RAPIÑA CONTRA INMIGRANTES
Desde hace años se sabe que empresas estadunidenses y mexicanas dedicadas al envío de dinero entre ambas naciones estafan a mexicanos que residen en el vecino país, en su mayoría trabajadores indocumentados que usan el servicio de dichas empresas como principal vía para enviar dinero a sus familiares en México. El abuso consiste en quedarse con diez por ciento del dinero enviado al manipular la conversión de dólares a pesos. El abogado Fred Kumetz denunció, en una reunión con la comisión de Asuntos Fronterizos del Senado de la República, el robo por estas empresas de al menos 500 millones de dólares a connacionales, y llamó a los senadores a intervenir en el problema. En México, Western Union opera a través de la tienda de electrodomésticos Elektra y Money Gram tiene como socio a Banamex.
Aunque el asunto ya era conocido -Western Union, Elektra y Banamex han sido denunciados por esta práctica en tribunales estadunidenses, principalmente en el estado de California- las autoridades mexicanas no han actuado en defensa de millones de mexicanos víctimas de este abuso. De acuerdo con la denuncia de Kumetz, el poder de Western Union es tal que ha logrado corromper a abogados para frenar las demandas en cortes californianas. Esto habla de la indefensión en que se encuentran los usuarios de este servicio.
El cobro indebido y amañado de comisiones sobre los giros se traducen, para las empresas mencionadas, en una ganancia ilícita e inmoral realizada a costa de los de por sí disminuidos recursos de quienes han tenido que emigrar en busca de oportunidades de empleo que les permitan vivir a ellos y a sus familias en México.
Por otra parte, la inacción de las autoridades refleja un doble criterio frente a la entrada de divisas al país: mientras que a los inversionistas extranjeros se les seduce de todas las formas imaginables -incluso con la formulación de una política económica a su gusto-, a los inmigrantes, quienes cada año envían al país más de 4 mil millones de dólares, con lo que se constituyen en la tercera fuente de divisas, se les da trato de delincuentes en la nación vecina, se les extorsiona cuando regresan al territorio nacional y, para colmo, se les deja en la indefensión total ante la rapiña de empresas extranjeras y nacionales dedicadas a los envíos de dinero.
La denuncia de Fred Kumetz debiera motivar una investigación a fondo, una acción penal, en caso de que procediera y una serie de reformas legales orientadas a evitar que continúen estos abusos indignantes.