José del Val
El error de febrero /II

LA REVOLUCION MEXICANA DERROTO al Ejército Federal Mexicano --los temibles "federales"-- y disolvió la oficialidad. El nuevo Ejército nacional se reconstruyó desde sus cimientos con base en las diversas fuerzas que participaron en la Revolución; los juanes, iniciando la construcción y profesionalización de una nueva oficialidad. En su inmensa mayoría, esta nueva oficialidad surgió del pueblo; las oligarquías derrotadas perdieron sus privilegios y sus nexos de sangre con la milicia perdiendo, de igual forma, la posibilidad de influir en las clases militares en defensa de intereses particulares. Este hecho singular caracteriza a nuestro Ejército, ya que en su seno no existen redes informales de dependencia y lealtad hacia sectores sociales específicos. El Ejército Mexicano depende y debe lealtad exclusiva al Estado nacional.

En la mayoría, si no es que en todos los países de América Latina, el Ejército nacional es el mismo desde el siglo XlX, manteniéndose intactas las redes informales de lealtad familiar, lo cual explica en buena medida la "proclividad" a los golpes de Estado en nuestra subregión; revísese si no este siglo de nuestra América.

Las elites mexicanas de este siglo no sólo no tienen vínculos con la oficialidad del Ejército, sino que manifiestan cierto desprecio clasista por la profesión militar. Esta institucionalidad estructural del Ejército Mexicano, que sabiamente nos heredó la Revolución, exige de nosotros el mayor de los cuidados; no debemos permitir que dicha institucionalidad, patrimonio colectivo, sea sujeta a aventuras o manejos irresponsables que pongan en riesgo sus características esenciales.

Si bien fue comprensible, aunque siempre lamentable, su accionar ante la declaración de guerra que el EZLN lanzó en 1994 --a partir del cese de hostilidades, doce días después--su participación en la solución del conflicto de Chiapas se limitó a tareas de contención. Así lo fue hasta aquel fatídico 9 de febrero de 1995, cuando despreciando torpe e irresponsablemente la vía de negociación política, se involucró a las fuerzas armadas en una injustificada y fracasada ofensiva. Ese fue el "error de febrero" que dio al traste con la confianza entre las partes y alejó toda posibilidad de negociación.

Desde esa fecha nuestro instituto armado ha sido obligado a involucrarse en el conflicto, cada vez con más efectivos y equipo, y con más tareas, supliendo la descomunal incapacidad política mostrada por elgobierno federal.

Este trágico periodo ha puesto en evidencia el grave peligro y las desafortunadas consecuencias que derivan del manejo discrecional y autónomo que el Ejecutivo federal tiene en México para disponer del Ejército nacional sin el menor contrapeso y control.

Durante varios años se ha obligado a nuestros soldados al roce y la confrontación sistemáticas con la población civil; se le ha obligado a actuar como: šejército de ocupación! en su propio país.

Sin la menor duda se le ha humillado abusando de su lealtad, al tener que actuar subordinado a las insensatas aventuras del gobernador sustituto como complemento en acciones policiacas. Ha sido utilizado como grupo de choque y guardaespaldas de empleados de empresas; en fin, se le ha obligado a actuar ilegalmente, bajo subterfugios legaloides y mentiras.

Los políticos cumplen su periodo y se van; el pueblo, nosotros y el Ejército nos quedamos aquí: Ƒcómo es posible que uno o unos cuantos individuos tengan la facultad de definir, sin el menor control, la relación de un pueblo con su Ejército?

El clamor generalizado de que nuestros soldados regresen a sus cuarteles no es sólo el clamor civil para evitar la sistemática violación a los derechos humanos y a las garantías constitucionales pisoteadas en el estado de Chiapas, sino también la enérgica exigencia al Ejecutivo de respeto al significado, la lealtad y las responsabilidades constitucionales del Ejército nacional.

ƑQué consecuencias tendría el que las tropas regresaran a sus cuarteles? Simple y sencillamente obligarían al gobierno federal a sentarse a negociar y recomponer el tejido político social del estado de Chiapas, es decir, obligaría al gobierno al uso de la política, impidiéndole el abuso de las armas.

En defensa del Ejército nacional exigimos hoy: el regreso de las tropas a sus cuarteles y exigimos al Poder Legislativo que promueva una modificación constitucional inmediata y urgente, que impida para siempre el uso discrecional del Ejército por el Ejecutivo, y exigimos asimismo un desagravio a la institución armada: que las autoridades civiles responsables asuman plenamente las responsabilidades legales de todas la violaciones a la Constitución y a los derechos humanos acaecidas en este periodo, en el cumplimiento de las tareas asignadas al Ejército Mexicano.

Nos han querido convencer de la necesidad del desplazamiento masivo de tropas con la falaz coartada de los "conflictos intercomunitarios". *