LA UNAM, PROBLEMA NACIONAL

En el discurso pronunciado ayer con motivo del Día del Médico, el presidente Ernesto Zedillo rindió homenaje a doctoras y doctores que, junto con miles de enfermeras, auxiliares de la salud y voluntarios, trabajaron y trabajan para aliviar las consecuencias sanitarias de los desastres naturales. Igualmente, destacó la labor de vacunación, la asistencia a mujeres y ancianos y la lucha para impedir la expansión del sida.

Al mismo tiempo, concedió el Reconocimiento al Mérito Médico al doctor Guillermo Soberón, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. La presentación del premio fue hecha por Jorge Carpizo, también antiguo rector de esa casa de estudios. Ambos, como se recordará, más José Sarukhán -quien también ocupó ese cargo- y algunos profesores destacados de la universidad, firmaron recientemente un desplegado en que solicitaban una intervención legal y firme del gobierno federal para acabar con el paro en la UNAM, que dura ya más de medio año.

Simultáneamente, el presidente Zedillo culpó de la situación en la UNAM sólo a un "grupo muy minoritario" que, "con sus actitudes intransigentes y violentas, ha causado un gravísimo daño a nuestra máxima casa de estudios". Sin embargo, es evidente que la huelga comenzó con un amplio apoyo estudiantil y popular, como respuesta a medidas unilaterales del rector Francisco Barnés, y que la intransigencia del grupo que éste encabeza es similar y paralela a la de los estudiantes que se autocalifican de ultras.

Por tanto, es obvio que la rectoría por lo menos comparte la responsabilidad con ese grupo estudiantil en la situación actual de la UNAM y que, dado que es la máxima autoridad, podría resolver rápidamente el problema concediendo los puntos exigidos por los huelguistas, y permitiendo, como lo hicieron sus antecesores en el cargo, la realización del congreso universitario reclamado por alumnos y un vasto sector de los académicos.

El Presidente, correctamente, considera equivocada la exigencia de Sarukhán, Soberón, Carpizo y la Coparmex de utilizar la fuerza pública para acabar con la huelga. Sin embargo, deslinda al gobierno de la solución de la misma y no da al rector Barnés ni la orientación ni los medios para dar una salida negociada al conflicto. Las autoridades y el cuerpo académico están divididos y, por consiguiente, dejar en manos de ellos, exclusivamente, el intento de ponerse de acuerdo, cuando no tienen los recursos económicos ni los medios legales para cambiar la situación y la estructura de la universidad, equivale a eternizar el conflicto.

Por otra parte, el problema en la UNAM es nacional, y no sólo de los universitarios: en él se juega, en efecto, qué tipo de educación superior se debe impartir y para cuál tipo de país, qué tipo de enseñante y enseñanza deben tener las universidades públicas, cuál debe ser el papel del Estado en la educación y la investigación, qué investigaciones deben ser prioritarias para el país, cómo democratizar la universidad que forma la mayoría de los futuros cuadros del país, para que éste avance a su vez hacia una democracia real.

El Estado, así como toda la sociedad y los propios universitarios, tienen que expresar sus propuestas de solución, tanto en la UNAM como en las demás casas de estudio, sobre todo públicas. Si el país paga la universidad, es necesario que también discuta el destino de la misma, y el gobierno debe tener una opinión al respecto y exigir al rector y a quienes lo respaldan que quite pretextos al grupo estudiantil ultra, convocando a un congreso universitario resolutivo, que constituye la única solución pacífica y legal a esta larga huelga.