COMUNICADO No. 17
La educación en el V Informe de Gobierno
(segunda y última)
n Omisión y ambigüedad sobre la UNAM
n En nivel superior: impulso a opciones tecnológicas y privadas n Retrasos en el marco jurídico de ciencia y tecnología
En nuestra entrega anterior comentamos algunos de los factores que permiten ponderar las cifras del gasto educativo presentadas en el informe, y el capítulo relacionado con la educación básica. Ahora, para completar un balance del documento del Ejecutivo Federal, nos ocupamos de los niveles educativos restantes y del apartado de ciencia y tecnología.
En torno a la educación superior, el mensaje del Presidente sólo señaló dos aspectos: el primero, de orden cuantitativo, refiere que en el ciclo educativo que acaba de iniciar (según datos estimados), dos millones de alumnos cursan este nivel educativo, 520 mil más que al inicio de su gobierno; ello habría resultado, como lo señaló el Presidente, del esfuerzo de haber pasado en cinco años de 120 a 161 institutos tecnológicos, y de 7 a 38 universidades tecnológicas. El segundo, de orden cualitativo, enuncia los programas que el Gobierno Federal ha puesto en marcha para apoyar a las universidades públicas. Hasta ahí la mención en el mensaje. De la UNAM nada de manera directa, si bien en su alocución habló de la tolerancia, en referencia a la situación por la que pasa.
Logros debidos a la educación
privada y tecnológica
El alcance anticipado de la meta gubernamental de llegar a 1.8 millones de estudiantes en educación superior para fines del año 2000 ha sido posible por la expansión de la oferta de educación tecnológica y privada. En los últimos cinco años (ciclos 1994/95 y 1998/99) --tal como se desprende de los datos presentados en los anexos del Informe-- la matrícula de educación universitaria, sin incluir posgrado, aumentó 7 por ciento, en tanto la tecnológica 86 por ciento; ello significó que en los primeros cinco años de gobierno hayamos tenido poco más de 63 mil alumnos más en las universidades y 236 mil más en las instituciones tecnológicas, y que de cada 100 estudiantes nuevos, 56 se hayan matriculado en tecnológicos o universidades tecnológicas y 15 en universidades (el resto se reparte entre educación normal y posgrado). Por otra parte, mientras la matrícula pública creció 20 por ciento, la privada lo hizo a un ritmo tres veces mayor. Ello hace que de cada 100 estudiantes, 72 estén inscritos en instituciones públicas y 28 en privadas, mientras que al inicio del actual gobierno lo hacían 78 y 22 respectivamente.
Ambos rasgos del crecimiento traslucen las prioridades que la actual administración ha otorgado a la educación superior del país: fomento a la educación tecnológica y a las carreras de dos años que forman técnicos superiores universitarios, y creciente participación de la educación privada en el conjunto, no sólo en la matrícula atendida, sino en el número de instituciones (52 por ciento de escuelas de nivel superior se reportan como privadas). Sin embargo, no es claro cómo estas prioridades se articulan a un proyecto de desarrollo integral de la educación superior del país en el que tengan cabida otras modalidades y niveles, particularmente los que se desarrollan en las universidades públicas, las que, en el mensaje leído y en el texto del Informe recibieron una atención secundaria.
En el Informe poco se dice del desarrollo académico de la educación superior; se enuncian generalidades relativas a procesos de transformación cualitativa de las universidades públicas y se presentan datos agregados sobre los principales programas en operación para el apoyo a las instituciones públicas (de mejoramiento del profesorado, estímulos al desempeño, para la modernización de la infraestructura, y evaluación). Las ausencias son notorias en lo que hace al desarrollo cualitativo de las instituciones de control federal y el impacto de los programas de la SEP en el mejoramiento de la calidad educativa. El tono triunfalista del informe impide desprender de él elementos para una reflexión responsable de lo que aún falta por hacer o de las insuficiencias de algunas estrategias aplicadas, que en otros comunicados hemos señalado (financiamiento a la educación superior y universi- dades tecnológicas).
Esta sección del informe concluye con una alusión imprecisa sobre la UNAM: "En el marco de la ley, y con entero respeto a la autonomía de la Universidad Nacional, el Gobierno Federal ha coadyuvado a buscar una solución al conflicto actual, si bien ésta debe ser impulsada por la propia comunidad universitaria". Cabe preguntarse en qué ha consistido d
icha labor de coadyuvancia, que al menos no ha sido visible para la ciudadanía en estos cinco meses de paro estudiantil.
Cambios tardíos en
ciencia y tecnología
En este rubro, el informe destaca fundamentalmente los cambios normativos e indicadores que expresarían los avances en el periodo. En el primer caso se señalan las cuatro reformas realizadas en el año presente: la nueva Ley de Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica; los cambios a la Ley de Creación del Conacyt; las Reglas Generales para la Aplicación del Estímulo Fiscal a la Investigación y Desarrollo de Tecnología, y la reforma del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Los cambios normativos realizados son importantes. Sin embargo, son iniciativas que han llegado tardíamente: la mayor parte de los problemas que intentan resolver fueron reconocidos en el programa sectorial desde 1995, y sólo hasta el año presente, cuando está por concluir la gestión, se intenta dar una respuesta. Por ejemplo, al inicio de la actual administración se reconocía que una de las mayores dificultades para impulsar el desarrollo científico en el país era la escasa o nula coordinación y comunicación entre las distintas entidades gubernamentales que participan de la actividad --principal deficiencia que la nueva Ley intenta subsanar--, pero es hasta hoy cuando se busca solución; o bien, la intención expresada al inicio del periodo gubernamental de que sería "oportuno revisar" los métodos de evaluación del SNI, reforma que no quedó concluida sino hasta abril de este año.
Los cambios normativos no necesariamente se traducen en lo que manifiestan las intenciones. Por un lado, habrá que aguardar a la plena puesta en marcha de las reformas, dado que a la fecha todavía hay aspectos de los que no se tiene noticia, como sería el caso de la instauración de fondos de financiamiento y el Foro Permanente en Ciencia y Tecnología previstos en la nueva Ley, o los nuevos procedimientos de valoración y el funcionamiento del recurso de inconformidad en el SNI. Por otro, restará por saber si los cambios producen los resultados esperados o, por el contrario, son más bien un obstáculo para el desarrollo científico. Sin embargo, por la lentitud mostrada, los efectos no se conocerán sino en la siguiente administración.
Las cifras del Informe enfatizan el mayor tamaño del sistema de ciencia y tecnología en comparación con el inicio del periodo: incremento en los montos financieros, más apoyos para la formación de recursos humanos, creciente número de investigadores, más proyectos de investigación, etcétera.
Sin embargo, en México la planta de personal dedicado a las actividades científicas y tecnológicas sigue siendo sumamente limitada. La oferta de científicos e ingenieros por cada 10 mil habitantes es de 376.4, mientras que en el hemisferio norte ese indicador oscila entre 563.8 y 1186.8, y en los países de la OCDE el promedio es de 744.8.
En el número de investigadores reconocidos en el SNI, uno de los indicadores que expresarían el crecimiento efectivo de la planta científica en el país, se destaca que la cifra estimada para este año es de 7 mil 079 investigadores. Es decir, en números absolutos, a lo largo del periodo solamente se han incorporado mil 200 investigadores (133 por año), crecimiento más bien modesto e insuficiente.
Lo más notable es que todas las categorías de investigador (candidatos, nivel I, II y III) se incrementan en el último año. Es posible que tal tendencia se presentara en el caso de los niveles I, II y III, pero es muy extraño e improbable para los candidatos, puesto que estos últimos han mantenido una tendencia descendente a lo largo del periodo debido al incremento en los requisitos de ingreso, y que no se modificaron con la última reforma (ver Comunicado No.11). Preferible es que se trate de un equívoco, susceptible de enmen- darse --puesto que se trata de cifras estimadas-- y no de un afán por mostrar a toda costa un incremento en los indicadores.
Interrogantes
La visión optimista sobre la educación que traza el Ejecutivo Federal en su penúltimo Informe de Gobierno, no corresponde con la situación que prevalece; persisten graves problemas, y existen serias dudas sobre la pertinencia del modelo que se ha adoptado.
n ƑPor qué los Informes de gobierno no incorporan una postura autocrítica y presentan un balance equilibrado de su desempeño, en donde aparezcan logros, pero también las dificultades y las tareas pendientes?
n ƑPor qué los datos que presenta el Informe no retoman los referentes que el propio gobierno estableció en su programa sectorial al iniciar su gestión y permite una apreciación cualitativa de los avances?
n Desde la perspectiva del Gobierno Federal Ƒcuál es el perfil de la educación a futuro, y qué participación se tiene prevista de los sectores público y privado?
n ƑEl actual conflicto de la UNAM no merecía en el informe mayor atención, sin por ello violentar su carácter autónomo?
ƑQUIENES SOMOS?
Somos un grupo de ciudadanos comprometidos con el desarrollo de la educación nacional, interesados en la observación crítica de las políticas gubernamentales en este campo, y que buscamos contribuir a solucionar los graves problemas educativos del país. Observatorio espera que las autoridades respondan a sus preguntas y cuestinamientos, y ofrece la publicación de sus respuestas en este espacio.
Todos los ciudadanos están cordialmente invitados a sumarse a nuestra iniciativa. Favor de enviar sus nombres, con sus datos de localización e identificación a La Jornada, Observatorio Ciudadano de la Educación, Apdo. Postal 20-2432, San Angel, Méx. D.F.. CP 01001, Fax 6227579 y correo electrónico: [email protected].
Nuestros comunicados aparecen el segundo y cuarto viernes de cada mes en este espacio periodístico; se pueden reproducir en cualquier medio indicando su procedencia.
Visítenos en
http://www.observatorio.org
Grupo de redacción (en orden alfabético): Alejandro Canales, María de Ibarrola, Pablo Latapí Sarre, Felipe Martínez Rizo, Javier Mendoza, Carlos Muñoz Izquierdo, Elsie Rockwell, Roberto Rodríguez y Lorenza Villa Lever.
Otros integrantes: 209 firmas de 29 entidades federativas. Véanse en la página de Observatorio en internet.
Próximo tema:
n Educación
y desempleo