n Carta al Senado
Cuestionan 54 ONG la labor desarrollada por la CNDH
Triunfo Elizalde n La Comisión Nacional de Derechos Humanos "no cuenta con criterios claros y consistentes para la calificación y trámite de las quejas recibidas. En muchos asuntos en que se ha denunciado la participación de militares, la intervención de la CNDH ha sido inconsistente; en numerosas ocasiones subordina su determinación a la versión de la autoridad señalada como presunta responsable de violaciones".
La comisión "no da seguimiento adecuado a las medidas precautorias que solicita a las autoridades correspondientes, lo cual les resta eficacia". Está "demostrado que en numerosas ocasiones da por cumplidas o parcialmente cumplidas sus recomendaciones, cuando en los hechos no lo han sido", señalan 54 ONG, de 19 estados, en un documento entregado ayer al Senado.
En el texto se pide a los miembros de ese foro legislativo que "busquen, por encima de cualquier interés partidista, fortalecer a la CNDH", generando mediante el consenso las condiciones de legitimidad para que su autonomía, reconocida por la ley, "sea una realidad tangible para los habitantes del territorio nacional"; igualmente que tomen en cuenta las deficiencias existentes "y perfilen los principales retos para que la comisión se convierta en una verdadera defensoría del pueblo".
Lo anterior, tomando en cuenta que las recientes reformas constitucionales "abren diversas posibilidades de fortalecimiento de la institución, las cuales deben ser aprovechadas al máximo por el consejo y la presidencia (de la CNDH)"; entre ellas, evaluar la situación de los derechos humanos en México, vinculando las violaciones "con sus causas estructurales; hacer una revisión serena y objetiva de los logros y deficiencias de la institución, así como determinar cuáles son los principales desafíos para la consolidación y el desarrollo eficaz de su mandato".
Los firmantes hacen notar que "son pocos los asuntos que (la CNDH) ha conocido en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y del derecho al desarrollo"; sobre procedimiento, se critica que los informes presentados por las autoridades en torno a las quejas que contra ellas se han interpuesto, "no son objeto de una revisión crítica y objetiva por parte de los visitadores"; que las amigables composiciones "generalmente se inician sin el conocimiento del quejoso y sin su aceptación, y los términos en que se concluye dicho procedimiento no se consultan con los afectados".
Se subraya que desde los primeros años de la CNDH "ha existido la tendencia a evitar calificar adecuadamente algunas violaciones, como sucede a menudo en casos de tortura, desaparición y ejecuciones, las que son calificadas como violaciones menores, lesiones, abusos de autoridad y otros". Esta situación repercute en los informes periódicos, "en los cuales se ha llegado a hacer un manejo inadecuado de las cifras y resultados estadísticos".
Respaldo a posturas oficiales
De la dependencia de la CNDH del gobierno, se pone como ejemplo que cuando participa como invitada o parte de la delegación oficial mexicana ante organismos de derechos humanos de ONU o de la OEA, es normal que respalde o legitime "las posturas oficiales y situaciones que se ventilan en esas instancias, lo cual es inaceptable". Por si fuera poco, ante el incumplimiento oficial del amplio cúmulo de recomendaciones hechas a México por los diversos mecanismos internacionales, como la CIDH, la CNDH "se ha mantenido callada".
También se censura que la CNDH "guarde silencio ante las graves amenazas y hostigamiento en contra de personas y organismos civiles comprometidos en la defensa de los derechos humanos", así como la falta de comunicación y disposición con las agrupaciones independientes "para escuchar el punto de vista de las ONG, sobre el tratamiento de las quejas".
Sobre el proceso de consultas con la sociedad civil "para la ratificación o designación del nuevo titular de la CNDH, hacen notar que aquél "adolece de graves deficiencias que se derivan de la ambigüedad de lo establecido en los artículos transitorios del decreto de reforma".
Puntualizan que "no ha sido aclarado si la posible ratificación de la actual titular (Mireille Roccatti) a que se refiere el decreto será por cinco años o solamente para el término del periodo para el cual fue designada". Al respecto, las organizaciones no gubernamentales firmantes dicen: "Entendemos que ratificación significa la permanencia de la actual titular en su cargo hasta que termine su periodo".
El texto fue leído en conferencia encabezada por los defensores de derechos humanos independientes Rocío Culebro, de Amnistía Internacional; Michael Chamberlain, de la Red Nacional Todos los Derechos para Todos; Edgar Cortés, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Oscar González, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos; Mariclaire Acosta, de la Asociación Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; José Antonio Vega, de Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura; Santiago Corcuera Cabezut, de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, y Francisco Javier Acuña, de la Universidad Anáhuac del Sur.