Como todos los meses desde que estalló la crisis bancaria, la información al mes de agosto documenta una contracción del financiamiento canalizado por la banca comercial al sector privado de 19.9 por ciento, en términos reales. Al mismo tiempo, el comportamiento de la captación mostró un ligero crecimiento de 2 por ciento real que, según los datos publicados por Banco de México, confirman una tendencia de mediano y largo plazo a la recuperación.

De entrada, los dos resultados observados parecen contradictorios, ya que si la función de los bancos es captar recursos para prestarlos, ¿cómo es posible que aumente la captación, al mismo tiempo que se reduce el financiamiento? La respuesta es simple: los bancos dejaron, hace tiempo, de cumplir con su función de intermediación entre el ahorro y el crédito, la que es fundamental para el crecimiento del país.

Cuando se debatía el Fobaproa, los voceros oficiales y oficios del gobierno repetían con insistencia la idea de que el ``rescate bancario'' era indispensable para evitar un proceso de desintermediación financiera que podría resultar muy costoso para la economía nacional. Lo que se expresaba era que de no haber impedido la quiebra generalizada de los bancos, el ahorro hubiera dejado de canalizarse a los bancos, cortando la capacidad del sistema financiero para ofrecer crédito a los usuarios.

El gobierno instrumentó el ``salvamento'' como quiso, con los ritmos y mecánicas que le pareció adecuado establecer, aplicando criterios discrecionales a la manera tradicional de hacer las cosas, es decir al estilo priísta, sin consultar a nadie, premiando y castigando a quien le vino en gana y, sin embargo, no logró impedir la quiebra de varias instituciones (Unión, Cremi, Obrero, Banpaís, Oriente, Banco del Centro, Bancrecer, Confía, Serfin, entre las privatizadas), ni lo verdaderamente central: evitar que el flujo crediticio se detuviera.

La crisis y la manera en que el gobierno decidió actuar, han conducido a la ruptura del proceso de intermediación, de modo que el crédito día a día se reduce; el ahorro nacional no se utiliza para financiar proyectos de inversión, sino en el mercado secundario de dinero, con el propósito de generar utilidades a partir de la tenencia de papeles que resultan rentables. Los bancos han pasado de ser instituciones de ahorro y crédito, a instituciones que captan recursos para especular, al margen de la vida productiva.

Mucho ha contribuido a esta orientación especulativa, la política monetaria aplicada por el banco central. La restricción monetaria, a través de la aplicación de cortos, instrumentada como respuesta a los ``choques inflacionarios'' provenientes de la inestabilidad financiera internacional, se ha mantenido pese a que en este año estos ``choques'' no se han presentado, ni tampoco se han observado presiones inflacionarias que generen expectativas de ``burbujas'' que alteren los resultados esperados en el crecimiento de los precios.

La política monetaria actúa retirando dinero del mercado, lo que provoca un incremento inmediato en el costo del dinero, mismo que se transmite al precio del crédito, complicando que los deudores puedan dar cabal cumplimiento a sus obligaciones de pago y desestimulando a los potenciales solicitantes de crédito.

Esto conduce a que los bancos inviertan sus recursos en papel y no en crédito, inversiones que no requieren constituir reservas preventivas, como en el caso del crédito, lo que las hace más baratas, ni involucran riesgos en la operación.

De esta manera, mientras el costo del dinero se mantenga en niveles altos, el crédito seguirá contrayéndose, aunque pudiera aprobarse la nueva ley que regulará las quiebras, facilitando que los bancos puedan quedarse con las garantías, en el caso en que un crédito deje de pagarse. Aún con este nuevo ordenamiento legal, la restricción monetaria seguirá castigando a los deudores, provocando que los bancos se mantengan buscando utilidades en las operaciones de sus Mesas de Dinero, sin importar las implicaciones para el futuro del país.

Así las cosas, el punto central para que el crédito se recupere sigue siendo, ni más ni menos, el diseño neoliberal de un sistema financiero que puede vivir sin dar un sólo crédito, lo que resulta, además, compatible con una política monetaria que se ocupa solamente del control de la inflación. Por eso, no se trata sólo de hacer más estrictas las reglas para el registro del capital de los bancos, sino, y sobre todo, modificar la legislación para hacer obligatorio que los bancos canalicen al crédito un porcentaje definido de su captación. De otro modo, volveremos a vivir crisis bancarias provocadas por una explosión irresponsable del crédito, seguidas de largas épocas sin crédito; todo ``regulado'' por el mercado y por los intereses de los banqueros que, como se ve, se alejan del verdadero interés nacional.