Ha pasado casi medio año de huelga y una pequeña minoría de radicales, tanto entre los estudiantes como entre las autoridades, nos ha confiscado a más de trescientos mil universitarios (informados y pretendidamente democráticos), el derecho a decidir sobre los asuntos más sensibles de nuestra vida intelectual y laboral. Se ha nombrado una nueva comisión de contacto por parte del Consejo Universitario y los estudiantes del CGH han accedido a entrevistarse con ella. Todos esperamos que sus trabajos progresen; sin embargo, ambos contendientes se han mostrado hasta ahora complacidos con la prolongación del conflicto y la degradación de la universidad.

Ante esta evidencia, un nutrido grupo de corrientes y personalidades ha tomado la decisión de repoblar el espacio intermedio entre los radicalismos y recomponer la sociedad civil universitaria: estudiantes democráticos del CGH (mal llamados moderados), consejeros universitarios que disienten de muchos mecanismos y posiciones de ese aparato, académicos de gran prestigio (premios nacionales y universitarios, eméritos), académicos de todas las procedencias y posiciones políticas, ideológicas y culturales, trabajadores administrativos y su sindicato, etcétera. Esta Convergencia Universitaria, como se llama a sí misma, sabe que la continuidad de la institución puede ser interrumpida, para luego hacer posible su reforma desde afuera y desde arriba; ve igualmente el peligro de que una nueva administración de la UNAM proponga una salida de reforma unilateral, también desde lo alto, que nos achique y nos parcele como ha sido anunciado por importantes miembros de la élite universitaria.

Para todos los actores del referido pacto o convergencia, se ha vuelto evidente que la verdadera solución a este conflicto consiste en dar paso a un Congreso de Reforma de la UNAM, en el entendido, como lo estableció el espíritu del documento de los maestros eméritos, que las conclusiones de dicho congreso serán traducidas por el Consejo Universitario en resoluciones. Ante una recomposición tan intensa de los órdenes de la ciencia, la tecnología y las humanidades, ante una división internacional y una globalización que ha irrumpido de manera tan severa en nuestro cuerpo productivo, y ante los efectos de estos fenómenos en sociedades como la nuestra, desgarradas dramática y aceleradamente entre un espacio reducido de actores y empresas que acumulan riqueza y un mar creciente de exclusión, de pobreza y de violencia, la universidad, tal como nos fue heredada hasta hace apenas unos lustros por la modernidad y por la industrialización triunfante, ve algunas de sus áreas perder sentido y oportunidad; entra en crisis y debe repensar sus funciones. Lo esencial de nuestra legislación, y la estructura misma de la UNAM, fue plasmado en la primera mitad del siglo que está por concluir; es comprensible que tengamos que dar paso a una reforma efectiva, sin las simulaciones del Congreso de 1990.

Ahora bien, un Congreso de Reforma de esta naturaleza debe llevarse a cabo en espacios de discusión y análisis bien diseñados, dotados del material informativo y crítico para alcanzar consensos sólidos. El Congreso de 1990 se convirtió en un acto de delegados y el proceso de su elección politizó los trabajos y opacó al proceso de discusión de los temas objeto de la reforma; las dependencias y los colectivos participaron poco en ese proceso. Hoy se propone que la Reforma se desarrolle en dos momentos: el primero en espacios de discusión y análisis, como lo proponen los eméritos, en donde académicos, estudiantes y trabajadores alcancen acuerdos con base en una misma agenda para todas las dependencias (incorporación y evaluación de los académicos; ingreso y permanencia de los alumnos; estructura académico administrativa (investigación-docencia); articulación con la sociedad; financiamiento; formas de gobierno, etc.). En un segundo momento -el Congreso propiamente-, los acuerdos así obtenidos los discutirán delegados escogidos en cada sector y en cada dependencia, hasta que se conviertan en las propuestas de reforma de toda la universidad. Este proceso vuelve más sencilla la elección de los delegados.

Ambos momentos de la reforma no deben exceder los dos meses, y todo el proceso dar inicio, cuando máximo, dos meses después de levantada la huelga. El consenso universitario es que deben quedar sin efecto, hasta la conclusión del Congreso, todos los reglamentos que se encuentran involucrados en este conflicto, así como los vínculos con el Ceneval y las sanciones a los actores del conflicto, buscándose la recuperación del semestre. ¿El desmantelamiento de la universidad desde arriba? ¿O nuestro Congreso de Reforma desde la convergencia académica? Si algún referéndum habrá será sobre esto.