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UNAM: AISLAR LAS PROVOCACIONES
A estas alturas del conflicto universitario se ha hecho
evidente la existencia, tanto en el lado de las autoridades como en el
de los huelguistas, de núcleos interesados en agravar la
confrontación, impedir cualquier arreglo, suscitar la
intervención de corporaciones policiales -federales o
capitalinas- y, de esta manera, llevar el asunto universitario al
ámbito de la violencia. A este respecto, cabe señalar
las grandes coincidencias entre las propuestas de la derecha
universitaria y los "distinguidos duros", por una parte, y las
iniciativas delirantes que se escuchan en el Consejo General de Huelga
(CGH): si Ignacio Burgoa, Raúl Carrancá y sus
congéneres piden órdenes de aprehensión contra
los huelguistas, los ultras de diversas facultades, al proponer el
bloqueo de carreteras y avenidas importantes, con lo que
provocarían un infarto urbano, claman por órdenes de
captura contra ellos mismos.
Con las evidentes limitaciones del rector Francisco
Barnés como telón de fondo, tales posturas ocupan el
primer plano del conflicto cada vez que se abre una perspectiva de
negociación y solución. Ahora, ante la
programación de un encuentro entre representantes de los
estudiantes en paro y de la Comisión de Contacto del Consejo
Universitario, los ultras del CGH impusieron su decisión de
cerrar tres institutos de investigación y amagaron con
tomar la Dirección General de Servicios de Cómputo
Académico (DGSCA), a sabiendas de que en ese centro se realizan
actividades de importancia estratégica para la UNAM, pero
también para el país.
Mientras, en la opinión pública nacional va
haciéndose clara la percepción de una ominosa
simetría en los bandos en pugna dentro de la máxima casa
de estudios: un rector que actúa como rehén de feudos e
intereses burocráticos, por una parte, y, por la otra, un
movimiento estudiantil secuestrado por un grupo de activistas
interesados en crear, fuera del ámbito universitario,
situaciones de emergencia urbana y nacional.
El jueves pasado un sector de los huelguistas
bloqueó los carriles centrales del Periférico, en lo que
constituyó una acción provocadora que culminó en
forma por demás lamentable. Ahora, además de cerrar
institutos de investigación y de amenazar con la
ocupación de la DGSCA, las mismas voces irresponsables proponen
bloquear las principales vialidades y obstruir los accesos carreteros
a la metrópoli. Tales acciones generarían, en
circunstancias normales, un colapso en la economía de la
ciudad, cortarían el desplazamiento cotidiano de millones de
personas y causarían daños gravísimos al
funcionamiento del país en general. Adicionalmente, en la
situación de emergencia que vive la nación,
impedirían buena parte de las tareas de auxilio que realiza la
sociedad civil, a pesar de las torpezas e inercias
burocráticas, para ayudar a la población damnificada por
las recientes lluvias en Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y
Chiapas.
No hay relación posible entre esas y otras
iniciativas provocadoras y los auténticos afanes estudiantiles
por preservar la gratuidad de la educación superior y dar a la
universidad nacional un carácter más incluyente y
democrático. De hecho, sus autores operan con métodos
que incluyen el veto a planteles enteros, la expulsión de
partidarios del diálogo, los linchamientos verbales de quienes
sostienen posiciones negociadoras, las agresiones físicas,
incluso, y un griterío de tintes fascistas para avasallar
asambleas.
Es tan necesario y urgente que las bases estudiantiles en
huelga aíslen esas expresiones de porrismo radical como que el
Consejo Universitario haga el vacío a los académicos y
funcionarios que piden una solución basada en la intolerancia
represiva. Unos y otros expresan, a su manera, y con notable
coincidencia, actitudes totalitarias opuestas al espíritu
humanista que debe presidir la UNAM.
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