n Cifra récord de 700 expedientes en el mes de julio: Luis de la Barreda


Creció el número de quejas en la CDHDF durante el último año

n Persiste la morosidad para atender recomendaciones, señala el ombudsman en su informe

Ricardo Olayo n En su sexto informe de labores, el ombudsman capitalino, Luis de la Barreda Solórzano, indicó que en los últimos 12 meses el número de quejas que recibe la institución creció 27 por ciento, con una cifra récord de 700 expedientes en julio pasado, y subrayó que persiste la "morosidad" para responder a las solicitudes de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Describió actuaciones de algunos titulares de juzgados penales que recuerdan a los "jueces de consigna", además habló de fallos con "todo el sabor de un acto de encubrimiento", y alertó que decisiones judiciales pueden dejar en la impunidad a los tres altos jefes policiacos encarcelados por el caso Buenos Aires, "para vergüenza de la justicia y de la causa de los derechos humanos".

De ser así, "sería premiado con la impunidad uno de los más graves crímenes cometidos desde el poder en la historia de México", ocurrido el 8 de septiembre de Jorge Rodr’guez y Rodr’guez, Luis de la Barreda Sol—rzano y Rosario Robles Berlanga n Foto: JosŽ Nœ–ez 1997. Si bien uno de los jefes de la policía, Jesús Alonso Valdez, tiene la protección definitiva de la justicia federal, vía el amparo, todavía están por resolverse en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) los expedientes de Mauro Enrique Tello Quiñones y Moctezuma Ilhuicamina Zepeda Ramírez.

De la Barreda dijo que si bien "no nos consta" la existencia de los jueces de consigna, ayer aprovechó la mención de la juez 15, Elsa Moreno Cárdenas, quien ordenó el arraigo contra Mario Rodríguez Bezares, sin estudiar el expediente en el caso Stanley, para traer el tema a la memoria.

A propósito de ese "episodio inaudito", se emitió una recomendación y dicha juez, esposa de Rogelio Antolín Magos, coordinador de asesores del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Jorge Rodríguez y Rodríguez, es sometida a una investigación administrativa, sin que el Consejo de la Judicatura haya resuelto el caso, a dos meses de distancia.

En el evento estuvieron presentes los principales funcionarios relacionados con la seguridad pública y la procuración de justicia en la ciudad, encabezados por la jefa de Gobierno del DF, Rosario Robles; así como el propio Rodríguez y Rodríguez. Ante este auditorio, el ombudsman comentó que en los 12 meses del informe se emitieron dos recomendaciones por tortura, a diferencia del año anterior en que no se comprobó ninguna queja por este delito.

En uno de estos expedientes, el titular de la SSP, Alejandro Gertz Manero, y el de la Procuraduría de Justicia, Samuel del Villar, aceptaron y empezaron a cumplir la recomendación en tres días, lo que no se había hecho en un año. Pero el juez 40 penal, Ricardo Ojeda Garanda, quien recibió a los cinco policías involucrados, decidió iniciar el juicio por lesiones y abuso de autoridad, y no por tortura, decisión que apeló la Procuraduría. No obstante, el fallo del juez "tiene todo el sabor de un acto de encubrimiento y significa un alevoso golpe contra los afanes por erradicar ese desmán (de la tortura)", añadió.

 

Confianza en la institución

 

El presidente de la CDHDF dijo que una de las principales batallas es contra la impunidad, y reconoció en ello el apoyo del Consejo del propio organismo, de las ONG y otros actores. De 1993 a la fecha, el ombudsman ha emitido 65 quejas, 83 por ciento de las cuales (55) fueron cumplidas y en ese lapso se ha sancionado a mil 463 servidores públicos, con una actuación de "absoluta autonomía".

"Los triunfos contra los atropellos demuestran que la fatalidad del abuso puede dejar de serlo si los agraviados --resistiendo todas las agonías del anhelo-- adoptan en vez del conformismo el coraje, tan necesario en esta hora como en todos los tiempos", indicó como único orador del acto celebrado en las instalaciones de la CDHDF.

Desde hace 12 meses ha aumentado el número de quejas, presentándose en julio el más alto en toda la historia de la institución, lo que "habla de la confianza que se ha ganado la Comisión y de la importancia de que los habitantes de la ciudad cuenten con sus servicios". Más tarde, en entrevista diría que las quejas significan una "revolución cívica" para defender los derechos.

En su discurso hizo un repaso de los expedientes de la bailarina Nellie Campobello, de nueve ejecuciones extrajudiciales que se han dado de 1994 a la fecha y por la que se ha detenido a 25 policías; y cuestionó la falta de celeridad en la integración de las averiguaciones previas.

Dijo que la Asamblea Legislativa no ha atendido la propuesta hecha para combatir la violencia familiar que significa una reforma al Código Civil, e hizo un reconocimiento al consejero jurídico del Gobierno del Distrito Federal, Manuel Fuentes.

n Del Villar: no existen elementos que permitan hablar de jueces de consigna


Ofrece Robles reparar acciones por abusos de poder

Ricardo Olayo n Las autoridades capitalinas están comprometidas a la reparación y reconocimiento de los abusos de poder que cometan los servidores públicos, ofreció la jefa de Gobierno de la ciudad de México, Rosario Robles, al acudir al sexto informe de labores del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis de la Barreda Solórzano.

Al referirse al discurso del ombudsman, dijo que éste "habla del compromiso de Luis de la Barreda con los derechos humanos, del gran esfuerzo que se está haciendo en la Comisión" y que por su parte las autoridades están pendientes de reconocer los hechos indebidos que se generen.

Si alguno de estos hechos "se pudiera dar o se está dando en el Gobierno capitalino, tendrá que corregirse y se está corrigiendo, como él mismo (ombudsman) reconoció por parte del secretario de Seguridad Pública y del procurador de Justicia del Distrito Federal", declaró la jefa de Gobierno en entrevista al final de la ceremonia.

Comentó a De la Barreda que tuvo la oportunidad de conocer a Gregoria Arana y que se analiza el expediente; a esta mujer se le debe indemnizar de acuerdo con una recomendación de la CDHDF, pues la autoridad le expropió un terreno y a pesar de que está comprobada la afectación, no se le ha hecho el pago correspondiente.

Robles Berlanga cumplió con la asistencia al informe apenas a tres semanas de que asumió su nuevo cargo, y estuvo acompañada de la mayor parte de los responsables de las áreas que tienen que ver con los derechos humanos.

A su vez, De la Barreda se presentó con seis años de experiencia, luego que hace dos fue ratificado por unanimidad por los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa.

En tanto, el procurador de Justicia, Samuel del Villar, dijo al final del informe que hay pleno respeto a la independencia del Poder Judicial, por lo que no hay elementos que permitan hablar de "jueces de consigna", como lo refirió De la Barreda.

Destacó que además de los casos documentados por el organismo defensor de los derechos humanos, la Procuraduría ha aplicado sanciones a más de 500 servidores públicos, los cuales han sido consignados por corrupción.

Del Villar respondió también preguntas sobre el linchamiento de un delincuente el lunes abordo de un microbús. Dijo que "la ley es el camino adecuado para detener a los criminales".

Precisó que no tiene detalles del asunto y tampoco sabe si hubo legítima defensa, pero en todo caso, agregó, el "Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia". El procurador dijo que la proliferación de armas y la violencia permite que los criminales lleven ventaja en los hechos delictivos, por lo que "el único camino para contenerlos es precisamente el de la ley".