CELAYA: TRAGEDIA QUE PUDO EVITARSE

Los dolorosos saldos de las explosiones ocurridas ayer en Celaya, originadas en una bodega de pólvora que se situaba muy cerca de la central de autobuses y de la central de abasto locales, son consecuencia de una deficiente aplicación de las leyes y reglamentos federales, estatales y municipales. Hace menos de un año -el 13 de octubre de 1998- un accidente similar causó una decena de muertos y medio centenar de heridos en Tultepec, estado de México, en donde un estallido en una fábrica clandestina de juegos pirotécnicos arrasó 30 viviendas, dañó otras 150 y borró del mapa cuatro manzanas de la localidad.

En esa ocasión salió a la luz el dato de tres sucesos similares, aunque de menores consecuencias, ocurridos en esa población mexiquense en los meses anteriores. Y se señaló, en este mismo espacio, la necesidad imperiosa de que las dependencias federales encargadas de hacer cumplir y aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos -Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Gobernación (SG)- cumplieran con esa tarea en forma más eficiente, particularmente en lo respectivo a la vigilancia de las fábricas y talleres de juegos pirotécnicos.

En la ley mencionada y en otras regulaciones para la materia se indica que tales establecimientos deben ser controlados, mediante la expedición de permisos respectivos y que las actividades y operaciones industriales y comerciales que se realizan con municiones, explosivos, artificios y sustancias químicas relacionadas deben realizarse en instalaciones ubicadas fuera de las áreas urbanas.

Es inocultable que, en el caso de Celaya, una de las causas indirectas de la tragedia ocurrida ayer -más de 50 muertos, cerca de 300 heridos, según los datos disponibles hasta el cierre de esta edición- es el incumplimiento de las normas referidas, y ello obliga a demandar una investigación judicial de las eventuales responsabilidades de las autoridades militares y las civiles de los tres niveles que habrían debido impedir la existencia de la bodega de pólvora -o de artificios pirotécnicos- a unos pasos de dos importantes centros de actividad, algo que atenta contra las más elementales normas de protección civil.

Desde otra perspectiva, resulta inaceptable e indignante que las autoridades federales y estatales invoquen la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos como pretexto para el hostigamiento que efectivos policiales y militares realizan de manera sistemática contra las comunidades zapatistas de Chiapas y que, en cambio, hayan sido incapaces de aplicarla para desarmar a los autores de la masacre de Acteal o para garantizar que la producción pirotécnica se realice en condiciones mínimas de seguridad y lejos de áreas densamente pobladas o transitadas.

Finalmente, cabe formular un exhorto a la sociedad civil de todo el país para que, una vez más, exprese su generosidad y se organice y movilice en auxilio de los heridos, los damnificados y los familiares de los fallecidos en Celaya.