* Es miembro del Centro de Derechos Humanos Pro Juárez

Dos individuos secuestraron e intentaron matar a una activista

* La interrogaron sobre nexos con el EZLN, el EPR y el ERPI

Triunfo Elizalde * Los atentados y amenazas contra miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez alcanzaron ayer un alto nivel de peligrosidad, al denunciarse que la abogada Digna Ochoa, coordinadora del área jurídica, fue interrogada en su domicilio por un par de desconocidos durante nueve horas, atada a una silla con los ojos vendados, para luego dejarla amarrada a su cama junto a un tanque de gas con la válvula abierta. También se informó sobre el allanamiento de las oficinas centrales de esta ONG jesuita, durante la madrugada.

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, de inmediato envió desde Washington, una carta dirigida al presidente Ernesto Zedillo, expresándole su "profunda preocupación por la seguridad de Digna Ochoa", así como de otros miembros de la misma organización. También dirigió copias de este mensaje a Rosario Green, secretaria de Relaciones Exteriores; a Diódoro Carrasco, secretario de Gobernación; a Jorge Madrazo, procurador general de la República, y al embajador de Estados Unidos en México, Jeffrey Davidow.

Respecto de la jurista Ochoa, el Pro Juárez informó que dos desconocidos la sorprendieron a las 22 horas en su domicilio. Un tipo la tomó por la espalda a la vez que le tapó la boca. Ella perdió el conocimiento, y al volver en sí se encontró atada a una silla con los ojos vendados. De inmediato fue sometida a un severo y prolongado interrogatorio sobre actividades e informaciones personales de todos y cada uno de los miembros del Pro Juárez. "Las preguntas iban acompañadas de agresiones verbales y amenazas". Reiteradamente fue interrogada acerca de presuntos "contactos" del Pro Juárez en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla e Hidalgo.

Asimismo, se dice, preguntaron sobre posibles nexos del Pro Juárez y casas de seguridad del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del Ejército Popular Revolucionario (EPR); acerca del tipo de armas que tanto ella como los miembros de la ONG sabían manejar y dónde habían aprendido a manipularlas. Le hicieron preguntas sobre "Antonio" y "Aurora", supuestos "comandantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente" (ERPI), quienes se encuentran actualmente detenidos en el penal de Almoloya. También la cuestionaron insistentemente sobre dónde había conocido a "Aurora", si sabía a qué se dedicaba y quiénes eran sus contactos. Hubo un momento, según dijo la abogada, en que le quitaron la venda de los ojos para que identificara a personas cuyas fotografías le mostraron. En ese instante ella pudo darse cuenta de que uno de los agresores "escribía en computadora todo lo que respondía", en tanto que el otro la interrogaba sentado en un banco muy cerca de ella. La presionaron para que firmara papeles pero Digna se negó a ello. Le volvieron a vendar los ojos y continuó el interrogatorio. Fue fotografiada varias veces a la vez que registraron todas sus cosas.

Dicha situación se prolongó aproximadamente unas nueve horas. La acostaron en la cama atada de pies y manos, "con vendas, listones y una pequeña faja elástica", a la vez que colocaron un tanque de gas a su lado. Una vez que se fueron, la jurista logró desatarse y evitar su muerte.

Intentó de inmediato llamar por teléfono para pedir ayuda, pero la línea había sido cortada. Al observar lo sucedido en su casa y con sus cosas, descubrió que le habían dejado el portafolios que le fue robado el 9 de agosto, cuando cuatro tipos la secuestraron por cuatro horas en un automóvil.

Dentro estaban dos de sus libretas y en una de ellas escrita la expresión de burla: "ja, ja".

Mientras lo anterior sucedía con Digna Ochoa, las oficinas del Pro Juárez eran allanadas durante la madrugada. El abogado Mario Patrón, al llegar entre los primeros, descubrió que en el área jurídica, la ventana estaba abierta, los escritorios desordenados, papeles tirados. "Sobre uno de los escritorios fue colocado a manera intencional y muy visible una carpeta con la leyenda: "Poder suicida", impresa en color rojo; en donde se encuentra el sistema de grabación de circuito cerrado, se comprobó que la videograbadora estaba apagada intencionalmente".

Por todo lo anterior, el Pro Juárez pide a la sociedad en general, enviar al Primer Mandatario, al Secretario de gobernación, al Procurador General de la República, al Procurador General de Justicia del Distrito Federal y a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que intervengan a fin de que cenen de inmediato ese tipo de agresiones físicas y psicológicas contra la gente de la ONG: que se tomen las medidas "suficientes y eficaces" para garantizar la seguridad del personal y el trabajo de los miembros del Pro Juárez; que se garantice la seguridad de las instalaciones y que se lleven hasta sus últimas consecuencias las investigaciones iniciadas desde hace cuatro años.