Ť Amparada, la Fundación para la Promoción Humana
Favorecen con contratos a miembros de patronato de IAP
Ricardo Olayo Ť Las irregularidades en la Fundación para la Promoción Humana, institución de asistencia privada, incluyen favoritismo hacia los integrantes del propio patronato, de acuerdo con las denuncias de la mesa directiva de padres de familia.
Según las quejas presentadas, se contrató a una empresa de seguridad, que es propiedad de Rafael Suárez Vázquez, secretario del patronato.
Además, cuestionan en sus escritos la "contratación de servicios de seguros e imprenta con las hijas de la directora general de la fundación, Josefina Lobera Gracida, y la compra de artículos con su nuera, a mayor costo y menor calidad de lo acostumbrado, beneficiando así a su propia familia".
Los padres de familia indicaron que han recurrido a la Secretaría de Educación Pública, Procuraduría Federal del Consumidor, Dirección General de Protección Civil, delegación Tlalpan y la Junta de Asistencia Privada para tratar de controlar las "arbitrariedades" de la dirección.
En el caso de la JAP, ayer su titular, Alejandro Ainslie, dijo que está enterado de las denuncias, pues los padres de familia las han entregado en la institución, "pero desafortunadamente no podemos hacer nada en este momento, porque es otra de las instituciones que se les ha concedido suspensión en el amparo que han solicitado contra la Ley de Asistencia Privada".
Respecto a las anomalías en la fundación, los padres de familia de las escuelas primaria y secundaria que hay en esa IAP demandan la separación del cargo de Lobera Gracida por las diversas irregularidades encontradas, entre otras, que no se ha hecho una revisión a fondo de la estructura del inmueble, ocupado por más de 900 alumnos.
Indican que hay "hostigamiento y trato agresivo de parte de la directora hacia los padres de familia y el personal", y que ha despedido a personal en forma injustificada para contratar a amistades o familiares.
Como ejemplo de los despidos hay una carta del ex abogado de la fundación, Carlos Enrique Acuña, que dice que su despido fue injustificado y sin previo aviso del cargo que desempeñó por once años. Indica que por la forma en que se dio la notificación no tuvo más opción que aceptar. Relata que curiosamente el trámite lo realizó el jefe de departamento de relaciones laborales del Nacional Monte de Piedad, cuyo presidente del patronato es Alan de la Torre, hijo de Josefina Lobera.
El mecanismo para despedirlo, dice Acuña, no es nuevo, pues se ha utilizado en ocasiones anteriores para dejar fuera de su fuente de trabajo a otras personas.
Otra de las anomalías que señalan los padres de familia entrevistados, que pidieron reserva en su nombre para evitar más represalias, es la violación a los contenidos de los programas de la SEP y a los horarios de clases.
También la pretensión de aumentar las cuotas de recuperación en forma unilateral. En este caso indican que hay "condicionamiento" de la inscripción al colegio mediante el cobro indebido de "donativos voluntarios en la secundaria, que no ingresan a la caja, admitiendo alumnos que no requieren la asistencia o que no la ameritan y en contra de lo acordado ante la Profeco con la mesa directiva de padres de familia".
Además, uso de vehículos de la institución en días no hábiles y para asuntos personales de la directora y de sus familiares, y racionalización injustificada de alimentos y medicamentos para el asilo Mateos Portillo y los centros comunitarios con riesgo para la salud de los ancianos que se atienden.