CIERTAMENTE, LOS trabajadores mexicanos enfrentan en nuestro propio país numerosas violaciones al derecho de libertad sindical y de negociación colectiva, así como distintas formas de discriminación en su trabajo. Este trato también lo reciben fuera del país.

Nos referimos particularmente a los millones de trabajadores que cruzan la frontera norte (3 mil Kms2) para mejorar su ingreso o buscando empleo en Estados Unidos. La mayoría proviene de 109 municipios de la República, en los que existen grados de pobreza extrema; son campesinos despojados de los medios para trabajar su tierra, asalariados agrícolas percibiendo salarios miserables, trabajadores urbanos que no encuentran empleo o, si lo hallan, es temporal, y personas que ganan menos del mínimo para vivir dignamente.

Estos trabajadores, que antes migraban a determinadas regiones o ciudades de la Unión americana, hoy se movilizan por todos los estados; muchos de ellos cuentan con permisos de trabajo, y a pesar de ello, no gozan de la protección laboral que tienen los trabajadores nacionales.

El año pasado, varias organizaciones sindicales en México, entre ellas, el Frente Auténtico del Trabajo (FAT) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), presentaron una queja ante la Oficina Nacional Administrativa --instancia creada por el Acuerdo de Cooperación Laboral (ACLAN), firmado junto con el TLCAN--, por la violación sistemática de los derechos laborales de obreros mexicanos que trabajan en la industria de la manzana en el estado de Washington.

Esta denuncia ha sido resuelta en una primera instancia por la autoridad correspondiente, con un ``informe de revisión'', en el cual se recomienda ``al secretario de Trabajo en México, solicitar a su contraparte estadunidense, consultas ministeriales sobre los temas abordados dentro de la comunicación pública ``MEX 9802''.

En esta comunicación presentada por los sindicatos, se plantea que empresas y gobiernos en Estados Unidos violan de manera permanente artículos y principios del ACLAN, referidos a la protección de los trabajadores migratorios, así como distintas leyes que se refieren a igualdad de derechos ante la ley, derechos civiles y protección de trabajadores agrícolas migrantes. Se dice que existen distintas formas de discriminación que tienen que ver con los derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva, el sistema de indemnizaciones, de vivienda, y el programa de trabajadores agrícolas; así, cuando los trabajadores migratorios tratan de constituir un sindicato, los empleadores llaman al Servicio de Inmigración y Naturalización con el propósito de intimidarlos; las indemnizaciones son más bajas para estos trabajadores en 17 estados, así como los derechos a vivienda, seguridad, normas de contratación y transporte.

Por otra parte, distintas organizaciones nacionales de Guatemala y Estados Unidos --centros de apoyo y albergue para migrantes en la frontera norte y sur del país, centros de derechos humanos y la IAP Sin Fronteras-- presentaron hace unos días un informe sobre la migración denominado: ``México entre sus Dos Fronteras'', donde certifican que ``las fronteras siguen siendo zonas de riesgo, sufrimiento y muerte para los migrantes''. También se plantea que si México se había caracterizado por su solidaridad hacia América Latina, concretamente hacia Centroamérica, ``este panorama se ha venido ensombreciendo paulatinamente en los últimos años, hasta poder afirmar que en nuestros días el enfoque político y social del México institucional se ha polarizado hacia el norte... y por esto, México está perdiendo un pedazo de su propia historia...''.

En dicho informe se indica que a cinco años de la operación Guardián, que instrumentó Estados Unidos, se cuentan más de 400 muertes en la frontera, y que el gobierno mexicano reproduce en nuestra frontera sur la misma política, aplicando medidas de control policiaco y militar, con el mismo resultado de muerte y violación de derechos humanos. Los migrantes que llegan a México, la mayoría centroamericanos, tienen las mismas dificultades para asociarse sindicalmente y padecen muchas de las formas de discriminación laboral que sufren los mexicanos en el norte.

Es obvio que la solución de fondo a la problemática migratoria consiste, principalmente, en contar con un modelo económico que centre su estrategia en el empleo y la justa distribución de la riqueza. Pero es importante aspirar a un mejoramiento de las políticas y normas gubernamentales para proteger los derechos de los migrantes, como derechos humanos fundamentales y, como dice el refrán: ``El buen juez por su casa empieza''... No podemos demandar en el extranjero un trato humano a nuestros connacionales, si no aseguramos lo mismo para los trabajadores migratorios que viven en nuestro territorio.