Inaceptable provocación de rectoría. Dentro de nueve días, la huelga de la UNAM habrá cumplido cinco meses. Nunca, en la historia del centro de estudios superiores más importante del país, un conflicto había sacado a la luz pública una mezcla de autoritarismo e ineficiencia tan grande como la que el rector Francisco Barnés de Castro ha desplegado a lo largo de casi 150 días de parálisis académica. Hoy, cuando la propuesta de los ocho profesores eméritos y la flexibilización del pliego estudiantil insinuaban que la solución de la crisis parecía al fin cercana, Barnés ha vuelto a atrincherarse en el Consejo Universitario para exigir la rendición incondicional del movimiento. Y al mismo tiempo ha lanzado una nueva provocación al ordenar el despido de 300 maestros, supuestamente vinculados con los jóvenes rebeldes.
En las últimas semanas, las corrientes democráticas del Consejo General de Huelga (CGH) han realizado un esfuerzo extraordinario para neutralizar el protagonismo golpista de los líderes de la ultra y, a la vez, para lograr acuerdos con los púberes y adolescentes sobre los cuales aquéllos ejercían enorme influencia. Merced a esta labor de convencimiento y resistencia, hoy, al menos en 24 de las 38 escuelas representadas en el CGH, se ha consolidado una nueva mayoría que está por el diálogo y la negociación.
Incapaz de percibir esta clara muestra de maduración colectiva del movimiento, Barnés ha hecho en los días recientes todo lo contrario de aquello que hubiese debido dictarle el sentido común: a las insistentes peticiones de la nueva mayoría del CGH, para que nombre una comisión negociadora con facultades resolutivas, el más inepto de los rectores en la historia de la UNAM ha vuelto a endurecerse dictando una sarta de requisitos tan absurdos como arrogantes para condicionar su retorno a la vía de la solución pacífica.
Nadie podrá negar que la actitud de Barnés, tan transparente, no pretende sino echar abajo el trabajo político de las corrientes democráticas y fortalecer una vez más las posturas fundamentalistas de la ultra. De lo que se trata, sin lugar a dudas, es de que la UNAM continúe cerrada el mayor tiempo que aún sea posible, para agigantar la amenaza de la salida violenta y usarla como una sombra que oscurezca la lucha electoral. De allí, entonces, el despido de los 300 maestros que ya fueron notificados y los rumores que auguran el cese, la semana próxima, de 300 más.
A partir de la unidad que han reconstruido las bases estudiantiles en el CGH, y del consenso que han obtenido los profesores eméritos para su propuesta como base de solución, y sin menospreciar el fortalecimiento del movimiento de los académicos, la sociedad civil que actúa en el seno de la UNAM, y las diversas expresiones que la acompañan fuera del campus, ha llegado el momento de concentrar todas las energías para señalarle a este pésimo rector la puerta de la calle y exigirle al Consejo Universitario su remplazo por una figura que cuente con el respaldo de toda la comunidad: el filósofo Luis Villoro, como se menciona ya en amplios círculos, podría ser el hombre clave para encabezar las urgentes transformaciones que requiere la UNAM.
Chiapas, Timor, Colombia: odiosas comparaciones. ¿En qué se parecen los gobiernos de Indonesia y de Colombia a la administración del presidente Ernesto Zedillo? En que los tres cuentan con organizaciones paramilitares, creadas por sus respectivos ejércitos, para desarrollar líneas de acción política al margen de la ley. Contra la mayoría independentista del este de la isla de Timor, hoy escandalosamente bañada en sangre; contra la poderosa guerrilla de las FARC en las selvas del Caquetá y contra la fortaleza moral del EZLN, los tres regímenes utilizan bandas de asesinos a sueldo que configuran un nuevo fenómeno de alcance mundial.
En los tres casos, la paramilitarización fomentada y protegida por las estructuras represivas del Estado cumple una función paraestatal: extiende ilegalmente el monopolio de la llamada ``violencia legítima'' que el derecho otorga a todo gobierno, justificando así las más aberrantes violaciones a la legislación internacional para satisfacer, únicamente, los intereses minoritarios de los grupos dominantes.
Utilizando a escuadrones paramilitares, formados por militantes del PRI apoyados por tropas de asalto y vehículos blindados del Ejército Mexicano, el ``gobierno'' de Zedillo ha intensificado como nunca la amenaza de la guerra civil contra las comunidades zapatistas de la selva, y se ha valido de esta forma de presión, a todas luces ilegítima, para desplegar, con bombo y platillo, una nueva iniciativa ``a favor de la paz''. Demos una pequeña vuelta al mundo para ver cómo ha funcionado en otras tierras la estrategia que esta semana Diódoro Carrasco ha hecho visible entre nosotros.
La matanza de Dili. En abril de 1974 estalló en Portugal la famosa Revolución de los Claveles que puso fin a 50 años de dictadura fascista. Una consecuencia inmediata de esto fue la disolución de las colonias lusitanas en Africa y en Asia. Documentos de la época demuestran que, alarmado por este giro imprevisto de la historia, el secretario estadunidense de Estado, Henry Kissinger, llamó a los gobiernos de Occidente a establecer un ``cordón sanitario'' en torno de Portugal, y por otra parte, activó una política desestabilizadora en Angola y Mozambique, para tratar de impedir que estas jóvenes naciones independientes se integraran al bloque soviético.
En el ámbito específico de la ex colonia portuguesa de Timor Oriental -que José Saramago ha descrito como ``la mitad de una de las 13 mil islas de Indonesia''-, Kissinger se entrevistó en Yakarta con el dictador Suharto en 1975 y le recomendó que se la anexara de inmediato, como en efecto ocurrió. Durante los 24 años que han transcurrido desde entonces, después de sufrir una campaña de exterminio que liquidó a la tercera parte de su población, Timor Oriental ha luchado sin descanso por liberarse del yugo indonesio y la semana pasada, con la anuencia de Naciones Unidas, celebró un plebiscito para ratificar su destino como nación independiente, rica en petróleo y situada en una posición estratégica para el tráfico marítimo en aquella región del sureste asiático.
Pero la respuesta de la dictadura de Suharto -sin Suharto, pues el tirano fue depuesto por una revuelta estudiantil en mayo del año pasado, que no liquidó sin embargo su antigua estructura de poder- ha sido tan sanguinaria que el mundo entero la contempla hoy lleno de indignación y desconsuelo: las bandas paramilitares desataron nuevas matanzas en Dili, capital del microscópico país, con el fin de evitar que los votos del referéndum fueran sacados de las urnas y contados por los tribunales competentes.
Los paramilitares que el régimen indonesio ha empleado con total impunidad para ejecutar este crimen en beneficio de sus intereses anexionistas son, al igual que los de Colombia y los de Chiapas -sus hermanos gemelos-, un engendro más de la doctrina de seguridad nacional implantada a mediados de los setenta por el propio Kissinger.
Un origen común. En 1975 Estados Unidos perdió la guerra más larga de su historia ante el ejército popular de Vietnam. El descalabro produjo un terremoto en las entrañas del complejo industrial militar de Washington, cuyos expertos aceleraron la producción de ``antídotos'' para evitar, en el futuro inmediato, la repetición de semejantes desventuras para el imperio. Citando documentos desclasificados del Pentágono, el periodista Darrin Wood ha escrito minuciosos ensayos para explicarnos que la paramilitarización fue concebida como un instrumento auxiliar de los Estados sub-alternos.
En países como México o Colombia, donde la extensión territorial y la profundidad de la miseria hacen insuficiente la capacidad de control interno de los ejércitos nacionales, el paramilitarismo realiza funciones preventivas: ejerce el espionaje para alimentar a los sistemas centrales de ``inteligencia'', actúa como elemento de contención para limitar las actividades insurgentes, contribuye a destruir el tejido social de las comunidades y crea pretextos para que, en el último de los casos, las tropas institucionales intervengan como fuerzas ``de paz'', reprimiendo a diestra y siniestra a las facciones civiles que luchan con las armas.
Bajo esta lógica fueron concebidos -un ejemplo entre cientos- los paramilitares de Colombia: hoy constituyen una fuerza tan grande y dinámica que el propio gobierno central carece ya del poder necesario para manejarla. A la imponente ofensiva militar que las FARC desataron hace unos meses, los paramilitares respondieron con un baño de sangre de proporciones gigantescas, imitando en cierto modo el comportamiento de los paramilitares de Timor.
Esto, en el fondo, es lo que Diódoro Carrasco pretende para Chiapas.
Paramilitares y Semarnap. No todo es pesimismo en lo que a Chiapas concierne. Hasta la semana anterior, tanto el subcomandante Marcos como algunos de los analistas más serios de la guerra en las montañas del sureste coincidían en que el ``gobernador'' Albores Guillén era un simple peón del Ejército. La ``carta abierta'' de Diódoro Carrasco al EZLN puso en claro que la desmesurada presión militar del régimen contra el ejido Morelia en Altamirano y contra las comunidades que gravitan en torno de La Realidad, así como el repentino auge de los paramilitares priístas en ambas zonas, forman parte de una estrategia que -todavía- es desarrollada con la aquiescencia y la supervisión de Los Pinos.
A esta visión contribuyen algunos documentos que la organización ecologista Maderas del Pueblo acaba de suministrar a esta columna. El 17 de agosto, en efecto, ese grupo ambientalista que se ha distinguido por su trabajo en la selva de Los Chimalapas dirigió una carta a Julia Carabias, secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), para reclamarle que en las tareas de reforestación emprendidas por el Ejército en la reserva de Montes Azules, corazón de la selva Lacandona, se estuviesen plantando básicamente árboles de cedro rojo, que suponen el peligro de ocasionar ``plagas monoespecíficas'' que serían devastadoras para muchas otras especies vegetales.
En nombre de Carabias, respondió María Huacuja, vocero oficial de la dependencia, quien señaló que estas labores no aspiraban sino a contrarrestar los efectos de los incendios de 1998 en Montes Azules. Para los expertos de Maderas del Pueblo tal argumento resultó una auténtica falacia, pues allí donde la Secretaría de la Defensa introdujo 7 mil cadetes reforestadores el fuego apocalíptico del año pasado no causó daños. No obstante, los jóvenes militares fueron enviados a cubrir puntos de importancia estratégica para apoyar una eventual ofensiva de guerra contra las comunidades rebeldes. A la luz de estas pruebas queda claro que el Ejército no actúa por la libre en Chiapas: lo acompañan instituciones como Semarnap y Gobernación, a las cuales, quién lo negará, respaldan los paramilitares.
Zedillo no suelta el palacio. El próximo 15 de septiembre, a diferencia de sus antecesores, el presidente Zedillo no irá a Dolores Hidalgo a dar el quinto Grito de Independencia de su sexenio. La ruptura de esta vieja y cortesana tradición sólo puede tener una explicación mezquina. Si el titular del Ejecutivo federal no irá al histórico pueblito de Guanajuato no es debido a la animadversión que siente por Vicente Fox, sino porque le horroriza la idea de cederle el balcón central de Palacio Nacional al jefe del Gobierno del Distrito Federal, como también se acostumbraba, pues no quiere ni de chiste que el Zócalo del próximo miércoles por la noche sea presidido por Cuauhtémoc Cárdenas. Muerto seguramente de risa por la ridícula prevención del Presidente, Cárdenas se prepara a leer su último informe de gobierno el viernes 17, y días después renunciará a su cargo para dedicarse de lleno a su campaña.