Ť Nuria Fernández: carecen de permisos y licencias

Ilegal, el comercio establecido que funciona dentro del STC

Bertha Teresa Ramírez Ť La subprocuradora social, Nuria Fernández, señaló que todo el comercio formal que opera en el Sistema de Transporte Colectivo-Metro es totalmente ilegal, porque no cuenta con ningún tipo de permiso para uso de suelo o licencias de sanidad, y ello se debe a que hasta ahora la instalación de ese tipo de establecimientos tiene como único requisito realizar un contrato privado con las autoridades de la empresa paraestatal.

Dijo que tras una investigación, la actual administración detectó varias irregularidades, tales como que este tipo de comercio ocupa pasillos o bodegas y maneja líquidos inflamables, como es el caso de los negocios de revelado fotográfico, además de contaminación por olores y otros problemas.

Por ello, indicó que la Procuraduría Social hará una serie de recomendaciones al Gobierno del Distrito Federal para que el comercio formal cumpla con todas las normas legales que se exigen al resto de los negocios establecidos, y que la regularización de éste debe formar parte de un plan de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con el fin de que la dependencia fije las características que debe tener el comercio que opera dentro de las instalaciones del Metro.

Lo anterior, para que se diferencien los espacios que sí pueden ser ocupados por el comercio y los que no, y para que haya lugares ecológicos que beneficien al usuario.

Afirmó que debido a que una persona debe invertir mucho tiempo para trasladarse en el Metro, el comercio en el interior no se puede impedir; sin embargo, debe ser reglamentado.

Con relación al comercio ambulante la ley es muy clara, en el sentido de que no puede haber vendedores en el Metro; sin embargo, se está buscando una opción para que algunos puedan convertirse en establecidos, como por ejemplo vendiendo periódicos o aseando zapatos en alguna zona del interior del Sistema de Transporte Colectivo.

Por otra parte, dijo que es muy importante que el cuerpo de seguridad del Metro se legalice porque hay situaciones irregulares, ya que los policías no van debidamente identificados, por lo que la Procuraduría Social ha planteado que éstos deban depender de la Secretaría de Seguridad Pública, pues no debería haber policías privadas, aunque indicó que las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo no han cedido, pero sí están dispuestas a que los agentes se identifiquen debidamente.

Agregó que el servicio privado de seguridad del Metro detiene 80 veces al año, en promedio, a vendedores ambulantes, y que en muy pocas ocasiones a carteristas. De la misma forma se detectó que hay un núcleo de corrupción en el que están involucrados el juzgado 33, el cuerpo de seguridad del Metro y los propios vendedores ambulantes.