Ť No le salen las cuentas a Gurría
Ť El superávit desapareció
En el último trimestre de 1999, los funcionarios tendrán una carga laboral minuciosa, ya que habrá que acomodar números: sumar, restar, dividir --quizás hasta multiplicar--, todo, con el fin de encontrarle la cuadratura al círculo, o para ser más claros: todo, con el objetivo de que las finanzas sean consecuentes con las metas económicas propuestas por el gobierno federal. Aunque para ello haya que estirar y aflojar algunas cifras que permitan disfrazar los ''pequeños descuidos'' que pudieran restar méritos al triunfalismo de las medidas económicas adoptadas por las autoridades.
Y es que a estas alturas, cuando los tiempos electorales se han adelantado y amenazan cualquier estructura del sistema, un descuido como el cometido el pasado 23 de septiembre, cuando el secretario de Hacienda, José Angel Gurría, se quedó sin habla, luego de que la legisladora Rosa Albina Garavito cuestionara las cifras presentadas por el titular respecto al pomposo superávit registrado en los ingresos fiscales --de 7 mil 886 millones de pesos, según los reportes del secretario Gurría--, sería imperdonable. Al parecer, en aquella ocasión el titular de las finanzas descuidó algún ''pequeño detalle'', lo que dejó al descubierto una operación no muy clara respecto a la suma de los ingresos fiscales que se registraron en el primer semestre de 1999. No hay que olvidar el señalamiento de la senadora, respecto a que detrás la cifra superavitaria dada a conocer por Hacienda se encontró la suma del remanente de las operaciones del Banco de México obtenidas en 1998; es decir, que aquellas utilidades de la institución generadas un año antes, fueron anexadas a los ingresos obtenidos de enero a junio de 1999, inflando los recursos fiscales correspondientes a la primera mitad de este año, y convirtiendo una cifra deficitaria en un superávit que hizo cuadrar --de una manera tramposa-- los números fiscales, todo con el fin de no ensuciar, el contexto de las metas económicas previstas. El remanente de las operaciones del banco central, que antes formaba parte de los ingresos fiscales de la Federación, ahora se destina, de acuerdo con la Ley del IPAB votada por los legisladores --quienes ahora demuestran haberlo hecho, sin conocer el contenido de la misma--, a la amortización del crédito que el Banco de México otorgó al Fobaproa, en diciembre de 1998, con el fin de salvar a Inverlat, el cuarto banco más importante en el país. Por cierto, ya se habla de que el ''hoyo'' provocado por las utilidades del Banco de México en los ingresos fiscales se pretende tapar con el excedente de los ingresos petroleros.
Pero el hecho es que donde quiera que se escarbe sale tierra, y el ''hoyo'' realmente sigue ahí: los recursos que generan nuestras instituciones y que bien podrían destinarse a rubros de emergencia, como lo es la pobreza --fenómeno central en las discusiones de la reciente reunión entre el Fondo Monetario Internacional y El Banco Mundial-- en México se destinan al rescate de cuanto empresario abusivo se encuentre en el camino. Así las cosas, el trabajo será arduo en estos últimos meses para los encargados de las finanzas.
Melée
La discusión sobre la privatización del sector eléctrico vuelve a tener eco en el escenario y con ésta, los numerosos cuestionamientos sobre la conveniencia de seguir tolerando ésta práctica, característica del capitalismo neoliberal. Las empresas públicas fueron una respuesta al fracaso de regímenes de libre mercado anteriores, y aunque ahora los partidiarios de la privatización se empeñen en señalar su existencia como mero producto de corrientes ideológicas, éstas fueron el resultado de la necesidad urgente de satisfacer las demandas de la población, a las que se respondió con eficacia en su momento. Habría que aclarar, entonces, que la crisis de las instituciones públicas surgida posteriormente, se debió a los vicios y abusos del estilo de conducción de los políticos capitalistas, que derivó en el descuido de la satisfacción de las demandas. Por lo anterior, no es válido justificar la privatización como la única alternativa ante el ''presunto'' fracaso del sistema de las empresas públicas. Antes, se tendría que aclarar que el impacto de la privatización, en lugar de corregir las males causados por la intervención del Estado (monopolios y costos del servicio elevados), los ha profundizado, creando una estructura económica ajena a las necesidades de los usuarios nacionales y los grupos menos favorecido de la ''sociedad civil''.