Ť Presenta propuesta para combatir el crimen

Aumentaría Labastida $10 mil millones para seguridad pública

José Gil Olmos Ť Al presentar su propuesta sobre seguridad pública, Francisco Labastida Ochoa dijo que, de ganar la Presidencia de la República, aumentaría 10 mil millones de pesos a los recursos federales ųactualmente el presupuesto es de 7 mil 200 millones de pesosų, se contrataría a 25 mil policías judiciales nuevos y propondría la creación de una secretaría de seguridad pública y la ampliación de 10 mil espacios en las cárceles para los reos del fuero federal, entre otras acciones.

Sostuvo que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado deben ser "dos grandes prioridades", y por ello convocó a los especialistas a trabajar sobre "leyes más duras" para combatir "en una guerra total" a esas dos amenazas.

Acabar con la impunidad es la clave para reducir la criminalidad: "Que nadie esté por encima de la ley, independientemente de su poder económico y político", aseveró en un acto al que invitó al ex presidente de la Suprema Corte de Justicia Agustín Téllez Cruces, al ex subprocurador de la PGR José Elías Romero Apis y a representantes de asociaciones de abogados.

Dijo que es necesario que iglesias, empresarios, medios informativos y los tres poderes de gobierno se unan para combatir la violencia, el crimen, la inseguridad y el narcotráfico. Sin embargo, reconoció que la seguridad pública es "responsabilidad ineludible del Estado", y advirtió que si no hay leyes adecuadas y una expedita procuración de justicia, se debilita la confianza en la nación y sus instituciones.

Propuso que los delincuentes sentenciados queden obligados a trabajar como parte de su proceso de readaptación. "No es posible actuar con tibieza, cuando la gente demanda acciones eficientes, sin dilación ni pretextos, en contra de la delincuencia. No le temo. Siempre la he atacado de frente. En el futuro no va a ser distinto".

Su propuesta partió del reconocimiento del problema de la impunidad: de 1 millón 500 mil delitos cometidos, sólo 80 mil presuntos responsables fueron puestos a consideración de los jueces y cerca de 30 mil ingresaron en las cárceles, con lo cual quedó sin castigo la mayor parte de los robos, asaltos con violencia, homicidios, secuestros, asaltos bancarios y "muchos delitos de personas económica y políticamente poderosas".