n Reportan avances del programa de reordenación del comercio ambulante
Destaca informe apoyo del gobierno a las víctimas de agresiones sexuales
n Se han detectado 108 puntos conflictivos en la ciudad y 4 mil 800 giros negros, según documentos
Gabriela Romero Sánchez n En el segundo informe de labores de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal se puntualiza que, ante la indignación que han causado las violaciones de niños en el plantel preescolar Tonalli, en Tlalpan, con la presunta participación de bandas organizadas, así como la agresión sexual contra dos menores y una joven de 18 años en Tláhuac, perpetrada por 15 integrantes del destacamento 18 de la Policía Montada, el gobierno capitalino ha intervenido en apoyo de las víctimas.
En el primer caso, señala que el Centro Integral de Apoyo a la Mujer de Tlalpan ha ayudado a detectar a los menores agredidos y ha canalizado al Centro de Terapia de Apoyo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a quienes han presentado secuelas del ataque; sin embargo, admite que aún no se conoce con precisión el número de víctimas ni los vínculos del conserje inculpado.
En el caso de Tláhuac, Promujer se constituyó en coadyuvante del Ministerio Público y participó en la formación de un fideicomiso de apoyo a las víctimas. Al término del proceso se logró que a los 15 acusados se les impusiera una pena de 40 años de prisión y una multa de 475 días de salario mínimo.
Por otra parte, el informe que el secretario de Gobierno, Leonel Godoy, envió a la Asamblea Legislativa --una semana antes de comparecer ante el pleno-- menciona los avances del Programa de Reordenación del Comercio en Vía Pública y puntualiza que este gobierno ha combatido con firmeza la corrupción y que jamás ha aceptado arreglos o componendas. ''No se ha privilegiado a unos grupos sobre otros, sino que se ha otorgado a todos los ciudadanos un trato igualitario, persiguiendo toda acción contra los malos funcionarios que hayan sido denunciados y vigilando que su actuación se limite a ejercer las atribuciones que les otorga la ley'', asevera.
Según el censo que empezó hace poco más de un año, hasta septiembre de 1999 se habían detectado 108 puntos conflictivos en las 16 delegaciones, donde se concentran 18 mil 18 puestos; 4 mil 800 giros negros, de los cuales 165 son discotecas y videobares, y 138 centros con espectáculos eróticos que operan principalmente en las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Alvaro Obregón, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.
Asimismo, hay 9 mil 792 establecimientos cuya operación ha causado quejas por daños al ambiente, obstrucción de calles y problemas de inseguridad, además de haberse encontrado irregularidades en los documentos que amparan su funcionamiento.
Hasta la fecha se han supervisado mil 561 locales comerciales en todas las delegaciones del Distrito Federal. En mil 150 funcionan máquinas de videojuegos como giro complementario y en 411 como giro principal. En 83 por ciento se infringen normas de funcionamiento, como no respetar la distancia entre una máquina y otra, o estar a menos de 200 metros de alguna escuela de nivel básico.
El gobierno central y las delegaciones han retirado 4 mil 426 puestos nuevos o inactivos, utilizados como bodegas o ubicados sobre el arrollo vehicular, para liberar la zona de trabajo en el horario nocturno e incrementar la seguridad.
En materia de protección civil, se retiraron 550 puestos que obstruían entradas y salidas de oficinas públicas, hospitales, escuelas y bancos.
Freno a la especulación inmobiliaria
En anteriores gobiernos, agrega el documento, el Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra en el Distrito Federal ''fue tapadera de la especulación inmobiliaria, tanto en zonas residenciales como en colonias populares, lo que implicó no sólo la violación de las leyes relativas al proceso de urbanización, sino incluso de la propia Constitución''.
Esa especulación fue producto del clientelismo político y de la corrupción, y en ella participaron fraccionadores legales e ilegales, y autoridades tanto capitalinas como federales. Por ello, las políticas de regularización se replantearon con base en la experiencia del movimiento urbano popular. ''No se trata únicamente de entregar una escritura que garantice el derecho a la vivienda; va más allá, hacia el establecimiento de una alternativa de urbanización popular con base en la participación directa de los colonos''.