n Júbilo entre las víctimas del senador vitalicio; tristeza en la derecha
Augusto Pinochet es extraditable, resuelve la justicia de Gran Bretaña
n El ex dictador insiste en declararse inocente y acusa que el fallo adverso tiene motivaciones políticas
n La sentencia "se basó en la ley y nada más que en la ley", afirmó en Londres el juez Ronald Bartle
Reuters, Afp, Dpa y Ap, Londres, 8 de octubre n La justicia británica resolvió hoy en favor de la extradición a España de Augusto Pinochet para ser enjuiciado por violaciones a los derechos humanos, lo cual provocó júbilo entre sus adversarios y tristeza e indignación entre sus partidarios.
Tras conocerse el fallo adverso, la defensa dio a conocer un texto del ex dictador en el que insiste en declararse inocente y sostiene que los cargos de España en su contra obedecen a motivaciones políticas, ya que los acontecimientos ocurridos en Chile no tienen nada que ver con el país europeo.
Al emitir su veredicto el juez Ronald Bartle puntualizó que la sentencia se basó "en la ley y nada más que en la ley", y que el juicio de extradición consiste en determinar "únicamente" si la demanda de extradición es o no admisible y "no decide la culpabilidad o la inocencia de Augusto Pinochet".
En este marco, el juez británico acogió los 34 casos de tortura y una acusación más amplia de conspiración para torturar, así como la acusación de "tortura mental" al aceptar que "el efecto producido en las familias de las personas desaparecidas puede ser considerado" como tal, de acuerdo con los nuevos cargos que le presentó el magis
trado español Baltasar Garzón.
Apuntó que leyó y releyó "cuidadosamente" la sentencia precedente de los jueces-lores favorable a autorizar el procedimiento de extradición del acusado, por estimar que los cargos señalados son susceptibles de extradición entre los países involucrados y porque la Convención contra la Tortura es aplicable universalmente, a lo que se añade Chile, Gran Bretaña y España al suscribirla.
"Yo adhiero respetuosamente a la opinión de los jueces-lores de que los cargos reprochados al senador (vitalicio) Pinochet se- rían extraditables en la ley británica si las acusaciones fuesen fundadas", y recordó el magistrado que la Alta Corte española juzgó dos veces que las acusaciones formuladas son crímenes que justifican la extradición conforme a la ley española.
En su veredicto, Bartle anotó que el ex gobernante de facto chileno no podía beneficiarse de la inmunidad que se otorga a los jefes de Estado contra los cargos por crímenes de tortura, debido a que "la Cámara de los Lores decidió por mayoría la cuestión de la inmunidad y este tribunal está obligado por esa sentencia".
El juez, quien la víspera dispensó que Pinochet estuviera presente este día en el tribunal por problemas de salud, reconoció que "ninguna prueba ha sido presentada" para fundamentar las acusaciones contra el ex dictador, pero expuso que "el gobierno de Madrid no está obligado a demostrar los buenos fundamentos de sus acusaciones", que serán objeto del proceso en España.
Los abogados de Pinochet tienen ahora 15 días para apelar el fallo, el cual de presentarse y resultar adverso haría que el caso finalmente quede en manos del ministro del Interior británico, Jack Straw.
De momento, los abogados dijeron que apelarán, y fuentes allegadas a la familia del ex general señalaron que la apelación se hará el lunes 18.
Sin embargo, trascendió que el caso no será sencillo debido a que si el gobierno chileno del presidente Eduardo Frei decide acudir a razones de salud o humanitarias para su liberación, como lo anunció en Santiago, bloquearía la apelación de la defensa ante la Alta Corte londinense.
Straw tiene hasta dos meses para contestar a una solicitud del gobierno chileno sobre las razones de salud, y si el ministro del Interior no responde antes de los 15 días que la corte da para la apelación, entonces la posibilidad de apelar desaparece.
Una vez conocido el veredicto, el abogado defensor, Clive Nicholls, leyó una declaración de Pinochet que llevaba preparada en previsión de un desenlace desfavora- ble en Bow Street, como ocurrió, en la que el acusado dice que como ex presidente de la república y senador (vitalicio) declara que no es culpable de los crímenes de que se le acusa.
Pinochet no sólo dijo en su declaración que "ha quedado en claro, desde hace mucho tiempo, que mi extradición (a Madrid) tiene motivaciones políticas y que se está buscando estrictamente por razones políticas", sino que asentó que "España no ha presentado una sola prueba que demuestre que soy culpable".
Aseguró en su comunicado que "España no ha investigado apropiadamente ninguno de estos crímenes y no tiene jurisdicción para procesarlos", mientras que la noticia sobre su extradición se propagaba en las afueras del tribunal y estallaba la algarabía y los cantos de sus adversarios: "Se va a España, se va a España".
En tanto que el júbilo se extendía hasta el centro de Madrid y Santiago, en Londres se estimó que la justicia británica ha sentado un precedente jurídico al reconocer como torturas el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos políticos en Chile.
Joan Garcés, el abogado español que hace tres años entabló la querella contra Pinochet en Madrid, indicó que el fallo británico establece firmemente la jurisdicción universal en casos de tortura.
Además, consideró contradictorio que se quiera apelar a razones humanitarias para que alguien no sea enjuiciado, cuando el tópico principal son los derechos humanos y los crímenes contra la humanidad .
n Afirma que EU coopera en la indagatoria del caso
Omite Clinton dar su beneplácito a decisión británica sobre Pinochet
n Nuevos datos podrían incriminar a Kissinger, señalan activistas
n Documento secreto involucra a la CIA en asesinato de Horman
Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 8 de octubre n El presidente Bill Clinton dijo hoy que Estados Unidos coopera con la investigación española sobre los crímenes de Augusto Pinochet, pero notablemente rehusó dar la bienvenida a la decisión británica para la extradición del dictador chileno, y diversos activistas de derechos humanos destacaron que el gobierno estadunidense sigue negándose a coadyuvar plenamente en la indagatoria.
Mientras, activistas de derechos humanos estimaron que el caso de Pinochet junto con algunos documentos secretos estadunidenses recién revelados, podrían sentar las bases para formular nuevos cargos criminales contra Henry Kissinger y otros ex altos funcionarios estadunidenses que ayudaron a instigar el golpe de Estado en Chile a principios de los setenta.
Sin embargo, estos grupos destacan que la investigación del papel estadunidense en el golpe ha sido obstaculizada a pesar de las repetidas promesas del presidente Clinton de revelar todos los documentos claves de los archivos oficiales sobre el asunto.
Varios documentos secretos fueron divulgados hoy y, al hablar en Ottawa, Clinton prometió de nuevo que se darán a conocer más.
"Pienso que deberíamos seguir sacando documentos. Creo que ustedes tienen el derecho de conocer lo que ocurrió en ese entonces y cómo sucedió", declaró.
Pero, al mismo tiempo, el presidente estadunidense rehusó expresar su apoyo ni dio la bienvenida a la decisión del tribunal en Londres a favor de la extradición de Pinochet, y agregó que hay personas en Chile que están preocupadas por las posibles consecuencias del caso legal sobre el sistema político chileno.
La secretaria de Estado, Madeleine Albright, también se negó a caracterizar el fallo, aunque en comentarios a la prensa afirmó en general que Estados Unidos apoya los esfuerzos a favor de la justicia y "el rendimiento de cuentas". Pero lo notable de las declaraciones oficiales aquí este día fue precisamente la renuencia de elogiar, o por lo menos respaldar, la decisión británica.
El problema, comentó un funcionario del gobierno de Clinton, quien pidió el anonimato, es que Estados Unidos cree que la cuestión de la estabilidad política de Chile es más importante que la persecución de los violadores de los derechos humanos, y que la extradición de Pinochet podría amenazar la tranquilidad en ese país sudamericano.
De hecho, el fallo en Londres coloca a los funcionarios estadunidenses en una situación difícil, admitieron varios entrevistados hoy. Estados Unidos desea no cooperar con la solicitud de extradición, pero tampoco expresar eso públicamente. Además, la CIA en particular ha mantenido su renuencia a divulgar la mayoría de los documentos secretos relacionados al golpe contra el presidente Salvador Allende, en septiembre de 1973, y sus secuelas, y ha convencido a la Casa Blanca de demorar la presentación de muchos más documentos. Tendrá razones.
Las complicidades
Un documento secreto hecho público hoy demuestra por qué. En el documento del Departamento de Estado fechado en 1976, cuya copia obtuvo La Jornada, se indica que "hay algunas pruebas circunstanciales que sugieren que la inteligencia de Estados Unidos podría haber jugado un papel desafortunado en la muerte de Horman", en referencia al asesinato del periodista estadunidense Charles Horman por el régimen de Pinochet, cuyo caso fue tema de la película de Costa Gavras, Missing.
El cable del Departamento de Estado, fechado el 25 de agosto de 1976, trata sobre el posible papel que podría haber jugado la CIA en este caso.
"En el mejor de los casos, (su papel) se limitó a proveer o confirmar información que ayudó a motivar su asesinato (del periodista) por el gobierno de Chile. En el peor de los casos, la inteligencia de Estados Unidos sabía que las autoridades chilenas percibían a Horman bajo una luz bastante seria y los funcionarios estadunidenses no hicieron nada para desalentar el resultado lógico de la paranoia del régimen militar".
El memorándum fue redactado por un funcionario de nivel medio del Departamento de Estado y enviado a Harry Shlaudeman, quien entonces era secretario de Estado adjunto para Asuntos Interamericanos del gobierno de Gerald Ford.
En el documento se relata que el periodista fue sacado de su casa aproximadamente una semana después del golpe del 11 de septiembre y llevado a un estadio deportivo, en el que estaban siendo confinados cientos de presuntos simpatizantes izquierdistas.
Joyce Horman, viuda de Charles, quien fue asesinado en los primeros días después del golpe en 1973, declaró este viernes que está considerando reabrir el caso legal que presentó en los setenta, en el que sostenía que el ex secretario de Estado Henry Kissinger debía ser responsabilizado por la muerte de su marido y de miles de personas más en Chile. "Creo que esto (el documento) es casi una prueba de eso", afirmó Horman.
Peter Weiss, el abogado del Centro para Derechos Constitucionales y quien representó a Horman en su primera demanda legal contra Kissinger en los setenta, dijo hoy que el caso original podría ser reabierto sobre la base del descubrimiento de nuevas pruebas y documentos.
En entrevista con La Jornada, Weiss argumentó que como mínimo esta nueva información debería obligar al gobierno estadunidense a rendir cuentas sobre su papel en el golpe de Estado en Chile.
"Por todo el mundo vemos ejemplos de gobiernos que asumen responsabilidad por los crímenes que han cometido", dijo Weiss. "Por alguna razón, el gobierno estadunidense no tiene la voluntad de enfrentar las cosas malas que ha cometido".
n Los dictadores no deben encontrar refugio en ninguna parte del mundo, considera
Celebra Garcés resolución de los tribunales en Londres
Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 8 de octubre n Juan Garcés, el abogado que impulsó el caso contra Augusto Pinochet en España, celebró hoy la decisión de los tribunales británicos de permitir la extradición del militar chileno a España y declaró que comprueba que los dictadores "no pueden encontrar refugio en ninguna parte del mundo".
"Les deseo expresar, a nombre de los abogados en España, nuestra satisfacción por el fallo y nuestra esperanza de que Pinochet llegue a España lo antes posible", declaró Garcés en conferencia de prensa realizada en esta capital.
Al hablar pocas horas después de conocerse la decisión en Londres, Garcés señaló que el tribunal británico había aceptado el argumento de que Pinochet debía ser extraditado a España para enfrentar a las familias de todas las víctimas de tortura, asesinato y desapariciones que presentaron las acusaciones en su contra.
"Esto afirma que la comunidad internacional ha tomado la decisión de que nadie puede buscar refugio en ninguna parte del mundo, particularmente cuando son acusados de tortura", explicó Garcés.
Saul Landau, investigador del Instituto para Estudios de Política (IPS, por sus siglas en inglés), señaló que el fallo en Londres fue una victoria para la comunidad internacional, ya que las cortes reconocieron que un dictador tiene que aceptar la responsabilidad por sus crímenes.
El IPS, organización que realizó la conferencia de prensa, fue el instituto donde, junto con Landau, trabajaba el ex canciller chileno Orlando Letelier cuando fue asesinado en esta capital.
Landau junto con otros activistas de derechos humanos en este país pidieron al gobierno británico asegurar un traslado del ex dictador a España lo antes posible. "Se sigue hablando de liberar a Pinochet por razones humanitarias; algo que me parece muy extraño es que una persona acusada de crímenes contra la humanidad pueda ser liberado por razones humanitarias", consideró Landau.
Garcés, quien fue el abogado que presentó primero el caso contra Pinochet ante los tribunales españoles, el 4 de julio de 1996, insistió hoy en que el caso fue armado no sobre bases sino estrictamente como una acción criminal contra alguien que cometió atrocidades contra la humanidad. "Esto no es una acción civil, es una medida penal. Las víctimas están pidiendo justicia", afirmó el abogado.
Acompañado por activistas e investigadores de derechos humanos, Juan Garcés señaló que muchos de los participantes en el impulso del caso tenían sus propias perspectivas políticas, pero que la base legal del mismo estaba conformada por un apego estricto al derecho internacional. Además, señaló que las víctimas y sus familias no estaban buscando compensación económica, sino simple justicia.
Agregó que nadie debería de entender que el juicio en España representa una injerencia en la soberanía de Chile.
"Nadie en Londres, ni en Madrid, ni aquí, disputa la competencia de la jurisdicción de Chile para juzgar a Pinochet. Estaríamos todos encantados, yo sería el primero, si el ex dictador fuese enjuiciado en su país. Lamentablemente, no ha sido así en los años que han transcurrido y lamentablemente ningún tribunal chileno hasta hoy día ha solicitado su extradición", destacó.
Carlos Salinas, director para América Latina de Amnistía Internacional en Estados Unidos, consideró que el fallo en Londres también reconoció que las desapariciones constituyen un crimen contra la humanidad. "Este fallo envía un mensaje importante a través del mundo", estimó.