al Congreso de la Unión.
Puede ser útil la revisión de los casos sujetos a procesos penales, así en abstracto, pero cuando se remite a la nada imparcial PGR para crear una comisión, uno recuerda que se tiene atorada con ella la divergencia sobre las causas que motivaron Acteal.
Inclusive, se pondera la política social frente a algo tan compartido por amplios sectores como es el fracaso de la política indigenista, consignado en la apertura del texto de los acuerdos de San Andrés. No resiste la prueba de los hechos la reiteración de que los ejes de la política oficial ''serán la legalidad, nunca el autoritarismo; la tolerancia, nunca el enfrentamiento violento, y la responsabilidad social, nunca la insensibilidad o la indiferencia''.
Las propuestas de una comisión negociadora reconstituida, una nueva instancia de intermediación, la reactivación de la Comisión de Seguimiento y Verificación, tendrían sentido si se tratara de retomar el rumbo. Asumiendo que hasta ahora no existe en el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que cuente con el consenso de las partes, ofreciendo la investigación sobre toda forma de grupo paramilitar, el reposicionamiento del Ejército, retomando la mesa de democracia y justicia y las siguientes de la agenda pactada, entre otras condiciones indispensables para restablecer la confianza.
Quienes han participado de experiencias de negociación de conflictos armados han dicho que para que estos procesos prosperen se requiere que a las dos partes les duela igual el conflicto. Con todo y la buena fe que pueda existir en algunos promotores de esta iniciativa ''un paso adelante'', al régimen parece dolerle más su propia imagen. El EZLN tendrá la palabra para decirnos si con esta medicina que hoy se ofrece se alivia en algo el dolor que le hizo levantarse en armas.