n Si hay acuerdo no se reformaría la Constitución
Propone el SME invertir en nuevo equipo para Luz y Fuerza
n La privatización impulsa la formación de una oligarquía,dice
Elizabeth Velasco n El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) presentará mañana los rasgos generales de su propuesta para restructurar a la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC), y sentar las bases de su modernización sin que sea necesaria la reforma constitucional, anticipó el secretario del Exterior del Comité Central del SME, Ramón Pacheco Llanés.
La propuesta, dada a conocer a los directivos de LFC con quienes en tres semanas empezaría a negociar el SME, señala la necesidad de invertir recursos en nuevo equipo tecnológico, pues el actual es de principios de siglo; revisar las actuales condiciones financieras y la estructura tarifaria de la empresa --que desde hace más de 20 años está sometida a un esquema descapitalizador--, así como evaluar los procedimientos de trabajo y proceder a la reubicación laboral --no liquidación-- de 34 mil trabajadores activos, adelantó Pacheco Llanés a La Jornada.
''La empresa ha visto con buenos ojos nuestra iniciativa y, de haber un acuerdo entre LFC y el SME --lo cual es muy posible--, sería innecesaria la reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales propuesta por el Ejecutivo federal'', destacó.
La presentación del proyecto alterno del SME se llevará a cabo dentro del marco del Seminario Internacional Análisis del Impacto de las Privatizaciones Eléctricas en el Mundo, que inicia este lunes, y al cual asisten especialistas de todo el mundo que cuestionan la privatización porque impulsa, más que una economía de mercado, una ''oligarquía en ciernes'', según la experiencia de Inglaterra y otras naciones.
Con el seminario, dijo Pacheco Llanes, ''aportaremos nuevos elementos a quienes tienen en sus manos la posibilidad de aprobar la iniciativa del Ejecutivo'', y en el marco del encuentro ''daremos a conocer la propuesta concreta del SME y los resultados de las conversaciones que sobre el tema hemos tenido con la empresa''.
En tanto, el diputado de la bancada obrera del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Luis Acosta, dijo que las reformas para abrir la industria eléctrica al capital privado no se darían este año, debido a las previsibles implicaciones políticas que tendrían para su partido en los comicios del 2000.
''El presidente Ernesto Zedillo insiste en que la apertura del sector eléctrico sea un asunto sometido a debate. Los actuales no son tiempos adecuados para la reforma, pues de concretarse habría costos políticos adicionales, aun cuando se dice que se garantizarían los derechos de los trabajadores y las fuentes de empleo'', afirmó Pacheco.
No obstante, los trabajadores no descartan que en algún momento la iniciativa del Ejecutivo se discuta en este periodo ordinario de sesiones. En caso de ser así, el Frente Nacional de Resistencia en Contra de la Privatización de la Industria Eléctrica, encabezado por el SME, convocaría a una asamblea para definir una eventual etapa de movilizaciones, adelantó Pacheco, y remarcó:
''Nuestra postura de rechazo a la iniciativa de reformas a los artículos 27 y 28 constitucionales, sigue firme. Sin embargo, los trabajadores estamos dispuestos a avanzar con propuestas viables y razonables; por ello, nuestro interés en que haya un acuerdo entre empresa y sindicato, a partir de nuestro proyecto de modernización'', dijo.
La iniciativa del SME, dijo, ''busca reestructurar y modernizar, en términos generales, a la empresa, para así dar respuesta rápida a los consumidores. Para ello planteamos que la inversión para adquirir tecnología de punta se lleve a cabo en un proceso de largo plazo, que iniciaría en forma inmediata con las revisiones de los convenios que más inciden en los procesos productivos'', detalló Pacheco.
El costo de la revisión de los convenios, agregó, sería absorbido mediante los presupuestos que anualmente se otorgan a LFC, en tanto que los trabajadores ''estaríamos dispuestos a empezar en forma inmediata el proceso de reconversión, a fin de que en unas tres o cuatro semanas ya estemos trabajando sobre el proyecto''.
La reestructuración general de la empresa, prosiguió, no implicaría ajuste de personal, sino su reubicación, principalmente en áreas donde se ha concentrado sin que se le requiera.
Asimismo, tendrían que revisarse las políticas gubernamentales de los últimos años que han llevado al empobrecimiento de la empresa, destacó.
Al respecto, José Antonio Almazán, miembro del SME y especialista en la materia, explicó que en los últimos cinco años como organismo descentralizado, a LFC se le ha impedido crecer en capacidad de generación y se le han negado los recursos de capital necesarios para dar mantenimiento a su planta de generación. También se le ha obligado a sostener una ''dependencia casi absoluta de la energía comprada en bloque y al precio impuesto'' por la Compañía Federal de Electricidad, lo cual ha traído que a la vieja deuda de 21 mil 476 millones de pesos se le sume una nueva de 2 mil 91 millones de pesos y que, en conjunto, representan el 59 por ciento del valor total de sus activos.
''Este es el mismo esquema descapitalizador que el gobierno federal aplicó a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro a lo largo de casi 24 años'', finalizó.