Elba Esther Gordillo
Ejercer la política

EL 4 DE JULIO PASADO, el país siguió con atención dos elecciones caracterizadas por su complejidad y competitividad: las de los estados de México y Nayarit. El interés creció por el peso intrínseco del estado de México, la entidad más poblada: casi 13 millones de habitantes y la segunda aportadora al PIB, sólo después del DF, y por la condición de laboratorio político que adquirió Nayarit a partir de la conformación de una inusual Alianza por el Cambio que incluyó a PAN y PRD, junto con otros partidos.

El 19 de septiembre comenzó su mandato en Nayarit Antonio Echevarría, quien encabezó la alianza, y apenas unos días antes rindió su protesta en Toluca Arturo Montiel, del PRI.

El mapa político del país se vuelve cada día más diverso y plural. Las viejas certezas van dando paso a la incertidumbre democrática. Nadie es dueño de los votos, el elector decide a partir de una constelación de factores: el candidato, el partido (o las coaliciones), la oferta programática, las percepciones sobre su situación actual y sus expectativas, entre otras.

En el caso de Nayarit, la alianza ganó, además de la gubernatura, la mayoría en el Congreso y las cuatro alcaldías más importantes: Tepic, Santiago Ixcuintla, San Blas y Tuxpan. Sin embargo, en el estado de México (donde el 4 de julio sólo se disputó la gubernatura) la diversidad alcanza al Congreso y los ayuntamientos. En las elecciones de 1996, los electores llevaron al Congreso, integrado por 75 legisladores, a 30 diputados del PRI, 22 del PAN, 17 del PRD, tres del PVEM, dos del PT y uno del Partido Cardenista. Ninguna fracción alcanzó los 38 votos necesarios para sacar adelante iniciativas sin el concurso de otra u otras. A nivel municipal, con excepción de Toluca y Ecatepec, que conserva el PRI, las principales ciudades del estado están en manos del PAN (significativamente: Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán) y el PRD (Texcoco, Los Reyes La Paz y Nezahualcóyotl, entre otras).

La realidad que desde hace tiempo impera en muchos países: los "gobiernos divididos" (en los cuales el partido del titular del Ejecutivo no tiene mayoría en el Congreso), empieza a ser experiencia cotidiana en México. Esa nueva correlación de fuerzas planea un desafío inédito a la gobernabilidad: la construcción de acuerdos deviene condición sine qua non para gobernar.

La aprobación de leyes, la del presupuesto y la cuenta pública, por citar cuestiones relevantes, implicará, necesariamente, una intensa negociación entre las distintas fuerzas políticas y lo que subyace: la generación de condiciones para alcanzar acuerdos, entre otros, dejar de lado las descalificaciones, generar confianza, garantizar certidumbre, en suma: poner en práctica nuevos usos políticos.

Hoy ninguna fuerza puede imponerse o ignorar a las otras. Nadie puede gobernar solo. La pluralidad es la nueva expresión del poder.

Para los triunfadores en los estados de México y Nayarit apenas empieza la parte decisiva: preservar y enriquecer el capital político acumulado, con eficacia en la gestión pública. Su desafío es demostrar capacidad para responder a las necesidades sociales; integrar un equipo de trabajo capaz, innovador, honesto y eficaz. Pero, además, entender su contexto y mirar hacia delante. No se puede gobernar pensando en el ayer. Uno de los datos mayores de este fin de siglo es la obsolescencia del viejo centralismo. La construcción del país del siglo XXI tiene que empezar en las regiones, desde allí se están estableciendo ya los nuevos paradigmas...

Un gobierno dividido puede anunciar un escenario de choques y desencuentros, pero también dar paso a un trabajo fino de negociaciones y rediseño de la ingeniería institucional: armar acuerdos, construir coaliciones parlamentarias con uno o varios partidos, convocar al apoyo social. Ello reclama lucidez, inteligencia, sensibilidad y flexibilidad para ceder en lo negociable y acercar las posturas de unos y otros: una nueva cultura política, plenamente democrática.

Como producto de estas nuevas realidades del poder, se trata de traducir el voto ciudadano en políticas públicas que reflejen congruentemente la dirección e intención del sufragio ejercido. No contamos actualmente ni con las instituciones ni con la normatividad que garanticen ese apremio político.

Se ha dicho que la democracia es un sistema de equilibrios precarios; por eso, una condición para gobernar es la construcción de mayorías, es decir, ejercer con intensidad la política. *

 

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