Ť Busca el PRI lograr consenso con PAN y PRD
Nueva propuesta para privatizar el sector eléctrico
Ť Se mantiene bajo control a las plantas geotérmicas y nucleares
Andrea Becerril Ť En un intento final por lograr el consenso de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) para la aprobación de la iniciativa presidencial de privatización del sector eléctrico en este periodo de sesiones, senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) elaboraron una nueva propuesta de modificación a dicha propuesta, la cual plantea mantener como actividad exclusiva del Estado la generación de electricidad a través de energía nuclear y geotérmica, y en el caso de las centrales hidroeléctricas, concesionarlas exclusivamente a empresas de participación estatal mayoritaria.
Otros cambios son incluir cinco artículos transitorios, para mantener el otorgamiento de los subsidios al consumo de esta energía, ''en tanto existan las condiciones económicas y sociales que lo justifiquen'', así como el respeto a los derechos laborales de los trabajadores del sector durante el proceso de reestructuración.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera Sección, del Senado de la República, Amador Rodríguez Lozano, fue el encargado de elaborar la contrapropuesta, que incluye, según la presentación del documento, las aportaciones que se dieron en los seis foros regionales en la materia.
A su vez, el también legislador priísta Eduardo Andrade, comentó que esos cambios a la iniciativa presidencial buscan adecuarla plenamente, a fin de que tenga un sentido nacionalista, de protección al patrimonio de los mexicanos y que permitan, al mismo tiempo, la modernización del sector eléctrico y la llegada de inversiones.
Sin embargo, el proyecto no convenció a los legisladores de la oposición que han tenido acceso al mismo. El senador perredista Jorge Calderón, sostuvo que las modificaciones no son de fondo, toda vez que con excepción de las plantas geotérmicas y nucleares, ''se deja fuera del control del Estado la propiedad y operación del resto del sector, esencia misma del proceso de privatización y extranjerización''. Tal como está presentada la propuesta, agregó Calderón, ''es un simple paliativo, con la intención de que la reforma sea aceptada''.
La iniciativa de ley que el presidente Zedillo envió al Senado a fines de 1998 propone modificar el artículo 27, para eliminar la parte que señala: ''Corresponde exclusivamente a la nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines''.
El proyecto presidencial propone que dicha ley exprese: ''Corresponde exclusivamente a la nación, el control operativo de la red nacional de transmisión de electricidad, el cual no podrá ser concesionado a los particulares''.
El proyecto de los senadores
El proyecto de los senadores priístas, después de la negativa del PAN a discutir en este periodo esa iniciativa y el rechazo rotundo del PRD, propone que la modificación al 27 constitucional se haga en los siguientes términos:
''Corresponde exclusivamente a la nación, aprovechar la energía nuclear y geotérmica para la generación de electricidad, así como el control operativo de la red nacional de transmisión de electricidad, la cual es de dominio de la nación y no podrá concesionarse a particulares. Las leyes promoverán el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que se requieran para la generación de energía eléctrica, e impulsará las actividades de generación, a partir de recursos naturales renovables. Las centrales hidroeléctricas de la federación se mantendrán bajo su dominio y únicamente podrán concesionarse a empresas de participación estatal mayoritaria. La ley fijará las condiciones para la participación de los sectores social y privado en éstas''.
Los cambios propuestos al artículo 28, son en igual sentido, pero se agregan cinco transitorios. Uno de ellos precisa que mientras se expidan las leyes que habrán de regular la participación de los sectores público, social y privado en la industria y las bases para su reestructuración, continuarán aplicándose los ordenamientos vigentes y el servicio público de energía eléctrica seguirá a cargo de las entidades que actualmente lo prestan.
Los otros transitorios se refieren a mantener los subsidios y preservar los derechos laborales de los trabajadores durante el proceso de reestructuración.
El perredista Jorge Calderón, sostuvo, sin embargo, que dichas ''modificaciones'' no son tales ni incorporan lo más importante de los foros de análisis organizados por el Senado, y ''dejan intacta la propuesta presidencial'', ya que sólo dejan bajo el dominio del Estado plantas geotérmicas y nucleoeléctricas.
Por lo que se refiere a mantener las hidroeléctricas y sólo concesionarlas a empresas de participación estatal mayoritaria, el legislador dijo que ''podría resultar interesante, si se generalizara a todo tipo de centrales eléctricas y actividades de conducción, distribución y comercialización, incluyendo nuevas inversiones que se realicen en el futuro. No es un avance, pues ya sólo falta que los ríos nacionales sean propiedad privada extranjera''.
Para él, el planteamiento priísta de que la ley fijará las modalidades y condiciones para la participación de los sectores sociales y privado en la concesión de las hidroeléctricas, ''por su vaguedad, puede no cumplirse o ser establecido de manera tal que en la práctica sea irrealizable para el sector social''.
Los otros transitorios, expresó, no afectan la privatización que el Ejecutivo propone, y como en lo referido a mantener los subsidios al consumo doméstico de electricidad o respetar los derechos laborales del gremio, dijo que se trata de posturas ''para comprar la aprobación de las reformas''.
''ƑQuién define las condiciones económicas y sociales que los justifiquen?, como se condiciona y Ƒcuánto durará el subsidio y a quiénes beneficiará?'', se preguntó. ''Esos supuestos o reales beneficios podrían continuar otorgándose sin la privatización, pues finalmente será el Estado el que los dará, no las empresas privadas''.
Por lo que se refiere al ofrecimiento de que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores, afirmó que ''este respeto no es una concesión que el gobierno otorga a los electricistas en su proceso de privatización''; se trata de un derecho ''connatural e irrenunciable'' para todos los asalariados del país, que está consagrado en la Constitución, concluyó.
Ť Se delinearía una política a largo plazo: Rossell
Plantean crear un instituto para la pequeña y mediana empresa
Ciro Pérez Ť El diputado priísta Mauricio Rossell propuso la creación de un instituto para la pequeña y mediana empresa, que sea totalmente autónomo y esté integrado por representantes del sector público y privado para dar salida a las potencialidades de estas compañías, las cuales se han visto limitadas por la ausencia de un política industrial de largo plazo que compense las fallas de los mercados.
''El desarrollo industrial de nuestro país exige una nueva política, dirigida en forma preponderante a las pequeñas y medianas empresas y sustentada en nuevos mecanismos de formulación, realización y seguimiento'', afirmó el legislador hidalguense.
Destacó a sectores como el textil, del calzado, automotriz, electrónico, farmacéutico, de la construcción y del plástico para que se tomen en cuenta las ventajas comparativas y competitivas de cada uno de ellos frente a sus competidores internacionales.
El priísta propuso también la expedición de una nueva ley en la que se defina, con una visión promotora y de largo plazo, la estrategia de apoyo integral a este estrato industrial, además de los apoyos e incentivos que sustentarán dicha estrategia en los tres niveles de gobierno.
Por otra parte, el vicecoordinador panista, Felipe de Jesús Preciado Coronado, informó que la comisión de Comercio de la Cámara de Diputado tiene ''aventajado'' un proyecto para presentar con detalle una iniciativa que legalice los automóviles irregulares, luego de asegurar que hay consensos entre la oposición y que el PRI parece estar interesado en el asunto.
''La razón es sencilla, nosotros estamos por quitar el perfil electorero a la propuesta, pero lo cierto es que al amparo del nombre de Francisco Lasbastida, el PRI esta repartiendo calcomanías en diez estados, afirmando que con ellas los autos irregulares pueden circular''.
El panista dijo que con la legalización de estos vehículos se recaudarían alrededor de 2 mil millones de pesos, mismos que se destinarían a programas a apoyo técnico y de asesoría que beneficien al campo.
Adelantó que su partido trabaja en una reforma al artículo 27 constitucional relacionada con el desarrollo rural, para que los estados y municipios tengan facultades en la planeación y manejo de las subvenciones al campo ya que, explicó, en la actualidad los recursos llegan etiquetados y las autoridades locales no pueden aplicarlos en lo que requieren sus regiones, sino en lo que se decide desde el centro.