Adolfo Sánchez Vázquez
Venturas y desventuras de una propuesta

El 28 de julio del presente año, la comunidad de la UNAM y la opinión pública pudieron conocer (La Jornada, 28-7-99) una propuesta que buscaba encontrar una salida digna y una justa solución al conflicto universitario que, por entonces, se encontraba empantanado. La propuesta fue bautizada desde el primer momento -no por sus firmantes- como la ``propuesta de los ocho eméritos''. Aunque la mayoría lo eran y, además, algunos eran también premios nacionales, premios UNAM, doctores honoris causa o miembros de El Colegio Nacional, los firmantes se limitaron a poner sus nombres al pie del documento sin antecederlo con título alguno. Ciertamente, se trataba de un grupo de universitarios con la autoridad académica de su obra en la docencia y la investigación, y con la autoridad moral de toda una vida entregada a la universidad. Preocupados por la grave situación de ella y unidos por el común anhelo de contribuir a resolverla, constituían un grupo independiente de las partes en conflicto, sin compromiso alguno con ninguna organización interna o externa, pero, a la vez, un grupo heterogéneo, dada las visiones distintas -de la sociedad, de la política y de la universidad- que en él se daban.

Lo que los unía era el empeño, plasmado en el documento citado, de buscar una salida y unas bases de solución al conflicto acercando a las partes y ofreciéndoles un mecanismo concreto para ello que permitiera levantar la huelga e iniciar, con la participación de toda la comunidad, el análisis y discusión de los cambios fundamentales para transformar la universidad.

Obviamente, la propuesta dirigida a toda la comunidad, y, en primer lugar, a las partes en conflicto, sólo podía alcanzar su objetivo fundamental si era aceptada por el Consejo General de Huelga y las autoridades universitarias, como base necesaria para el diálogo y la negociación, pero abierta a las precisiones, sugerencias o modificaciones de las partes. La propuesta tuvo desde el primer momento, y sobre todo desde el encuentro de sus firmantes con el Consejo General de Huelga en la multitudinaria asamblea pública del 10 de agosto, un respaldo creciente hasta ser asumida como suya por la inmensa mayoría de la comunidad académica. Un sector minoritario de ella permaneció en silencio, o se sumó tardíamente a la propuesta tratando de conjugar su aceptación con su apelación al presidente Zedillo de restablecer la legalidad si el ésta fracasaba. Cierto es que la apelación al restablecimiento de la ley, al medirse las consecuencias que entrañaba, no encontró fuera de la Universidad -en los medios oficiales- el eco que ese sector buscaba. La propuesta de ``los ocho'' quedaba pues como la única viable si se descartaba el uso de la fuerza pública, implicado en todos los suspiros por restablecer la legalidad. Y su peso fue tal, dentro de la comunidad académica, que las autoridades no pudieron dejar de considerarla y de convocar -no sin resistencias- al Consejo Universitario poniéndola en el centro de su atención. La sugerencia de los eméritos fue aprobada como base de discusión con la otra parte, lo cual significaba un paso importante, pero empañado, al hacer de su aceptación por el Consejo General de Huelga una condición indispensable -junto a otras dos- para iniciar el diálogo.

De este modo, la propuesta destinada a abrir el diálogo y la negociación se convertía en un ``candado'' que los cerraba, ya que el CGH la había rechazado previamente. Con esta utilización, la propuesta se volvía contra sí misma. Ya antes de este acuerdo, cuatro miembros del grupo habían salido al paso, en entrevistas separadas (La Jornada, 27-VII-99) de semejante utilización. Luis Villoro declaraba que había que dar la oportunidad ``a que el CU pudiera considerar las propuestas de mejorar nuestro documento que le lleguen por parte, tanto del CGH como de los medios académicos''. Y yo, asimismo, afirmaba: ``No puede concebirse, de modo alguno, (la propuesta) como una especie de ultimátum, de todo o nada, dirigida contra el CGH; no puede considerarse como la última oportunidad para llegar a una solución a través del diálogo y la negociación''.

En verdad, aunque no se proclamara abiertamente, este uso de la propuesta la descalificaba de hecho, como la descalifica hoy toda presentación suya como la ``única'' o ``última'' opción, o todo intento de justificar con su rechazo por parte del CGH la restauración de la legalidad con su inevitable empleo de la fuerza pública. Si nuestro planteamiento tenía, y tiene, como objetivo central una salida negociada -lo que descarta no sólo en primera sino en última instancias el uso de la fuerza pública-, no podíamos dejar de rechazar todo intento de servirse de ella contra su objetivo vital: acercar a las partes en conflicto, propiciar el diálogo y la negociación. Lo que entrañaba, a su vez, la condena de toda apelación al Estado o al gobierno local con la pretensión de que, salvada la propia responsabilidad universitaria, éste sirviera en bandeja la ``solución'' de fuerza que se ansiaba.

(Abramos aquí un paréntesis relacionado con la necesidad de distinguir el contenido de la propuesta y cierto uso de ella. No hacerlo puede llevar -como lleva- a un juicio tan erróneo sobre la propuesta y tan injusto sobre sus autores, en particular sobre algunos de ellos, como el juicio del subcomandante Marcos (La Jornada, 25-IX-99, p.15).

Juicio erróneo: porque reduce el contenido y el valor de la propuesta a cierto uso, reprobable de ella. Si se considera que es utilizada para justificar la represión, ¿por qué hay que aceptar esa vinculación disparatada entre la propuesta y lo que es, de acuerdo con su contenido, la negación de ella? ¿Cómo se puede afirmar que se trata de una propuesta que necesita ``el argumento de la amenaza de la represión'' y que, con este carácter la sostiene el grupo de maestros? Ciertamente, esta reducción -ella sí, insostenible, a un uso reprobable- ignora que miles y miles de académicos y amplios sectores sociales la han hecho suya, precisamente porque ven en ella la salida negociada y la exclusión de la amenaza de la represión y del uso efectivo de la fuerza pública.

Juicio injusto: pues al descalificar moralmente a los maestros por mantener su propuesta, se silencia por completo que se trata de académicos que se han ganado su autoridad moral en su campo propio, con su obra y su entrega de toda una vida a la universidad y que, en el caso de dos componentes del grupo, se trata de académicos que han enriquecido esa autoridad moral con su conducta social, pública, de la que es claro testimonio su actuación como asesores del EZLN.

Cerremos el paréntesis y prosigamos).

Así, pues, la venturosa acogida de la propuesta de ``los ocho'' por la inmensa mayoría de la comunidad académica y por amplios sectores sociales -un hecho sin precedentes en toda la historia de la UNAM- ha conocido también la desventura de ser negada, de hecho, pues públicamente nadie la ha rechazado, con la excepción de alguno que otro académico delirante, que también los hay. Pero, la sugerencia no sólo ha conocido esta limitada desventura, que no ha podido opacar el respaldo obtenido en los medios académicos, sino también la desventura -y ésta sí importante- de ser rechazada por la otra parte del conflicto a la que iba dirigida: el Consejo General de Huelga. Aunque la posición del CGH ante la propuesta pasó en sus sucesivas y polarizadas asambleas por los altibajos que, en ella, imponía su variable correlación de fuerzas -posición oscilante entre considerarla para su discusión y su rechazo categórico-, lo cierto es que, en definitiva, lo que dominó en el CGH fue su rechazo. Se argumentaba que no tomaba en consideración los seis puntos del pliego petitorio y que, por tanto, no se daba una respuesta satisfactoria o solución a ellos. Ahora bien, en la actitud adoptada por el CGH hacia la propuesta de ``los ocho'' ha habido, y hay, una lectura equivocada de ella.

En primer lugar, no es cierto que no se hayan tenido presentes los seis puntos reclamados. Hay coincidencias evidentes con algunos de ellos: reorganización del calendario escolar, no aplicación de sanciones y apertura de espacios de discusión y análisis, cualesquiera que sean los nombres que se les den. Hay divergencias en un punto concreto al exigir el CGH la abrogación del Reglamento General de Pagos y proponer ``los ocho'' suspender las cuotas, por servicios previstos en ese reglamento, hasta que sean discutidos y analizados en los espacios citados y en el Consejo Universitario. Finalmente, en los puntos restantes -Reglamento de Exámenes y vínculos con el Ceneval, ``los ocho'' proponían su discusión y análisis en esos espacios y en el CU por ser ``asuntos que competen a toda la comunidad''. Si el CGH inició su movimiento porque consideraba que en un asunto vital el CU había obrado unilateralmente, a espaldas de la comunidad, ¿cómo podía pretender ahora hacer lo mismo con asuntos vitales que, por su naturaleza, exigían en su decisión la participación de todos los universitarios? La propuesta de ``los ocho'' pretendía darles su debido lugar. Pero, a su vez, como ya hemos subrayado, lo que se proponía era una base de discusión entre las partes, susceptible de ser precisada, enriquecida o modificada, siempre que con ello se contribuyera a la salida digna y justa solución del conflicto. No se estaba, por consiguiente, en la posición irreductible del ``todo o nada'' en que se situaba, lamentablemente, el CGH al considerar innegociable su pliego petitorio.

Ahora bien, esta posición del CGH, -concomitante con el rechazo tajante de la propuesta de ``los ocho''-, de dialogar o negociar (si es que ello tiene sentido en este caso), previa satisfacción de los seis puntos del pliego petitorio (reducidos a cuatro en su última oferta, ``flexibilizada'') tuvo su contrapartida en el CU al acordar para iniciar el diálogo tres condiciones, una de las cuales era precisamente que el CGH aceptara como base de discusión la propuesta de los eméritos. Estas condiciones se ``flexibilizaron'' después al reducirse a una sola: composición fija, no rotativa, de la comisión de diálogo del CGH. Pero, ciertamente, no puede haber diálogo ni negociación si no se hacen saltar los ``candados'' de una y otra partes que los cierran, lo que presupone, asimismo, la voluntad de intercambiar ideas y argumentos, de ser tolerantes y respetar al otro.

Llegamos así a la situación crítica que permanece en nuestros días, pues no tenemos aún las necesarias e inaplazables comisiones de diálogo de ambas partes. Sí tenemos, en cambio, por acuerdo último del CU, una Comisión de Contacto, encargada de recoger las propuestas del CGH para ser analizadas por los consejeros universitarios. No deja de ser sorprendente que, al cabo de cinco meses, las partes estén apenas tomando ``contacto'', cuando es tan urgente sentarse a dialogar y negociar sin condiciones previas o candado alguno. La propuesta de ``los ocho'' puede y debe estar en el tablero del diálogo y la negociación, a los que el ``contacto'' debe abrir paso inmediatamente. Y el Consejo Universitario ha aceptado que dicha propuesta esté como base de discusión. Pero, como hemos venido insistiendo, debe estar sin convertirse en un corsé que se cierre a sí misma y a otras propuestas. Lo que significa que no sólo puede precisarse, enriquecerse o modificarse, sino que debe medir sus armas con otras propuestas y, ante todo, y, en primer lugar, con la que entraña el pliego petitorio del Consejo General de Huelga. En este punto, hay que contar con una realidad insoslayable. Y la realidad es, simple y sencillamente, que el CGH está en huelga. O sea: que el pliego petitorio, guste o no guste, es la propuesta de una de las partes: precisamente la que está en huelga. Su pliego petitorio debe ser analizado por el CU, de la misma manera que el CGH debe analizar la propuesta que aquél le haga. Y todo ello con la voluntad común de llegar a un acuerdo que beneficie a toda la universidad, y este acuerdo no puede ser otro que el de levantar la huelga para poder pasar, en condiciones normales, al examen -con participación de toda la comunidad universitaria-, de los grandes problemas pendientes de la UNAM.