n Hoy se conocerá en Gran Bretaña si es o no extraditado a España

Decisión de Garzón, si se apela un fallo favorable a Pinochet: Madrid

n Enojo en la península ante declaraciones de Margaret Thatcher contra el sistema de justicia español

n El ex dictador está detenido en Londres según leyes aprobadas durante el gobierno conservador: AI

Armando G. Tejeda, corresponsal, y agencias, Madrid, 7 de octubre n El gobierno de España ratificó ante la fiscalía británica la orden dictada por el juez Baltasar Garzón de recurrir cualquier sentencia favorable a Augusto Pinochet, cuyo veredicto sobre su extradición será dado a conocer este viernes en Londres.

"España ratifica, naturalmente, las instrucciones que ya obraban en poder de la fiscalía británica", señaló el canciller Abel Matutes, quien explicó que esto se transmitió así desde la víspera, cuando comenzaron a surgir versiones de que el gobierno de José María Aznar daba marcha atrás.

Incluso fuentes judiciales cercanas a la acusación indicaron que "la apelación debe presentarse de inmediato" para evitar que pueda abrirse un paréntesis que pueda beneficiar la liberación del ex dictador y su regreso a Chile, quien enfrenta en Madrid acusaciones por delitos de genocidio, torturas y terrorismo de Estado.

Matutes afirmó que su gobierno "ha mantenido siempre, y no ha variado un ápice ni un milímetro", su posición sobre el tema, de respeto a las decisiones de los tribunales.

Es "bueno", dijo, que los trámites se hagan por los canales oficiales de la cancillería, como reclamó la fiscalía británica y dictan los tratados y convenciones.

Se preguntó si acaso alguien puede creer la versión de la prensa de que los dos funcionarios españoles que recién estuvieron en Londres --para conocer el sistema de recursos-- puedan de verdad, creíblemente para la propia fiscalía británica, contradecir verbalmente las instrucciones de Garzón.

De esta manera se refirió a la información del diario El País, que la víspera anotó que el gobierno había pedido a la fiscalía británica no recurrir un eventual fallo adverso, lo que provocó un terremoto político y el regreso anticipado de Sudamérica del juez Garzón, quien de inmediato ratificó que habría apelación de ser necesario.

Pero este día El País publicó una carta de uno de los fiscales británicos del caso Pinochet, Brian Gibbins, dirigida a Garzón, en la que da cuenta de las instrucciones contrarias recibidas por parte de la diplomacia española, en el sentido de que los recursos a presentar aún estaban pendientes.

Gibbins advirtió a la Audiencia Nacional de Madrid que Garzón y el gobierno español mantenían posturas diferentes en torno a si mañana viernes debe o no recurrirse una hipotética sentencia contraria a la extradición a España del anciano ex militar, y subrayó que tal contradicción era considerada "inaceptable".

"Actuamos --asentó-- como agentes del Estado español y sólo podemos proceder a presentar un recurso de apelación si somos instruidos claramente para hacerlo", y agregó que no se pueden considerar instruidos para recurrir "si una de las partes del Estado español da órdenes que parecen en conflicto con otra parte del Estado".

Críticas a la dama de hierro

Pero una vez que Matutes aclaró que España ratifica que recurrirá el fallo, acorde con la decisión de Garzón, se refirió a la defensa ardorosa de Pinochet que hizo ayer la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, al señalar que sus afirmaciones eran un "poco extremas" y que no las comparte "en toda su extensión".

La diatriba de Thatcher provocó una serie de críticas en su contra en España, no sólo del gobierno sino también del propio Partido Popular gobernante, así como de sectores de la izquierda y organismos de juristas, al considerarse que sus declaraciones eran "injustas", "ofensivas" y constituían un ataque al sistema judicial español.

José María Robles Fraga, portavoz del Partido Popular, calificó sus palabras como "lamentables e irritantes", y consideró que con ello Thatcher demostró que que está "en el ocaso de su vida pública", y también se rechazó su afirmación de que no tendrá un "juicio justo" en España y se dijo que Thatcher está más en el siglo XIX que en el XXI.

Amnistía Internacional anotó que Pinochet está detenido según leyes aprobadas durante el gobierno de Thatcher, y los cargos en su contra son por tortura y no de tipo político. Le recordó que las torturas en el exterior son delito en Inglaterra por la ley de Justicia Criminal de 1988, artículo 134, promulgada bajo su mandato.

Mientras que todo está listo en Londres para que en la corte de Bow Street el juez Ronald Bartle dicte este viernes a las 10, hora local, la sentencia en torno a si el ex dictador es extraditado a España o no, se prevé que cualquiera que sea el resultado no podrá ser liberado ya que cualquiera de las partes anticipó que apelará.

En Santiago, el canciller Juan Gabriel Valdés dijo que no le sorprendía el anuncio de su homólogo español, Abel Matutes, de que el gobierno de España ratificaba su decisión de apelar en caso de un fallo favorable a Augusto Pinochet, y que eso mostraba que era inexistente el margen de maniobra del gobierno de Aznar.

Dijo que este día recibió una llamada telefónica de Matutes, con quien conversó media hora. Sin entrar en detalles, el ex perseguido político por Pinochet acotó que ahora sólo espera que España cumpla con su promesa anterior de que respetará la decisión del gobierno británico si decide liberar al ex dictador por "razones humanitarias".

Mientras el gobierno chileno se abstuvo de especular acerca del posible fallo, partidarios y adversarios de Pinochet se disponían a emprender esta noche una vigilia hasta conocer el fallo de mañana, pero también se conoció que este año no habrá celebración del día de la raza debido al caso Pinochet.

En tanto que Chile ratificó ante Gran Bretaña que el detenido enfrenta un agravamiento de su salud, entidades humanitarias argentinas instaron al juez Bartle que extradite a España al ex dictador, y Estados Unidos anunció que desclasificará este viernes nuevos documentos secretos sobre Chile del periodo 1968-1973.

Por otra parte, la justicia italiana solicitó a Chile la extradición del ex general Manuel Contreras, hoy encarcelado por el crimen de Orlando Letelier, ya que Italia demanda que cumpla una sentencia de 20 años por su participación en el atentado contra el político chileno Bernardo Leighton y su esposa, ocurrido en Roma en octubre de 1975.