Hay un evidente desencuentro entre las políticas de estabilización económica que aplican en banco central y la secretaría de Hacienda y el comportamiento general del sistema económico. La estabilidad puede ser una condición para mejorar la eficiencia agregada del sistema, pero de ninguna manera es suficiente. En eso reside no solo la falta de técnica del programa económico sino, también, su miopía política.

Hoy, el discurso oficial está asentado en la estabilidad de las principales variables financieras, pero hay toda una serie de cuestiones que contradicen de manera constante el significado de ese escenario. Esa estabilidad puede ser precaria, como ocurrió ya en el primer semestre de 1997, y ocurre en un marco en el que prevalece la incertidumbre. La estabilidad actual está marcada por el objetivo principal del gobierno que es evitar una crisis de fin de sexenio. Como propósito no es malo, por supuesto, pero indica su propia limitación en un entorno en que las condiciones que rodean a la estabilidad de los precios, de los intereses y del tipo de cambio no están soportadas de manera firme por el desempeño general del sistema productivo, financiero e institucional.

La reducción de la inflación que se ha observado en los últimos meses no ha conseguido bajar las tasas de interés más allá del piso de casi 20 por ciento que han tenido durante todo este sexenio. Con ello se han ampliado los rendimientos reales de las inversiones hasta llegar a casi 13 por ciento. Este proceso está sostenido por la estabilidad cambiaria que proviene, no tanto de la entrada de capitales del exterior, sino en la fuerte restricción monetaria y crediticia definida por el programa monetario del Banco de México. Ahora, con un régimen de tipo de cambio flexible, la paridad con el dólar vuelve a ser el elemento que ancla la estabilidad de los precios. La tendencia es a crear una situación que se parece de nuevo a la experiencia de 1994 con la sobrevaluación, aunque en un marco de mayor contención de la cantidad total de dinero en la economía.

La gestión de la crisis bancaria sigue siendo un asunto que genera grandes distorsiones e ineficiencias en la asignación de los recursos. A cinco años de aplicar enormes recursos económicos a los bancos, ellos son insuficientes en términos cuantitativos y, también, en cuanto a su capacidad de fortalecer la estructura contable y la calidad financiera de las instituciones. La reciente emisión de las reglas para la capitalización de los bancos pone de manifiesto la ficción contable que ha representado la gestión del Fobaproa primero y ahora del mismo IPAB. La calidad del capital, dice Hacienda, no sirve y es necesario rehacer su composición para que los bancos puedan funcionar.

Al tiempo que se plantea la fragilidad del capital de los bancos, se conoce la necesidad de disponer de una partida presupuestal para el año 2000 de alrededor de 45 mil millones de pesos para pagar los intereses de los pagarés que el Fobaproa dio a los bancos como parte del plan de salvamento instrumentado en 1995. Esta cantidad equivale a 1 por ciento del PIB y, sólo para ponerlo en perspectiva, corresponde a una cuarta parte de lo que podría destinarse a la educación (4 por ciento del PIB) y siendo esta última, según se dice, una de las grandes prioridades nacionales.

La cuenta del rescate bancario no está registrada en ninguna parte y puede llegar a ser hasta ahora del orden de 100 mil millones de dólares. De lo que se trata es de administrar esta enorme deuda, de modo que año tras año se asignen en el presupuesto federal los recursos suficientes para pagar los intereses que devenga, mientras se intenta liquidar una parte (que se ha estimado cuando mucho en 30 por ciento, aunque no hay nada que sustente esta apreciación). Así, se ha creado una nueva ficción para administrar la deuda creada por la quiebra de los bancos, una empresa liquidadora de deuda y cuyos costos aparecen en el presupuesto y de los cuales nos enteramos de facto cuando Hacienda solicita al Congreso dicha partida. Esta ficción es como si en Hacienda existiera una oficina contigua, separada por un biombo para evitar el contacto, y que administra una parte que es más del 40 por ciento de la deuda pública total de la nación, pero de la cual no se lleva un registro oficial y su costo aparece una vez al año como hecho consumado.

La reunión del FMI y del Banco Mundial que se realiza actualmente en Washington ha puesto en evidencia otras de las ineficiencias enormes en la asignación de los recursos económicos en el país. Tras reconocer las enormes virtudes del programa económico de México, como marcan las buenas costumbres de la diplomacia financiera internacional, altos funcionarios de esas instituciones señalan, sin embargo, el enorme conflicto que representa la pobreza, o la inexistencia de una reforma fiscal para señalar tan solo dos de los factores que ponen en entredicho las virtudes de la estabilidad actual. El cuadrado no puede ser círculo.