La reciente decisión del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), de eliminar el acuerdo de participación en pérdidas que existía con Serfin, es sólo una nueva señal inequívoca de que los demás bancos podrán presionar para que se les dé el mismo tratamiento y así se les facilite el ajuste respecto a las festejadas nuevas reglas de capitalización de la banca, a costa de la empobrecida población mexicana.

Para continuar el saneamiento de Banca Serfin, se constituyeron reservas y se ajustó el valor de algunos activos por 19.5 mil millones de pesos, adicionales a los 13 mil millones inyectados el pasado 8 de julio. Las características de estas operaciones introducen nuevos incentivos que pueden incrementar considerablemente el ya elevado costo fiscal del rescate bancario.

Los anunciados ajustes se efectuaron por dos vías: ``Liberar reservas por 11 mil 326 millones de pesos, resultado de la eliminación del acuerdo de participación en pérdidas, y 8 mil 188.4 millones de pesos que resultan de capitalizar los recursos generados por el propio banco, derivado de recuperación de activos del Fobaproa.'' (Boletín 09-01-99 del IPAB).

Aunque se afirma que esa decisión ``no implicará un pasivo adicional para el IPAB'', la eliminación del acuerdo de participación en pérdidas puede tener graves consecuencias, ya que introduce un nuevo incentivo para que los demás bancos, con pagarés del Fobaproa en sus activos, traten de recibir un beneficio similar. Esta situación significa continuar con decisiones contaminadas del pernicioso riesgo moral (moral hazard) que han sido constantes en el proceso de rescate bancario.

La medida adoptada se relaciona directamente con las modificaciones a las Reglas para los Requerimientos de Capitalización de los Bancos, anunciadas por Hacienda. Con ello se pretende que la contabilidad de los bancos se acerque paulatinamente a los estándares existentes a nivel internacional, estableciendo un periodo de transición que concluirá el año 2003.

Un cambio sustancial es el tratamiento que se dará a los impuestos diferidos, los cuales representan en la actualidad una parte muy importante del capital de los bancos. Con ello, se atiende una de las sugerencias del consultor canadiense Michael Mackey, quien recomendó que ese concepto no se considerara como parte del capital.

La pretensión es disminuir paulatinamente la parte de los impuestos diferidos que se pueden contabilizar como capital, hasta llegar a un máximo de 20 por ciento en el año 2003. Eso significa que los bancos tendrán que obtener recursos para sustituir los impuestos diferidos, y mantener los niveles de capitalización que exige la ley.

Aquí es donde aparece la importancia de la decisión adoptada por el IPAB, al eliminar el acuerdo de participación en pérdidas de Serfin. Con esto, se anuncia, de hecho, que la citada sustitución de los impuestos diferidos podrá hacerse a costa del erario público, lo que aumentará aún más el cuantioso costo fiscal del ya interminable rescate bancario.

Como se puede recordar, el Programa de Capitalización y ``Compra'' de Cartera aplicado por el Fobaproa, consistió en sustituir cartera en problemas por pagarés emitidos por ese organismo. Al ``comprar'' esa cartera, el Fobaproa firmó un ``acuerdo sobre participación en pérdidas'' con cada banco. Con estos acuerdos, la diferencia entre la cartera ``comprada'' y lo que finalmente se recuperara, se constituiría en una pérdida, la cual sería compartida (loss sharing) entre el Fobaproa (y ahora el IPAB) y los bancos. La participación de los bancos en las pérdidas se situó en 25 por ciento, en promedio.

La inclusión de los acuerdos de participación en pérdidas, cada vez que el Fobaproa ``compró'' cartera en problemas, tuvo como objetivo introducir un incentivo para que los bancos tuvieran interés en recuperar la mayor parte posible de los créditos que habían otorgado sin garantías suficientes o de manera irregular.

En caso de generalizarse la decisión de eliminar dichos acuerdos, el costo fiscal se incrementaría, independientemente de lo que se recuperara, ya que todas las pérdidas que finalmente se tuvieran serían asumidas por el IPAB. Además, se eliminaría el incentivo para recuperar los créditos y disminuir las pérdidas. La recuperación sería menor (si es que hubiera alguna), y las pérdidas mayores.

Los bancos, al quedar liberados de la necesidad de constituir reservas para enfrentar su participación en pérdidas, podrían utilizar esos fondos para sustituir los impuestos diferidos que actualmente significan una parte muy importante de su capital. Así, el costo de alcanzar una contabilidad más acorde con los estándares internacionales, podrá también ser cargada a la población.

La manera como se privatizó la banca y la forma como se rescató, y se sigue rescatando, son un excelente ejemplo de cómo opera lo que se conoce como riesgo moral; que aparece cuando hay un tercero (normalmente el gobierno) que se compromete a pagar los costos de decisiones equivocadas, impidiendo que las mismas se tomen con responsabilidad, calculando adecuadamente los riesgos.

Cuando existe el riesgo moral, se crean incentivos perversos que inducen un a comportamiento irresponsable, como el protagonizado de manera persistente por muchos banqueros. Mediante ese mecanismo, se premia cualquier abuso, ya que el gobierno termina socializando las pérdidas que se ocasionan.