Paulina Fernández
¿Rector, o síndico de la quiebra?
La lentitud con que reacciona el rector ante diversas propuestas de los universitarios, los obstáculos que interpone el Consejo Universitario cada vez que se requiere un diálogo directo con el CGH, la ausencia de iniciativas de la rectoría para intentar solucionar la huelga, y la sospechosa distancia que ha guardado el gobierno federal, abonan el campo de los rumores y fortalecen las hipó- tesis que sostienen que las autoridades universitarias --y detrás, las gubernamentales-- son las más interesadas en mantener cerrada la UNAM sin resolver el conflicto que ellas provocaron.
¿Hasta cuándo? Unos dicen que se pretende prolongar la huelga hasta noviembre, después de la elección del candidato del PRI a la presidencia. Otros dicen que hasta febrero. Hay quien afirma que dejarán llegar la huelga a su primer aniversario, aunque no falta quien opine que si llega abril sin resolverse el conflicto, pues que se prolongue hasta después del 2 de julio del 2000, para no arriesgar las elecciones, y que no haya costo político para quien ejecute la decisión en esas fechas.
¿Para qué? Se trataría de que, en esos meses, se enfrenten y dividan las asambleas y se desgaste el CGH, se agoten la tolerancia y la capacidad de comprensión de todos los universitarios, se desinterese el resto de la sociedad mexicana, se cometan los suficientes actos de irresponsabilidad o de provocación para acumular más cargos contra los ``paristas delincuentes''; en fin, se trataría, por un lado, de crear un ambiente que predisponga el ánimo de la sociedad y de los universitarios, para aceptar una medida represiva, y por el otro lado, se buscaría dejar un escarmiento para esta generación y las venideras.
¿Cómo? Ante la recurrente imposibilidad de transformar a la UNAM mediante decretos --ya que la reacción, resistencia y oposición de la comunidad univer- sitaria lo ha impedido--, ahora el gobierno ensayaría otra vía para desmantelar esa resistencia y esa oposición: cerrar ``la empresa'' simulando su quiebra, reabrirla previa depuración de sus integrantes, habiendo modificado sus normas y relaciones internas, cambiado de dueño o patrón y, por supuesto, de fines y objetivos.
De ser este el caso, el rector de la UNAM habría sido nombrado para desempeñar el papel de síndico de la quiebra, esa figura que Salinas de Gortari hizo famosa al emprender la privatización de todo tipo de empresas públicas. Así, recuperadas las instalaciones por la fuerza, se reiniciarían actividades académicas sin dar marcha atrás en ningun aspecto del proyecto que se tiene sobre (contra) la UNAM. ¿Por qué? Porque el gobierno no está dispuesto a renunciar a su muy peculiar proyecto de nación, mismo que supone imponer a los mexicanos cambios derivados de presiones del BM, recomendaciones de la OCDE y acuerdos en el TLC. Y la única forma concebible para el gobierno de imponer lo que no quiere consultar --ni siquiera informar--, y a la vez evitar la oposición activa, es acabando con ésta.
La UNAM se ha convertido en víctima importante de un proyecto gubernamental que conlleva: 1) asumir como propias las indicaciones del BM sobre política educativa, en el sentido de disminuir el financiamiento y traspasar las responsabilidades del sector público al privado especialmente en el caso de la educación superior; 2) atender las recomendaciones de la OCDE en cuanto a ampliar el abanico de opciones técnicas en detrimento de los estudios de licenciatura de mayor duración, así como respaldar al Ceneval y, 3) ajustar --entre otros muchos asuntos-- normas y criterios sobre prestadores de servicios profesionales en los países integrantes del TLC, y que en México se ha entendido como subordinación a lo existente en Estados Unidos, en relación con títulos y cédulas profesionales, en aspectos tales como acreditación de escuelas o de programas académicos; exámenes para la obtención de licencias; duración y naturaleza de la experiencia requerida para obtener una licencia; normas de conducta profesional y medidas disciplinarias; educación continua y requisitos para conservar el certificado profesional.
Evitar la quiebra real o simulada de la UNAM supone renunciar a la pretensión de prolongar indefinidamente el conflicto sin ofrecer solución, y a la vez exige permitir que todos los sectores integrantes de la comunidad universitaria puedan participar en la discusión y definición del destino de la Universidad.