Roberto Campa Cifrián, precandidato del PRI a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, arremetió nuevamente contra el gobierno de Cárdenas a propósito de los megaproyectos urbanos privados que no han sido realizados durante sus 20 meses de gobierno (Reforma, 28/09/99). Al hacerlo, mostró claramente cuál fue en el pasado la política urbana de los gobiernos del PRI, y cómo piensa seguirla gobernando, si los capitalinos cometemos el grave error de volver a darle la mayoría en las elecciones del 2000.

Durante las últimas semanas de Salinas de Gortari en la Presidencia (1994) y de Espinosa Villarreal como regente capitalino (1997) se aprobaron al vapor, y sin consulta a la ciudadanía, numerosos grandes proyectos de obras públicas y privadas promovidas por la iniciativa privada. Varios de ellos naufragaron en la profunda crisis económica con que concluyó el sexenio salinista e inició el zedillista, y siguen congelados por la misma razón: inviabilidad financiera, en la que no tiene que ver el gobierno capitalino (Plan Alameda, Torre Aguila, Tren Elevado, Carretera La Venta-Colegio Militar). Algunos suponían que habría un aporte económico del gobierno capitalino, que Cárdenas no podía o no quería dar, pues su política era y es invertir esencialmente en resolver los problemas urbanos más graves y atender las necesidades apremiantes de la gente. Otros proyectos, que pese a su impacto negativo sobre la sustentabilidad de la metrópolis, tenían una aprobación legal válida, se han iniciado con modificaciones negociadas, pues el gobierno actual se somete estrictamente a la legalidad vigente (Torre Chapultepec, Cuicuilco, y parte del Plan Alameda). Los que atentaban gravemente contra la sustentabilidad ambiental futura de la ciudad y que tienen la oposición abierta de la población, como la Carretera La Venta-Colegio Militar y el Club de Golf Santa Cecilia en Xochimilco, han sido rechazados de acuerdo a derecho, luego de amplia consulta y con el respaldo de quienes tenemos como oficio la investigación y la planeación urbana.

Campa Cifrián, con total ligereza e irresponsabilidad, mostró los vicios priístas que llevaron a la ciudad a la situación de crisis y desbordamiento de sus umbrales de viabilidad ecológica y social. El y los gobiernos priístas en los que estuvo involucrado, no respetaron la opinión ciudadana, y autoritariamente impusieron obras a los citadinos, manipularon o fingieron sus "consensos"; un gobierno democrático como el de Cárdenas, oye a los ciudadanos, busca el consenso y actúa en consecuencia. El PRI cree que el desarrollo urbano se reduce a la realización de grandes obras de ingeniería y arquitectura, contratadas con las grandes empresas constructoras ligadas al poder público y subsidiadas generosamente por éste. Por el contrario, se olvida de la economía popular, de las decenas de miles de micro, pequeñas y medianas empresas en todas las ramas que son las que generan empleo y distribuyen ingresos a la mayoría de la población; su política económica federal las condena a la desaparición, generando la grave crisis de desempleo, informalidad y delincuencia que vive la ciudad y cuya solución no está en manos de su jefatura de gobierno.

La política centralista y concentradora del PRI durante medio siglo impulsó la formación de este gigante de más de 18 millones de habitantes, que hoy enfrenta agudos problemas de escasez de agua potable y dificultad para evacuarla, alto costo monetario y energético para atenderlos, déficit enorme de vivienda y servicios para los sectores populares, carencia de empleo, contaminación ambiental --en franca disminución por la acción del gobierno cardenista-- e inseguridad, ligados a un crecimiento poblacional y físico excesivo y sin control público. Por ello, también es irresponsable el discurso de Campa.

La situación actual de la metrópolis exige una política radicalmente distinta a la aplicada por el PRI en el pasado y expuesta por Campa Cifrián y Silva Herzog en su precampaña. El gobierno de Cárdenas ya inició el cambio. El desarrollo urbano no se reduce a la construcción de grandes obras de beneficio empresarial y propaganda del poder; exige tener en cuenta el interés colectivo, las opiniones de toda la gente --no sólo de los poderosos--, respetar los umbrales de sustentabilidad social y ambiental, y ocuparse de las necesidades de la mayoría. Para garantizar el futuro de la capital, el PRI no debe recuperar su gobierno.