La huelga en la UNAM ha contribuido a poner en evidencia al grupo gobernante, y no sólo ha mostrado al descubierto las políticas que se pretende mantener en los próximos seis años, sino también cuál va a ser la forma de ejercicio del poder de lograrse imponer a Francisco Labastida en la silla presidencial.
1. El proyecto oficial de privatizar a la UNAM fue puesto al descubierto por el movimiento estudiantil, y ahora el rector Francisco Barnés no puede ya ocultar que se está negando a dialogar con los estudiantes, con el propósito abierto de prolongar la huelga, a fin de aprovecharla para seguir desmantelando a la universidad pública más importante de América Latina; buscando empequeñecerla y dividirla, quitarle su rango nacional y abandonarla a las fuerzas del mercado; pretendiendo destruir, en suma, lo que ha sido como proyecto histórico.
2. La discusión del futuro de la UNAM por los universitarios (académicos, estudiantes y trabajadores) en un congreso resolutivo, que a todas luces sería legal y legítimo como el de 1990, constituye una demanda central del pliego estudiantil a la que no puede oponerse ningún argumento de peso, y por eso es sorprendente la necedad de las autoridades de seguir impidiendo este evento, aun cuando sea a costa de mantener cerrada a la universidad.
3. El costo que está teniendo para la UNAM el hecho de que el rector Barnés mantenga tal postura de intransigencia ante el conflicto, es sin embargo enorme, y no entraña solamente la privación de clases para cientos de miles de estudiantes, sino también la que es ya una casi absoluta pérdida de legitimidad de los órganos de gobierno de la universidad. El descrédito que ha alcanzado el rector por sus decisiones equivocadas, que ha impuesto de manera autoritaria asumiéndose como un representante del gobierno ante la comunidad universitaria, ha conllevado el desplome de la credibilidad del Consejo Universitario y de los cuerpos colegiados, de la Junta de Gobierno y del Patronato, e incluso de los directores, que aparecen como instancias incapaces de afrontar su papel institucional, por habérseles relegado al papel de instrumentos de la rectoría. Y no porque en el pasado reciente no lo hayan sido, sino porque nunca antes se había llegado a tal grado de irresponsabilidad.
4. ¿Qué credibilidad puede tener el Consejo Universitario tras las sesiones del 6 y del 14 de septiembre, en las que aprobó a) un diálogo con los estudiantes que no puede ser diálogo, pues no debe discutir el pliego del CGH, sino el de los ``eméritos'' (que hasta donde se sabe no están en huelga) y b) el principio de que la rectoría decide cómo debe configurarse la representación estudiantil?
5. El Consejo Universitario, como se sabe, no puede ser una instancia representativa ni un contrapeso al rector de la UNAM como consecuencia de las fallas de la Ley Orgánica de 1944, que lo integra con los directores y hace que lo presida el propio rector (artículos 7 y 8), pero aun así nunca antes éste había actuado de manera tan indigna como en 1999, sin que sus miembros parezcan percatarse de su responsabilidad histórica por lo que está aconteciendo.
6. ¿Qué se pensaría de un régimen político en el que la Cámara de Diputados estuviese presidida por el Presidente de la República, quien contase con una mayoría nombrada por él mismo, se arrogara el derecho de ensayar la víspera las sesiones y tuviese además el tupé de regañar a los legisladores sin que éstos le respondieran?
7. La UNAM no tiene instancias de vida democrática, y esa es una de las evidencias del movimiento estudiantil. El desastre de la sesión del 14 de septiembre, en la que 40 consejeros abandonaron el salón de sesiones, no es más que una consecuencia del despotismo con el que se maneja a la institución. Al rector, que cuenta con una mayoría mecánica, en este contexto de crisis no le interesa el apoyo de aquellos de sus subordinados que tienen un punto de vista ligeramente distinto al suyo, y a quienes no tiene el tiempo de escuchar siquiera. Como tampoco a sus aliados, los estudiantes y profesores que las propias autoridades bautizaron como ``moderados'' por anteponer los intereses políticos a los principios.
8. El conflicto universitario se ha enfrentado por las autoridades de manera muy similar a la situación en Chiapas, porque la política oficial ha estado diseñada y conducida por la misma mano. Hay una estrategia de desgaste, una negativa al diálogo, una campaña permanente en los medios: el ``estilo personal de gobernar'' de Labastida para el 2000.
9. La realidad de lo que acontece parece importar poco a la rectoría, porque al contar con todo el aparato de (des) información del Estado, cree que a través de los medios se puede manipular a los mexicanos. Lo importante no es para las autoridades de la UNAM lo que acontece, sino lo que los medios dicen, aunque tras cinco meses de difamación a los estudiantes deberían pensar que no les está dando resultado.
10. A nadie pudo extrañar por consiguiente que un individuo tan descalificado como Guillermo Ortega, quien fuera el ``patiño'' de Carlos Salinas en la campaña de 1988, pudiese mentir como lo hizo en el noticiero del canal 2 del martes 14 y no se le cancelara la credencial de locutor ni se sancionase a la estación. Ortega abrió la emisión acusando a los cuatro campesinos zapatistas de Amador Hernández y San José La Esperanza que vinieron a la capital de traer un importante acopio de armas para los huelguistas de la UNAM, y todavía se sonrió con cinismo, sabiendo de su impunidad.
La realidad sin embargo es otra, y el movimiento estudiantil está ahí.