Como la única variable de ajuste ha sido el gasto, el presupuesto federal de México quedó a merced de la tendencia a la baja de los ingresos públicos, cuya evolución está completamente determinada por el ciclo económico (como sucede con los ingresos tributarios) y por factores externos que están fuera de toda posibilidad de control o regulación de las autoridades fiscales (como los precios internacionales del petróleo, producto del que todavía proviene una parte sustancial de los ingresos públicos no tributarios). De esta manera, la política presupuestal dejó de ser una herramienta efectiva de redistribución del ingreso y de fomento de la eficiencia y el crecimiento de la economía para convertirse en una práctica contable y administrativa, cuyo contenido y orientación son totalmente procíclicos (es decir, expansivos cuando la coyuntura económica va al alza y contractivos en el caso contrario).

Esta deformación se gestó durante varios años y sus causas estructurales son ciertamente complejas, aunque la precariedad y la restricción presupuestales que hoy padece la economía no son ajenas a las prácticas político institucionales con que se diseñan, adoptan y ejecutan los programas federales de ingreso y gasto. Estas prácticas incluyen e conjunto de disposiciones, reglamentaciones y procedimientos con arreglo a los cuales se aprueba, implementa, supervisa y evalúa la política presupuestal de la Federación.

El Congreso, que tiene una serie de facultades legales al respecto, carece de un órgano especializado que analice y evalúe con objetividad y solvencia técnica las iniciativas que se presentan y las decisiones que se adoptan en materia fiscal y presupuestal. Por su naturaleza, estas medidas casi siempre tienen consecuencias intertemporales y muchas veces sus efectos se manifiestan por espacio de varios años (como ocurre, por ejemplo, al contratar deuda pública, emitir títulos como los Tesobonos, asumir el costo de una crisis bancaria o mantener prebendas impositivas a sectores corporativos con capacidad de presión política sobre las autoridades). La ausencia de un servicio de análisis fiscal no partidista que esté al servicio del Congreso es un factor que limita la acción presupuestaria de los legisladores y favorece la unilateralidad fiscal del Poder Ejecutivo. La actual legislatura despertó grandes expectativas al momento de constituirse, pero en el terreno presupuestal dejó escapar la oportunidad de convertirse en un factor de cambio positivo. Aún están frescas las imágenes de la amenaza de parálisis presupuestal a que parecían conducir, a fines de 1998, los desacuerdos políticos en torno al llamado paquete económico propuesto por el gobierno, que finalmente fue aprobado, de manera apresurada y sin cambios sustantivos. El diseño del último presupuesto del actual gobierno podría ser una buena oportunidad para amarrar entre los actores políticos algunos acuerdos básicos en materia de ingreso y gasto que allanen en parte el camino, que será inevitablemente tortuoso, de la gestión fiscal del próximo gobierno. Pero ello exigiría el despliegue de actitudes y voluntades que, en una temporada electoral como la presente, parecen improbables.