DERECHOS HUMANOS: NUEVAS AMENAZAS
En fechas recientes, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y destacadamente su responsable jurídica, la abogada Digna Ochoa, han sido objeto de graves y condenables amenazas. Ayer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) urgió a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que refuercen las investigaciones en torno de tales amagos.
El segundo hecho es positivo y esperanzador, en la medida en que tiende a fortalecer una relación de primera importancia entre el organismo oficial de protección de los derechos humanos y las entidades civiles que trabajan en ese ámbito.
En cuanto al primero, las advertencias delictivas contra el Pro Juárez son, como cualquier amenaza, un delito que debe ser investigado, perseguido y sancionado. Pero, más allá de los estrictos términos jurídicos, constituyen una agresión doblemente repudiable, por cuanto busca obstruir el trabajo de quienes, desde la sociedad civil, promueven y defienden los derechos humanos, y es obvio que tal ensayo de intimidación tiene por objeto mantener el margen de impunidad de servidores públicos temerosos de ser descubiertos, investigados y castigados por abusos de poder ya cometidos.
Si la preservación de las garantías individuales ha de ser consustancial al verdadero Estado de derecho y una de sus premisas fundamentales, resulta especialmente necesario asegurar la protección de las autoridades a quienes, desde las organizaciones civiles, se empeñan en evitar que tales garantías sean violadas o, cuando lo han sido, en procurar que los agresores permanezcan impunes.
Cabe esperar, por tanto, que la SSP y la PGJDF atiendan la demanda de la CNDH a la brevedad, realicen las acciones preventivas pertinentes para impedir una eventual agresión a cualquier integrante de la organización no gubernamental referida, investiguen y establezcan el origen de las amenazas, y presenten al o los autores ante las autoridades judiciales correspondientes.