CATASTROFE CIVICA

El linchamiento de un asaltante por pasajeros de un microbús que pasaron de ser víctimas a verdugos, ocurrido ayer en los límites entre Coacalco, estado de México, y el Distrito Federal, es un hecho exasperante y desolador, no sólo por la agresión original sino también porque los agredidos se convirtieron, con su acción, en homicidas.

El hecho expresa y sintetiza tendencias social y moralmente catastróficas: la justificada exasperación de una ciudadanía que sufre los embates de la delincuencia como parte de su diario infierno urbano; la generalizada incredulidad en el estado de derecho y en los procedimientos legales para castigar agravios; la irritante impunidad generada por las redes de complicidad entre los infractores de la ley, mandos y efectivos de corporaciones policiales; el impacto en la población de campañas políticas y mediáticas demagógicas, que buscan aplicar la "mano dura" contra la inseguridad como filón de sufragios o de audiencias, y la alarmante erosión de principios cívicos elementales: el respeto a la vida humana ųasí se trate de la vida de delincuentesų y el repudio a la crueldad y la saña.

Es necesario resistir la tentación simplificadora de ubicar la situación que se configuró en el norte del Valle de México en el arquetipo de Fuenteovejuna. En la obra de Lope de Vega, una comunidad enardecida da muerte a un comendador déspota y tiránico, en lo que constituye un acto de emancipación inevitable. En cada linchamiento como los referidos, en cambio, un grupo de ciudadanos depauperados se funden con sus agresores ųcasi siempre, sujetos aun más depauperadosų en una degradación total de los valores humanos y se convierten, así sea de manera anónima, en protagonistas de una barbarie tan terrible como las muchas que se abaten sobre ellos: la depredación económica, el deterioro radical y programado de sus condiciones de vida y de su medio ambiente y también, por supuesto, el acoso de la criminalidad.

La grave distorsión moral de excluir de la especie humana a los delincuentes, convertida en consigna de campaña por el ahora gobernador mexiquense Arturo Montiel ("los derechos humanos son de los humanos, no de las ratas"), y que parece haber creado escuela, a juzgar por los disparates propagandísticos de Silvestre Fernández Barajas, precandidato priísta al Gobierno del Distrito Federal, es retomada sin ninguna consideración ética por medios impresos y electrónicos que, a su vez, azuzan a los cientos de miles de linchadores potenciales que habitan y transitan el Valle de México.

Ante fenómenos y hechos tan graves, es preciso recordar axiomas indispensables para la convivencia. La "justicia por propia mano" no es justicia. Los delincuentes son seres humanos y no ratas. Patear a un ser humano hasta que muera no contribuye a erradicar la criminalidad sino que, por el contrario, le agrega, como nuevos integrantes, a quienes participan en el linchamiento.