Orlando Delgado
Un nuevo eslabón de la crisis bancaria
Apenas hace unos días el Consejo de Administración de Bancrecer informó que solicitará que el IPAB tome el control de la institución, debido a que los accionistas no pueden cumplir los requisitos para que el banco siga funcionando. Según R. Alcántara, presidente del consejo y accionista mayoritario, el costo de esta operación será de entre 90 mil y 100 mil millones de pesos; otros analistas calculan que el IPAB deberá aportar alrededor de 120 mil millones.
El rescate de Bancrecer se viene anunciando desde hace por lo menos 15 meses, prácticamente desde el inicio del escándalo Fobaproa; de hecho, en junio de 1998, Javier Arrigunaga, director del Fobaproa, anunció el apoyo de esa institución con el propósito de que el banco pudiera ser comprado por alguna institución bancaria, nacional o extranjera, lo que no pudo concretarse debido a que esto significaba incrementar el tamaño del pasivo que quería hacerse deuda pública, en un momento en que se rechazaba ampliamente toda la operación llevada a cabo por el gobierno.
En aquella época se hablaba de que rescatar Bancrecer tendría un costo de 50 mil millones, que se sumarían a los 552.3 mil millones del pasivo de Fobaproa. En este momento, pese a la ''solución'' encontrada por el PAN y la Secretaría de Hacienda que, según dijeron, reduciría el monto de este pasivo, la información difundida por las corredurías financieras internacionales lo ubica en alrededor de un billón de pesos; al mismo tiempo, el costo del saneamiento de Bancrecer ha crecido más de 120 por ciento. Evidentemente, tan pronto el IPAB resuelva intervenir en este último banco, lo que ocurrirá en los primeros días de noviembre, el pasivo del Fobaproa-IPAB crecerá esos 100 mil-120 mil millones.
El nuevo eslabón de la crisis bancaria, que por cierto está lejos de ser el último, exige que el Congreso de la Unión establezca un límite al crecimiento del pasivo, así como limitaciones al monto que se requiere destinar a las instituciones que vayan ingresando a la lista de los bancos fracasados. Faltan aún Atlántico y Promex, de los que se conocen los recursos necesarios para que el IPAB tome la cartera mala, y los bancos compradores, Bital y Bancomer, respectivamente, se queden sólo con la parte sana; se sabe que Nova Scotia demandará que el gobierno haga efectivas sus aportaciones para tomar el control de la institución y que Bital pudiera requerir recursos, dado su bajo nivel de capital, para mencionar solamente a los bancos privatizados.
Con estas nuevas acciones del IPAB, el pasivo total derivado del saneamiento bancario podría llegar a un monto aproximado de un billón 200 mil millones de pesos, cifra ciertamente descomunal. Pero lo más grave es que la crisis persiste: mes a mes se documenta la reducción real del financiamiento a los sectores no bancarios, al tiempo que se piensa que la promulgación de la Ley de Quiebras y las nuevas reglas de capitalización de los bancos permitirán abrir la llave para que empiece a fluir el crédito, con instituciones debidamente respaldadas por un nivel adecuado de capital y reservas, y un manejo del riesgo mucho más adecuado.
Limitar las nuevas intervenciones del IPAB resulta, como queda claro, urgente, tanto en términos individuales, es decir, los montos que pudieran destinarse al apoyo a cada institución, como en general: el pasivo total no puede seguir creciendo. Además, parece fundamental examinar con todo detalle las razones particulares de los fracasos de la gestión bancaria; deben precisarse, con la mayor claridad, las causas por las que la administración de un banco como Bancrecer es incapaz de mantenerlo funcionando, acatando las disposiciones en relación al capital necesario. Es cierto que todas las instituciones fueron golpeadas por la crisis cambiaria de 1994, pero es cierto también que muchas de ellas han podido sortear las dificultades y han empezado a generar utilidades, las que no se derivan del crédito, sino de inversiones en el mercado de dinero, pero que les permiten ser negocios viables.
Por ello, el fracaso de Bancrecer no puede resolverse solamente con el argumento de que los accionistas perderán todas sus aportaciones; tiene que resolverse la necesidad de salvar un banco: Ƒcuáles son las razones por las que debemos aceptar destinar recursos fiscales, que son de todos los causantes, para que siga funcionando Bancrecer, aunque cambie de nombre? ƑNo será más barato pagar la captación del público y cerrarlo? ƑNo se incurre en falta cuando una serie de malas administraciones, con sueldos exorbitantes, pierden el ahorro de sus cuentahabientes? ƑEl grupo de control accionario, responsable de la conducción del banco, no es el responsable de su fracaso, ante los propios accionistas y ante la sociedad entera, y debe, en consecuencia, pagar las pérdidas?
Estas preguntas, y seguramente algunas otras que pudieran formularse, quedarán sin respuesta, ya que lo que importa a las autoridades financieras es mejorar la imagen externa del país, sin importarles el costo ni lo que significa dedicar 100 mil millones de pesos a Bancrecer, y 40 mil millones del presupuesto del año 2000 al pago de intereses del Fobaproa, cuando el fondo para desastres sólo cuenta con 2 mil 300 millones de pesos.