Las administraciones de Salinas y Ernesto Zedillo junto con ``bolseros'' (especuladores de la Bolsa de Valores) crearon un Frankestein. Convirtieron el sistema bancario mexicano en un monstruo que devora en vez de apoyar a los empresarios y las actividades productivas que desarrollan. Al cobrar intereses sobre intereses, ese monstruo ha multiplicado en ocasiones por diez o quince veces la deuda originalmente pactada por el cliente. Después de varias reestructuraciones y de pagar durante años, su deuda crece en vez de disminuir.

Este Frankestein cobró plena existencia gracias a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó jurisprudencia y determinó que es legal el cobro de intereses sobre intereses. La deuda es impagable, pero el deudor bancario está obligado a pagarla, aunque se agote todo su patrimonio. Y si no alcanza ese patrimonio, para eso se creó el Fobaproa y el IPAB; para eso están los impuestos que pagamos y pagaremos ésta y la siguiente generación de mexicanos.

El resultado ha sido dolor para muchas familias y muerte para muchas empresas. Maquinaria y equipos, que deberían estar en manos de quienes saben operarlos generando empleo e ingresos para pagar incluso la deuda, están paralizados porque les fueron arrebatados por los bancos, que no saben ni les interesa operarlos. Así, los banqueros se han convertido en los peores enemigos de los empresarios y de las actividades productivas.

Pero este Frankestein se vuelve ahora contra sus creadores. Uno de ellos, el Banco del Atlántico, fue condenado recientemente por el Tribunal de Justicia del Distrito Federal a cubrir a tres de sus ahorradores el pago del monto invertido inicialmente, a partir del pago de intereses sobre intereses. Estos ahorradores realizaron, a principios de 1988, dos inversiones a plazo en dicho banco: una por 5 mil pesos y otra por 54 mil pesos actuales, a plazo de un mes y una tasa fija de interés mensual de 12 por ciento. Conforme a las condiciones pactadas, los contratos se renuevan automáticamente a su vencimiento, y se incrementa el capital con los intereses ganados en el mes, al mismo plazo y tasa de interés pactados originalmente. El banco se reservó el derecho de no renovar el contrato, siempre que así lo hiciera saber a los ahorradores, cosa que nunca hizo. Por su parte, ante condiciones tan atractivas, los ahorradores decidieron mantener vigente esa inversión bancaria hasta finales de 1997, cuando acudieron al banco a cobrar. Como éste se negó, los ahorradores lo demandaron ante los tribunales correspondientes con el resultado ya señalado.

El importe acumulado a la fecha de esas inversiones es enorme, debido a que durante casi doce años la inversión creció exponencialmente. Cada mes, el saldo acumulado al mes anterior se incrementaba en 12 por ciento. Por ello, la inversión de 5 mil pesos se multiplicó por más de un millón de veces; hoy supera los 5 mil millones de pesos. La otra inversión inicial, un poco superior a los 54 mil pesos, hoy supera los 700 mil millones de pesos, cifra que en diciembre de este año llegará al billón de pesos (un millón de millones de pesos).

Esta cifra es exorbitante. ¿Existe alguna institución bancaria capaz de realizar negocios lo suficientemente rentables como para pactar con los ahorradores el pago de intereses sobre intereses y tasas de interés tan altas, que en doce años multiplican por varios millones de veces el depósito inicial de un ahorrador? No existe ninguna, por supuesto. Como tampoco existen empresarios deudores de bancos cuyos negocios les permitan multiplicar sus ingresos de igual forma como se multiplica su deuda con el banco, porque le cobran intereses sobre intereses. Ambas situaciones son insostenibles. Y sin embargo, a los deudores de la banca se les está cobrando sobre esas bases. Si se aplica la ley, el Banco del Atlántico y su aval, el gobierno federal, llevan las de perder y tendrán que pagar.

¿Dónde estaba la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que, supuestamente, debía supervisar la operación del Banco del Altántico? ¿Dónde estaban los controles y registros internos del banco para supervisar las operaciones contratadas por su personal? ¿Qué harán el gobierno federal y el Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si atrae el caso? ¿Pagarán a estos ahorradores con la misma vara (intereses sobre intereses) con que cobran a los deudores? ¿Olvidarán que la razón de ser del Fobaproa y del IPAB es proteger el interés de los ahorradores bancarios? ¿Olvidarán que Fobaproa significa Fondo Bancario de Protección al Ahorro, y que su sustituto, el IPAB, es un Instituto para la Protección del Ahorro Bancario?

Estos ahorradores y su representante legal, el señor Victor Blake, están conscientes del problema y que existe ``todo un oceáno de posibilidades'' para solucionarlo, como veremos en la próxima entrega.