n Cuestiona la participación del Ejército en tareas de seguridad pública
El ataque a Ochoa, preludio de guerra sucia: AMDH
n La Arquidiócesis de México se suma a las voces de protesta por la agresión a la abogada
n Varias ONG y la sociedad civil de Chiapas repudian el allanamiento al Centro Pro
Jorge Cisneros Morales n La actuación de los militares en tareas como la seguridad pública y la lucha contra el narcotráfico está revirtiendo la dinámica de respeto al estado de derecho y las garantías individuales, aseguró Oscar González, presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH). En ese sentido, consideró que el ataque en contra de la abogada Digna Ochoa y miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro es el mejor ejemplo de esta situación, que parece el preludio de una guerra sucia.
González sostuvo que ante la creciente ''presencia militar en la vida pública de México'' se hace cada vez más difusa la línea entre seguridad nacional y seguridad pública; en ese contexto, dijo que no existen controles eficaces de los que pudieran echar mano las autoridades civiles para supervisar la actuación castrense.
Por lo anterior, a la AMDH le preocupa que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares queden impunes, o, más grave aún, ''que puedan ser cancelados espacios civiles o avances democráticos; que podamos acercarnos a situaciones parecidas a las que se vivieron en Sudamérica'', explicó.
Indicó que los elementos castrenses tienden a asociar la labor de los defensores de derechos humanos con la participación en complots subversivos. Tal idea pertenece a ''esta visión que antes servía de justificación para tener fuerzas paramilitares o unidades especiales que actúan al margen de la ley, y desatan dinámicas de guerra sucia''.
Petición al Senado
El entrevistado explicó que al presentar un documento al Senado, se demandó la intervención de la CNDH para evitar potenciales violaciones de derechos humanos. En la ley del organismo están contempladas las acciones preventivas, por eso solicitaron que, ejerciendo su condición autónoma, se dirija al procurador general, al secretario de la Defensa y al mismo Presidente de la República ''para que informen a tiempo sobre las investigaciones realizadas en torno a las agresiones y hostigamientos contra Digna Ochoa y los miembros del Centro Pro''.
González opinó que quien sea designado para presidir la CNDH deberá encargarse de tres aspectos relacionados con las garantías a la seguridad de los defensores de derechos humanos, la relación del organismo con las agrupaciones civiles y el papel de las fuerzas armadas como encargadas de la seguridad pública.
El dirigente enfatizó que es necesario hacer un llamado ''antes de que en México se desaten las dinámicas de guerra sucia, dirigiéndonos a los funcionarios de mayor rango para que éstos se manifiesten en contra de cualquier agresión, provenga de donde provenga''. Esta consideración no es gratuita, aseveró, porque tanto en las amenazas contra la abogada Ochoa como en las recibidas por los asesores del diputado Gilberto López y Rivas ''se les advertía que no se metieran con el verde olivo. Nadie está haciendo una imputación directa pero sí son elementos para que se hagan las investigaciones''.
Por otra parte, la Red de Solidaridad con México, que agrupa a 75 organismos no gubernamentales de Estados Unidos, envió una carta al presidente Ernesto Zedillo por el atentado contra Digna Ochoa y las instalaciones del Centro Pro y demanda el cese de la agresión contra los integrantes del grupo de derechos humanos.
La amenaza y la extorsión son
manifestaciones de intolerancia
Alma E. Muñoz n La Arquidiócesis de México se sumó a las voces de queja por los ataques que sufrió Digna Ochoa, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Así, consideró que ''la amenaza y la extorsión son manifestaciones de intolerancia violenta y presagio de impunidad en daños irreparables en contra de quienes las reciben y experimentan'', sobre todo cuando se dirigen a defensores de los derechos humanos, acusó ayer la curia, a través de su Comisión de Justicia y Paz.
Señaló que la agresión a la abogada requiere de un esclarecimiento inmediato de los hechos, y ''reclama la más completa y adecuada intervención de la autoridad competente a fin de determinar la responsabilidad de los autores''.
Indignación por amenazas de muerte
Juan Balboa, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 4 de noviembre n Organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil de Chiapas repudiaron hoy las agresiones que han sufrido miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
Las ONG pertenecientes a la Red de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Fray Pedro Lorenzo de la Nada y el Centro de Derechos Indígenas de Bachajón y la sociedad civil Las Abejas, expresaron su indignación por el allanamiento de las oficinas del centro y las amenazas de muerte que han recibido varios de sus integrantes, en especial la abogada Digna Ochoa.