En los últimos años, la solidaridad de la población civil y la capacidad de organización de las comunidades en los casos de desastre ha sido una constante. Esta emergencia de diferentes grupos de la sociedad civil se debe en gran parte a la lentitud y hasta parálisis de las instituciones públicas.
El recorte de presupuestos, la reducción o desaparición de dependencias sociales y la salida de personal especializado de nivel medio y alto explica por qué el gobierno federal parece dar respuestas insuficientes ante hechos como el reciente temblor y las lluvias torrenciales que en conjunto afectaron estados como Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Puebla e Hidalgo principalmente. Adicionalmente, también se ha afectado el apoyo que antes se daba, a través de varios programas para la organización comunitaria. Esta tiene una amplia tradición en nuestro país y se ha extendido entre muchos sectores de población, sobre todo aquellos que de manera directa padecen carencias básicas en servicios, abasto, regularización de tenencia de la tierra, etcétera. Más allá, incluso se puede afirmar que hay la intención de dificultar todo intento de que la organización comunitaria se desarrolle al privilegiar programas sociales asistencialistas que no necesariamente hacen hincapié en la organización. Esta tendencia se ha encubierto bajo el manto de dar apoyo gubernamental no politizado como si la acción de un gobierno, sea esta positiva o negativa, pudiera despojar del carácter que le es esencial.
La ausencia de una organización comunitaria es notable en los momentos no sólo de la solidaridad, sino de la respuesta al desastre y la reconstrucción. Por su compromiso con su propia comunidad y su conocimiento de la zona, los integrantes de las organizaciones tienden a diseñar estrategias de respuesta más rápidas y más duraderas.
Esta falta de fomento a las actividades de las organizaciones comunitarias se echará de menos en los meses por venir, en que se iniciarán las actividades de reconstrucción en condiciones difíciles. La solidaridad social que se ha mostrado no durará para siempre y ya olvidado el asunto por los medios de comunicación, es posible que, como ha sucedido en otras ocasiones, la atención gubernamental se diluya sobre todo por la falta de recursos suficientes.
Los damnificados del temblor, las sequías y las lluvias lo son doblemente. Fueron afectados por estos fenómenos naturales, pero ya lo habían sido por un proyecto económico y una larga serie de omisiones en materia ecológica, de desarrollo urbano y de política social. Hace relativamente poco tiempo, el huracán Paulina nos recordó que los desastres naturales hacen pagar caro los errores de planeación, la corrupción a la hora de permitir los asentamientos humanos en lugares de alto riesgo y la lentitud e insensibilidad para hacer obras que reduzcan los peligros ocasionados por diversos fenómenos. Se ha publicado que de los poco más de 500 municipios afectados por sequías, lluvias y temblores, 70 por ciento padece pobreza extrema.
Hay muchos otros mexicanos que aunque no han padecido en los últimos meses desastre alguno, ya son damnificados económicos y sociales. Detengámonos un momento en algunos datos que pronto dará a conocer el Instituto Nacional de Nutrición, institución de amplio prestigio e insospechada de ser contraria a personajes, partidos políticos o dependencias. En su informe sobre la desnutrición en el ámbito municipal, se señala que más de 50 por ciento de los municipios del país están afectados por esta situación; seis de cada 10 mexicanos están desnutridos en algún grado y cinco millones de personas están desnutridas en su nivel más grave. En Oaxaca y Yucatán 88 por ciento de los municipios está afectado por la desnutrición grave. En 400 ayuntamientos de la República Mexicana todos los habitantes padecen esta situación.
Por su parte, el PAN ha propuesto, en contraste con la situación que padecen estos estados y municipios, que se apoye a aquellas entidades que resulten más productivas en términos de PIB y que tengan altos niveles educativos. La propuesta no es mala. Hace falta, sin embargo, que además de los lamentos por la suerte de millones de compatriotas afectados por los desastres naturales y económicos se piense en mecanismos institucionales que reviertan su indefensión. Es difícil que en el sexenio que está por concluir se llegue a algo en términos de política social, pero sería adecuado iniciar la elaboración de una carta mínima social, construida a partir de acuerdos entre partidos y organizaciones, que partiera de la base de que el apoyo a la organización comunitaria y su participación hacen más efectiva cualquier estrategia de lucha contra la pobreza. Esta carta, en su momento, le sería presentada a todos los candidatos con el fin de que la suscribieran.