n El reciente comunicado de Marcos no lo es: Rabasa
Espera el gobierno federal la respuesta a su "carta abierta"
n El reposicionamiento de tropas no estaba en las 5 condiciones: Segob
n El EZLN enviará una contestación "congruente", confía el negociador
José Gil Olmos n El gobierno federal no consideró como una respuesta a su iniciativa de paz enviada el pasado 7 de septiembre al EZLN el reciente comunicado del subcomandante Marcos, en que señala que el gobierno "no suelta el micrófono", y todos los días hace modificaciones a su "carta abierta", en la cual propone el reinicio de las negociaciones interrumpidas hace tres años.
"Estamos esperando una respuesta", aseguró el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano. "Es un acuse de recibo, es un aviso de que darán una respuesta, pero con tiempo", estimó a su vez Emilio Rabasa, coordinador del dialogo para la negociación en Chiapas.
Entrevistados durante el izamiento a media asta de la bandera nacional colocada en la Plaza de la Constitución, en el marco de la conmemoración número 14 de los sismos de 1985, ambos funcionarios rechazaron la exigencia del retiro de tropas militares de la zona de conflicto, ya que éste sería un punto de discusión una vez que se reinicie el dialogo, precisó el secretario de Gobernación.
Carrasco Altamirano incluso señaló que el EZLN no estableció el reposicionamiento de las tropas como parte de las cinco condiciones para regresar a la mesa de negociación. Reiteró que es un tema que debe abordarse bilateralmente, que "no puede discutirse en tanto no se establezca un mecanismo formal que posibilite entrar a ese y a otros asuntos que tienen que ver con Chiapas".
Recapitulando las condiciones
difundidas en septiembre de 96
Las cinco condiciones del EZLN dadas a conocer el 3 de septiembre del 96 cuando rompió el dialogo son: liberación de los presuntos zapatistas presos y de las bases de apoyo en el norte de Chiapas; presencia de un interlocutor gubernamental con capacidad de decisión, voluntad política de negociación y respeto a la delegación zapatista; instalación de la Comisión de Seguimiento y Verificación (Cosever) y cumplimiento de los acuerdos de la Mesa 1 sobre derechos y cultura indígenas; propuestas serias y concretas para la Mesa 2 sobre democracia y justicia; compromiso de lograr acuerdos en este tema; fin al clima de represión y hostigamiento militar y policiaco contra los indígenas chiapanecos y desparición de las guardias blancas o una ley que los reconozca institucionalmente y los uniforme para que no operen impunemente.
En cuanto al comunicado de Marcos confió en que el EZLN mandará una respuesta "congruente" con la disposición y voluntad política, pero sobre todo, "que sea dentro de la legalidad, a través del diálogo y con un amplio espíritu de tolerancia", a fin de hallar consensos necesarios conducentes a la resolución del conflicto.
"No enrarece" el clima prelectoral la
falta de diálogo en Chiapas y la UNAM
A pregunta expresa, descartó que la falta de diálogo en los conflictos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de Chiapas puedan enrarecer el clima político previo a las elecciones federales del año 2000. En el caso del conflicto chiapaneco, dijo que el gobierno busca los caminos políticos para resolverlo.
Por su parte, Emilio Rabasa interpretó el comunicado de Marcos como un "aviso" o un adelanto de la respuesta que puede dar el EZLN tomando en cuenta que se requiere tiempo para responder a la "Carta Abierta", aseguró.
--Pero el tiempo indígena es muy largo, y al final de cuentas vamos a llegar a las elecciones.
--Creo que ellos mismos también están muy concientes de la necesidad de resolver el conflicto, que está afectando a comunidades, sobre todo a las de bases zapatistas. Creo que es factible armonizar esto que usted llama el tiempo indígena con el tiempo no indígena, y se puede, por lo tanto, encontrar un espacio de tiempo común a los dos para solucionar el conflicto-- respondió Rabasa.
En cuanto a la presencia de los zapatistas el pasado 15 para dar el grito de Independencia en Ciudad Universitaria, el funcionario consideró que hicieron uso de sus derechos constitucionales de libre tránsito y expresión.