UN VEREDICTO RECONFORTANTE

En el proceso que se realizó en el Reino Unido al ex dictador chileno general Augusto Pinochet, el magistrado británico Roland Bartle aceptó todo el alegato del fiscal y lo condenó por torturas y asesinatos múltiples; admitió así las posiciones defendidas también por el juez español Garzón contra el tirano y rechazó los argumentos de la derecha chilena y del gobierno centroizquierdista de Santiago que defendían al criminal y pedían clemencia en consideración a su edad.

Aunque el fallo muy probablemente será apelado por la defensa del autonombrado senador vitalicio chileno y se abrirá todo un periodo de recursos legales, es evidente la derrota política no sólo de Pinochet, sino igualmente de sus cómplices durante la dictadura y sus actuales defensores chilenos.

En efecto, la decisión judicial sienta jurisprudencia internacional en la cuestión de los crímenes contra la humanidad. Por lo tanto, encierra definitivamente en sus propios países a todos los otros criminales similares (argentinos, uruguayos, brasileños, indonesios o de otras nacionalidades) amnistiados o no por sus respectivos gobiernos, de modo que esos asesinos ya no podrán viajar al exterior por miedo a seguir la misma suerte que su émulo chileno.

El veredicto es igualmente importante, pues obliga moralmente al gobierno de Bill Clinton a desclasificar los documentos oficiales estadunidenses que prueban fehacientemente la injerencia de Washington en la vida interna chilena, en la preparación del golpe que llevó a Pinochet al poder por sobre la Constitución del país andino y del cadáver de su presidente legítimo, así como el constante apoyo del Departamento de Estado y del Pentágono a la dictadura chilena, a sabiendas de los crímenes que ella cometía, incluso en suelo estadunidense (recuérdese el caso Orlando Letelier) y a costa de ciudadanos de ese país.

Pero al mismo tiempo, es evidente que la noción de crimen contra la humanidad es demasiado vaga y que los precedentes que se acumulan (el proceso de Nüremberg, los casos de los criminales de guerra nazis capturados en Argentina y juzgados en Israel o en Italia, el mismo caso de Pinochet, criminal para toda Europa) no bastan para resolver la contradicción que existe entre los principios jurídicos y morales internacionales y el derecho positivo de cada país.

Es evidente que no basta que muchas constituciones puedan declarar "infame traidor a la Patria", pasible por lo tanto de fusilamiento, a los golpistas que las pisotean, si los mismos jamás serán condenados en su propio país por ese crimen, dado que se apoyan en la amenaza de las fuerzas armadas.

Es necesario, por consiguiente, que a nivel mundial se establezcan en cada nación leyes que tipifiquen el delito de lesa humanidad y que establezcan las penas consiguientes, para preservar el derecho internacional, el cual supone la existencia de una ley previa que defina el delito. Es igualmente necesario establecer ųpara todos los países y gobiernos, sin excepciónų una corte penal internacional, con representación de los países débiles y con poder de sanción, que dé cuerpo y forma al repudio moral internacional y a la condena a los genocidas y criminales de guerra.

No cabe duda que sin la decidida participación de distintas ONG, de los familiares de los torturados y asesinados por la dictadura, y del juez Garzón y sus abogados ųque investigaron, documentaron y armaron el expediente contra Pinochetų, la decisión de la justicia británica probablemente no se habría dado.

Todo ello ha valido no sólo para reivindicar a la justicia, sino para honrar a todas las víctimas del salvajismo pinochetista.