TRANSPORTE PUBLICO, TAREA PENDIENTE

En el marco de la glosa del segundo informe de labores de Cuauhtémoc Cárdenas, hasta hace unos días jefe de Gobierno del Distrito Federal, ayer compareció ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el secretario de Transporte y Vialidad, Joel Ortega Cuevas. Habló de la restructuración de la Dirección General de Transporte emprendida por el gobierno perredista con el objetivo de desmantelar lo que se había convertido en "la catedral de la corrupción" de la burocracia capitalina. Según Ortega Cuevas, al concluir el ejercicio presupuestal de este año se habrán gastado 6 mil 808 millones de pesos en el mejoramiento del servicio de transporte colectivo, conformado por el Metro, los trolebuses y la ex Ruta 100, y se refirió también a un posible aumento en el costo de los pasajes. Sin embargo, el funcionario no aludió a la situación del transporte concesionado, que incluye a microbuses y taxis, ámbito en el que imperan la anarquía y las prácticas corruptas, y cuya regulación es aún una tarea pendiente.

Es sabido que el transporte concesionado ha sido utilizado como botín político en las pasadas administraciones urbanas, las cuales, a cambio de apoyo político y electoral de los concesionarios, o simplemente a cambio de dinero, permitieron el crecimiento desordenado de rutas de microbuses y la proliferación de taxis "piratas" que ahora circulan sin control y en perjuicio de la ciudadanía. Gran parte de los delitos contra transeúntes en la ciudad de México se cometen en taxis que operan al margen de la legalidad.

El golpe asestado al sindicato de la empresa Autobuses Urbanos de Pasajeros Ruta 100 en 1995 por el entonces regente Oscar Espinosa Villarreal, con el supuesto propósito de combatir la corrupción de esa empresa y hacer más eficiente el transporte, deterioró más la red de transporte urbano y generó un vacío en el servicio que fue rápidamente aprovechado por los microbuses. En gran medida, los problemas viales y de contaminación que padecen los capitalinos son atribuibles a la falta de capacitación de los choferes de los micros, quienes en su mayoría operan sin ningún respeto por las reglas de tránsito.

Al parecer, las rutas de microbuses extendidas por toda la zona metropolitana son mafias cuyo poder las hace intocables. Hasta ahora, ninguna autoridad ha podido regular la forma en que opera este tipo de transporte, que se ha adueñado de las calles de la ciudad.

En tanto no se satisfaga la legítima demanda ciudadana de contar con un transporte público seguro y eficiente, el asunto seguirá siendo una asignatura pendiente de la administración actual y de las futuras. Una señal innegable de avance en el combate a la corrupción sería establecer un control efectivo sobre el transporte concesionado e identificar y desarticular las mafias que se han enquistado en ese sector.