Carlos Marichal
La ofensiva neofinanciera
Tras las fiestas patrias, y a lo largo del mes de octubre, la máxima prioridad del gobierno federal consiste en lograr que el Congreso de la Unión apruebe la muy publicitada, pero demorada, reforma bancaria. Para la Secretaría de Hacienda, una derrota en este frente marcaría el principio del ocaso de la política neoliberal, al menos en un terreno fundamental. Por este motivo, las presiones que ya comienzan a ejercer banqueros y tecnócratas sobre la opinión pública serán cada vez más intensas y, en particular, se acentuará el cabildeo entre los diputados de centroderecha.
Es mas, si los tecnócratas consiguen que se forme una alianza entre los representantes del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional en el debate bancario, habrán allanado el camino hacia la aprobación de un presupuesto antipopular, a fines de noviembre, e imposibilitado una coalición entre los partidos opositores al gobierno.
Pero, Ƒcuáles son las prioridades de la reforma bancaria propuesta? Se trata de la aprobación simultánea de la Ley del Banco de México, la Ley de la Comisión Bancaria, la Ley Federal de Garantías y de la nueva Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, dando aliento a los bancos a lanzar una ofensiva en contra de miles de deudores. Por el momento, los banqueros han logrado un importante avance, ya que han convencido a confederaciones de empresarios, como la Concamin, a apoyar su propuesta, amenazando con no darles crédito el año entrante si no se manifiestan a favor de dichas medidas. Dada la actual sequía de recursos internacionales, los industriales se han doblegado ante el chantaje de los bancos, declarando su apoyo a las reformas propuestas.
Más allá de las modificaciones legales, el problema de fondo consiste en saber cómo el gobierno propone llevar a cabo el llamado saneamiento de una banca sumamente ineficiente que, además, está parcialmente quebrada. Hasta ahora se ha logrado, a través de la aprobación de un gigantesco volumen de fondos públicos para el rescate del conjunto de las instituciones financieras. Aún así, es evidente que los bancos intervenidos por el gobierno --Unión, Cremi, Banpaís, Confía y Serfin-- no pueden ser salvados sin nuevas inyecciones de recursos fiscales. Sin embargo, tal procedimiento es igual que tirar dinero a un barril sin fondo, como ya lo ha demostrado la experiencia de los últimos años.
Para enfrentar esta situación insostenible, el gobierno no ofrece una solución clara, pues los tecnócratas no quieren aceptar que se declaren en quiebra formal dichos bancos, en tanto ello pondría en evidencia el fracaso de las políticas financieras. Además, podría perjudicar las negociaciones actualmente en curso con aquellos bancos nacionales e internacionales que están metidos en un proceso de fusiones, que supuestamente solamente dejaría un puñado de bancos fuertes en el país. Así, el gobierno está alentando al Bank of Nova Scotia a tomar un control mayoritario del banco Inverlat, al Citibank, a absorber al banco Confía (a cambio de enormes subsidios), y está intentando que el Hong Kong and Shanghai Bank (HSBC) --uno de los mayores bancos comerciales del mundo-- siga manteniendo su 19 por ciento de acciones en banca Serfin. Al mismo tiempo, está promoviendo alianzas entre otras empresas, esperándose un pronto anuncio de fusión entre Bancomer y Promex y también entre Bital y Banco Atlántico.
El objetivo a mediano plazo consiste en lograr que sobrevivan apenas seis o siete bancos comerciales relativamente fuertes, lo que convertiría a México en uno de los países del mundo con mayor concentración en su sistema bancario. No cabe duda que esa nueva oligarquía financiera tendría un enorme poder sobre el gobierno y la economía: de allí que su consolidación --con apoyos públicos-- constituye una meta indispensable para que los banqueros y sus aliados tecnócratas sigan gobernando en el largo plazo. Falta ver si los legisladores tienen una respuesta a esta renovada ofensiva neofinanciera.