La Jornada martes 28 de septiembre de 1999

El proceso legal que dio inicio ayer en el tribunal penal de Bow Street, Londres, y en el curso del cual se determinará la procedencia de extraditar al ex dictador Augusto Pinochet a España, en donde debe ser juzgado por una pequeña fracción de los crímenes cometidos durante el régimen militar que encabezó, suscita expectativas y temores en Chile, en América Latina, en España misma y en amplios sectores de la humanidad.

Para las personas informadas y de buena voluntad de todo el mundo, es claro que lo que está en juego en este juicio, más allá de intríngulis legales sobre las jurisdicciones en disputa ųla de Chile y la de Españaų, es la posibilidad de hacer justicia contra un gobernante asesino y genocida, cuyos crímenes escandalizaron al planeta entero, y de sentar, por esta vía, un precedente que dificulte la repetición, en otras o en las mismas latitudes, de acciones de exterminio político como las emprendidas por la tiranía pinochetista. Al mismo tiempo, resulta fundamentado el temor de que los intereses de Estado de los tres gobiernos involucrados en el caso ųLondres, Madrid y Santiagoų terminen imponiéndose sobre el clamor de justicia y se elabore una "solución" para escamotear al reo de los tribunales y devolverlo a su país. De esta manera tal vez lograría preservarse la cordialidad de las relaciones internacionales entre esas naciones, pero en cambio se alentaría la impunidad global para los violadores de derechos humanos, los criminales de guerra y los tiranos represores.

En sus alegatos más recientes para conseguir el regreso de Pinochet a Chile, el gobierno de Eduardo Frei invoca la soberanía nacional y la jurisdicción de los tribunales chilenos para procesar al ex dictador. Ha de considerarse que tal discurso se origina en un régimen de soberanía acotada por los militares y por las enormes cuotas de poder que éstos se reservaron, por encima del poder civil, en la Constitución que ellos mismos ųy sus personeros políticosų redactaron antes de dejar el gobierno.

Esta misma condición de la institucionalidad actual de Chile hace impensable que el ex tirano pudiera ser juzgado ųy menos sancionadoų en su país. De hecho, en los casi diez años transcurridos desde el restablecimiento de la democracia formal en el país sudamericano, no prosperó ninguna querella contra los militares golpistas. El que ahora los gobernantes civiles aseguren que los tribunales chilenos están en condiciones de procesar a Pinochet es un pretexto mentiroso ųy tal vez emitido bajo presiones castrensesų para tratar de salvarlo de un proceso legal ųque debe ser justo, equitativo y apegado a derechoų presidido por el magistrado español Baltasar Garzón.

Cabe hacer votos porque el juez británico Ronald Bartle sea capaz de sobreponerse a sus orientaciones conservadoras y a sus relaciones sociales en el ámbito de la ex premier Margaret Thatcher ųamiga cercana de Pinochetų y conceda a Garzón la extradición del ex tirano. Es una apuesta por la salud moral de todas las naciones, por la seguridad de todos los individuos y por el recuerdo y la memoria de todos los asesinados durante la dictadura militar chilena.