SI QUISÉRAMOS ILUSTRAR cómo nuestras autoridades han sido tolerantes con las trasnacionales, lo ocurrido con la industria automotriz es buen ejemplo.

Solamente hasta principios de esta década, comenzaron a vender en México unidades con mejores sistemas anticontaminantes, pese a que éstos se utilizaban muchísimo antes en los países de origen de tan poderosas empresas. El gobierno fue cómplice de ese comportamiento al permitir la fabricación y venta de modelos con tecnología "sucia", atrasada. En vez de proteger la salud de la población y los recursos naturales, prefirió atraer y dar garantías sin cuento a la inversión extranjera, la cual aprovechó la complacencia oficial y una legislación ambiental pobre.

El fruto de esa política es bien conocido: altos niveles de contaminación atmosférica en las principales ciudades, malos combustibles, todo ello expresado en la pérdida de la calidad de vida de la población y en gastos elevados en el campo de la salud al tener que tratar las enfermedades causadas por un parque vehicular obsoleto.

Como siempre, vamos a la zaga de lo bueno que sucede en otras partes; vale la pena comentar lo que ocurre con la industria automotriz de la Unión Europea.

La influyente asociación que aglutina a los fabricantes de vehículos de los 15 países que conforman la Unión, se compometieron hace un año a disminuir de 190 a 140 gramos por kilómetro recorrido las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos nuevos vendidos en el año 2008. Sería una manera de evitar que ése y otros gases y sustancias dañen más la capa de ozono y con ello propicien el calentamiento de la tierra y cambios climáticos. Sin embargo, la asociación ahora dice que la meta de reducción podrá cumplirla dos años después del tiempo fijado.

La ciudadanía está inconforme con ese aplazamiento y, por medio de los partidos políticos, exige a los gobiernos tomen medidas radicales para que la industria reduzca aceleradamente los niveles de contaminación que genera. Por lo pronto, los ministros del ambiente de la Unión Europea trabajan en la elaboración de medidas fiscales que alienten la adquisición de automóviles más "limpios", dejando en libertad a cada gobierno para proceder sobre este asunto con la celeridad que estimen conveniente.

La idea es que quien adquiera un coche menos contaminante pague menos impuestos. Los ministros consideran que sacrificar ingresos fiscales es mejor antes de curar las enfermedades ocasionadas por la contaminación, así como los daños a los recursos naturales.

Dar incentivos fiscales llevará también a que la ciudadanía sepa cuánto ensucia el ambiente cada modelo. Para ello, la Comunidad Europea propuso que las empresas y concesionarios de automóviles divulguen por todos los medios posibles datos precisos que indiquen tanto el consumo de combustible de cada automóvil como el nivel de emisiones de dióxido de carbono. Y que, cada año, se elabore un informe sobre el respeto al ambiente por parte de los diferentes modelos de autos.

Todas las propuestas anteriores debe aprovecharlas México para mejorar la calidad del aire en las ciudades y lograr un uso racional de energéticos. Hoy, los fabricantes y concesionarios de la industria automotriz con sede en nuestro país no informan con veracidad del consumo real de combustible por kilómetro recorrido ni, en ningún caso, de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases peligrosos que producen los vehículos que venden.

Ahora que México está cada vez más ligado a la Comunidad Europea por acuerdos comerciales, debe aprovechar los avances que ésta logre en su industria automotriz para obligar a otros países (como Estados Unidos y Japón) a mejorar sus modelos a fin de que contaminen menos y sean más eficientes en el uso de combustible. Sería lamentable que, al igual que ocurrió durante varias décadas, para no tocar a las trasnacionales se continuara tolerando un parque vehicular obsoleto desde el punto de vista ambiental que al generar diversos contaminantes afecta la salud de la población y los recursos naturales.