CON UNA TENACIDAD digna de mejor causa, y pese a la evidencia pública de que la mayoría de la Cámara de Diputados no la va a aprobar, el secretario de Energía insistió en que si no se aprueba la reforma constitucional para vender a pedacitos la industria eléctrica pública, caerán sobre nosotros las siete plagas. No habrá dinero para educación ni salud. Además, resulta, una vez más, que nos quedaremos a oscuras.

También de nuevo nos dice que es necesaria la participación del sector privado en la generación de electricidad, como si no se hubiera mostrado hasta el cansancio que llevamos ya varios años en los que prácticamente toda la inversión en este campo ha sido privada. En descargo del se-cretario, cabe reconocer que ahora trata de responder a esto, a diferencia de ocasiones anteriores.

El funcionario en cues-tión nos dice que la inversión de la Comisión Fe-deral de Electricidad (CFE) para aumentar la capacidad de generación y transmisión se ha dado mediante distintos mecanismos financieros y no necesariamente con gasto público directo. Pero resulta que las últimas plantas generadoras de electricidad que se han concursado, lo han sido conforme al esquema de productor independiente de energía, o PIE. Y este esquema no involucra, como sí lo involucra el esquema de arrendamiento financiero que se había usado, un endeudamiento como tal. A lo que se obliga la CFE es a comprar energía eléctrica a particulares, a precios muy inferiores que el promedio de venta al público de esa misma energía. Es más, esa reventa es, de hecho, instantánea, porque la electricidad no se almacena en la red de distribución.

El precio de compra pactado en los últimos concursos es de unos tres centavos de dólar por kilowatt-hora. El precio promedio de venta en 1998 fue equivalente a cinco centavos de dólar que, ya con el IVA, suman casi seis. El problema es, en todo caso, que la CFE está asumiendo los riesgos de varia-bles que no dependen de ella.

Un riesgo es el del precio del gas natural que requieren estas nuevas plantas. El precio fluctúa con los del sur de Texas, y ha subido, en 1992 y luego en 1996, a más del doble en unos meses. Su tendencia lineal de largo plazo es ascendente incluso en términos reales. Pero el peor riesgo para la CFE es el cambiario. Una devaluación y se disparan sus pagos por esa energía.

Se dirá que los inversionistas no aceptarían correr ese riesgo y, por lo menos en una serie de casos, eso es cierto. Pero tampoco se vale que se le cargue a la CFE un riesgo del que se exime, por ejemplo, a los banqueros, rescatados de las devaluaciones de 1995 a un costo altísimo para el país. En todo caso, la economía nacional en su conjunto, y especialmente sus áreas estratégicas, como el petróleo y la electricidad, requieren de un fondo que sirva de seguro contra los efectos de las devaluaciones. El manejo de este fondo debiera estar fiscalizado por el Congreso desde su formación, y no sólo ya que pasó el saqueo para ver cuánto de allí se puede todavía salvar, como con el Fobaproa.

La realidad es que el rezago en la capacidad de generación al que hemos llegado no se debe a la falta de reforma, sino a la reforma anterior. No se trata del contenido de esa anterior, sino de los tiempos que se tardó su aplicación, que de hecho no ha concluido, y de que se desmanteló el antiguo sistema de financiamiento ųcon inversión pública en buena medidaų sin tener ya funcionando el sistema derivado de la reforma de 1992. La primera planta que requería de la ley modificada en ese año, Mérida III, se empezó a hacer en 1998, y empezará a generar en el 2000.

Lo mismo se vuelve a plantear hoy. Se descuida incluso el concurso de nuevas plantas; de hecho durante lo que queda de este gobierno, en aras de una reforma que ni siquiera se sabe qué significará o si algún día vaya a salir. Esa actitud oficial sí puede generar un nuevo rezago en la capacidad de generación, dentro de unos años y una vez que las plantas ya concursadas hayan cumplido su papel y sean insuficientes para atender la nueva y creciente demanda. *