La brecha entre el qué y el cómo

Los economistas Víctor Godínez y León Bendesky, socios

de la firma ERI Consultores Económicos, analizan

en este trabajo las propuestas en materia económica

--la mayoría vagas y de alcance limitado--

que han hecho los cuatro precandidatos priístas

en declaraciones a la prensa y en su debate por televisión.

Francisco Labastida

1. Crecimiento económico y creación de un millón de empleos anuales.

Es básicamente la misma promesa del actual gobierno, que ofreció un crecimiento promedio del PIB de 5 por ciento anual para el periodo 1996-2000 y la creación de un millón de empleos al año. El asunto es, en primer lugar, la incapacidad de sostener la tasa de expansión productiva y, en segundo, el hecho de que los demandantes de empleo son cuando menos un millón 350 mil al año, a los que se suman aquellos que han perdido su trabajo y no se han reintegrado al mercado. Mantener esa cifra es insuficiente dadas las necesidades actuales de empleo. Además, la promesa no se ha cumplido, puesto en este sexenio se han creado muchos menos empleos al año, cuando mucho alrededor de 700 mil.

2. Impulso a la creación de viviendas, ya que con ello se genera empleo, se promueve el desarrollo regional, se ahorran divisas y se impulsa la actividad de las pequeñas y medianas empresas.

La construcción es una actividad cuya fuerza de arrastre influye en los ámbitos señalados; sin embargo, no puede plantearse elevar la cifra de viviendas construidas anualmente en el país de 170 mil actuales hasta 700 mil sin considerar las condiciones financieras de esta operación. Esto significa que hay que señalar las fuentes de financiamiento para realizar estas construcciones y, también, aquellas que permitirían su adquisición. Para ello se requiere de un sistema de financiamiento con tasas de interés bajas y plazos suficientes para que las familias que las requieren puedan comprarlas. Además, una promoción muy activa de generación de viviendas provoca de inmediato una mayor demanda de servicios urbanos y públicos que también requieren de recursos.

Por otro lado, hay una contradicción evidente entre este planteamiento y la primacía de cualquier política de estabilización macroeconómica como las que implícitamente parece favorecer Labastida.

3. La economía de mercado genera crecimiento y empleo, pero debe hacerse compatible con las necesidades sociales mediante estímulos y apoyos.

Aquí se observa una interpretación técnica, política e ideológica que sustenta el programa económico vigente y que Labastida retoma. La afirmación de que el mercado genera crecimiento y empleo es sumamente cuestionable, a partir de la experiencia mexicana. En los últimos tres sexenios el PIB sólo ha crecido en promedio anual a una tasa de 2.1 por ciento (apenas por encima del crecimiento de la población); el PIB por habitante está virtualmente estancado; el ingreso muestra una gran concentración en un porcentaje muy pequeño de hogares y el desenvolvimiento de la economía ha estado marcado por crisis recurrentes y profundas. En cuanto al empleo, es evidente que el mercado no ha podido absorber la creciente fuerza de trabajo. Esta afirmación de Labastida es, por lo tanto, bastante endeble. La idea de que el mercado sólo necesita estímulos y apoyos para ser compatible con las necesidades sociales no sólo es laxa, sino carente de contenido.

4. Concentrar la atención en las regiones con más desempleo y pobreza, y estimular las grandes inversiones que detonan el desarrollo.

Es evidente que la disparidad regional en México se acentúa rápidamente. Esto se observa en el desplazamiento del dinamismo económico hacia los estados del norte del país, especialmente los fronterizos. La gestión del territorio no es sólo un asunto relativo al crecimiento del producto, sino una verdadera exigencia estratégica para el desarrollo e incluso para la cohesión nacionales. Los estados o regiones con mayores rezagos económicos y sociales están sobradamente identificados, pero ni la política macroeconómica ni su parte dirigida al gasto social han podido atenuar su marginación, mucho menos revertirla.

Cualquier propuesta sobre políticas regionales de desarrollo debe precisar las medidas con que se pretende lograr ese objetivo, de modo que los programas no se conviertan, como ocurre actualmente, en destino de recursos prácticamente perdidos.

Las limitaciones del discurso económico de Labastida se aprecia en la vaguedad de sus propuestas:

a) Evitar los riesgos de una crisis económica, que provienen de altos déficit fiscales y de balanza de pagos.

b) Lograr seguridad y estabilidad en el crecimiento económico.

c) Tener un horizonte de esperanza asociado con el alto crecimiento.

d) Política industrial, entendida como apoyo a las pequeñas y medianas empresas para obtener créditos de poco monto.

e) Para reducir las tasas de interés debe reducirse la inflación hasta 3 por ciento en el año 2005 o 2006.

Aún no están dadas las condiciones económicas estructurales para que a menor tasa de crecimiento de los precios puedan bajar los réditos. Hay una mayor restricción para que esta economía pueda operar en un contexto de aumento del producto con inflación de 3 por ciento. Esto no sólo es una falla técnica del análisis, sino una propuesta inviable y hasta demagógica. Labastida usa como marco de referencia de su propuesta las cifras del Plan Nacional de Desarrollo 1996-2000, lo que limita su propia formulación y lo vincula con un proyecto que no se ha cumplido.

La pregunta es: Ƒqué propone específicamente Labastida para lograr esa tasa de inflación y al mismo tiempo hacer cumplir su propuesta de un crecimiento mayor de la economía, de las regiones, del empleo, del ingreso nacional y de los salarios reales? En su discurso no hay respuesta.

Se identifica correctamente como una de las principales restricciones económicas la marcada tendencia importadora, es decir, la elevada demanda de importaciones en relación con el crecimiento del PIB. Sin embargo, para revertir esa tendencia se propone impulsar las ramas dinámicas que generen divisas, a saber, las maquiladoras, la construcción de viviendas y las industrias exportadoras. No hay una propuesta explícita sobre el fortalecimiento del mercado interno, condición para reducir paulatinamente la creciente vulnerabilidad externa de la economía mexicana.

La propuesta económica de Labastida es, hasta ahora, muy débil, carente de imaginación y demasiado convencional. Sobre todo, aparece estrechamente asociada con el programa de gobierno que se ha aplicado cuando menos desde 1985 y no se diferencia de las políticas y metas del gobierno actual.

Roberto Madrazo

1. Modernizar las empresas públicas sin privatizarlas. Conferirles autonomía para que consigan y utilicen sus recursos externos conforme a las necesidades operativas. Quitarlas del gasto fiscal para que sean rentables y eficientes.

La postura de Madrazo sobre la privatización de empresas públicas como Pemex y la CFE ha sido contradictoria. El tema de la modernización abre un espacio a propuestas que pueden ser relevantes para la administración de estos sectores estratégicos y contribuirían, también, a un avance en la redefinición del papel del Estado en la economía, en el replanteamiento de la reforma del Estado e incluso de una política industrial y regional.

2. Ausencia de reformas fiscal, laboral y administrativa.

Las dos cuestiones anteriores están relacionadas. No se puede conferir autonomía a las empresas públicas, especialmente a Pemex, si no se deslinda de las finanzas públicas.

3. Certeza jurídica y reglas claras para los inversionistas. Fortalecer los instrumentos de cambio en el país para competir con éxito en la globalización.

Expresada así, esta postura tiene varias limitaciones. Una es su generalidad y el hecho de que se repite tanto que ha perdido sentido práctico para los agentes económicos. Otra tiene que ver con el hecho de que se privilegia a los empresarios y tienden a relegarse la posición y los intereses de los trabajadores. La certeza jurídica es, sin duda, indispensable, especialmente si se quiere construir una sociedad en la que prevalezca la ley. El estado de derecho y el imperio de la ley son dos caras de la misma moneda. Por ello la certeza jurídica debe existir por igual para el empresario, el trabajador y la autoridad.

Por otra parte, la globalización debe dejar de ser un mero slogan. Se requiere proponer desde una perspectiva de gobierno qué significa para las grandes empresas e instituciones financieras e incluso para las finanzas públicas, pero también lo que significa desde la perspectiva del fortalecimiento de la sociedad y de la economía interna.

4. Reforma financiera para fortalecer el sistema bancario y que sea una locomotora de la nueva etapa de industrialización en el país. La banca de desarrollo no tiene recursos para el crédito al campo ni para las pequeñas y medianas empresas.

La reforma financiera es, sin duda, imprescindible para restaurar los circuitos de crédito en la economía. Hasta ahora, las políticas monetaria y fiscal no han sido adecuadas ni suficientes para remontar la profunda crisis bancaria provocada en 1995; por ello, el crédito sigue siendo extremadamente caro e incluso inexistente. El saneamiento bancario ha sido muy costoso e institucionalmente es aún incierto.

5. Junto con el blindaje económico hay que blindar antes el empleo, el salario, el crecimiento. Blindar una economía que apoye a los empresarios.

El blindaje como metáfora de política económica es poco afortunada, ya que su expresión inicial fue eminentemente financiera. Eso es insuficiente para proteger a una economía cuya fragilidad es generalizada, ya que abarca lo productivo y lo social; por ello, ahora los políticos del régimen buscan ampliarlo a las demás áreas. Señalar que el blindaje debe apoyar a los empresarios sin considerar a los demás agentes sociales es indicativo de la confusión que la misma idea contiene y promueve.

6. Hay éxitos macroecónomicos, pero sólo con el ánimo de controlar la inflación y bajarla a un dígito; con ello se seguirá llevando más gente a la pobreza. Hoy tenemos la posibilidad de crecer a 5.5 por ciento con inflación de entre 11 y 12 por ciento.

Este es un punto interesante en la propuesta de Madrazo y con la que difiere no sólo de los otros precandidatos, sino de modo directo con el gobierno. La economía mexicana padece de una restricción de tipo estructural para crecer a tasas altas y sostenidas con baja inflación. Esta restricción no ha sido superada por las políticas de apertura. Aquí Madrazo tiene un punto relevante (aunque quizá no lo sepa) para plantear un conjunto de propuestas económicas que lo distingan como candidato.

Madrazo no especificó cómo pretende mantener durante seis años esta fórmula de crecimiento económico e inflación y, sobre todo, en qué se diferencia de la propuesta del actual gobierno, que plantea lo mismo (crecimiento del PIB de 5 por ciento y 10 por ciento de inflación para 2000). En caso de que la meta económica del gobierno de Ernesto Zedillo se cumpla para el año entrante, Madrazo estaría proponiendo no ir más allá de ese horizonte macroeconómico.

7. El Estado tiene la responsabilidad social de cuidar los equilibrios y armonizarlos.

Este es un lugar común, y como tal no quiere decir nada. Los candidatos repiten constantemente este postulado, pero en sus discursos no hay un planteamiento explícito sobre la reforma del Estado o acerca de darle sentido práctico a la función del Estado en la economía y como regulador social. Esta confusión se acentuó especialmente con las reformas y las acciones emprendidas en el gobierno de Carlos Salinas (entre el liberalismo social y el programa Solidaridad) y se ha acrecentado durante este gobierno.

Manuel Bartlett

1. Sin federalismo fiscal no hay federalismo.

Bartlett ha sido muy enfático en la asignación de recursos fiscales de la Federación a los estados, que se ha convertido en un asunto que genera cada vez mayor controversia entre los gobiernos estatales y municipales, y entre los estados y el gobierno federal. La experiencia del Distrito Federal es clara al respecto y hay experiencias como las observadas en Chihuahua, con los ingresos de los puentes fronterizos, y más recientemente en Nuevo León, con las obras públicas. Una parte del problema de la federalización mediante el ramo 33 consiste en que se transfiere la capacidad de gasto pero no la de ingreso, por lo que dichas transferencias están etiquetadas. Por otra parte, hay fricciones por los criterios de eficiencia que impone Hacienda para asignar el gasto y por los crecientes atrasos sociales en muchas partes del país. Bartlett propone incluso realizar una convención fiscal nacional para revisar los procesos de descentralización.

2. La política fiscal tiene dos objetivos: uno es recaudar para dotar al Estado de recursos que le permitan atender las funciones que le corresponden; el otro es promover el desarrollo.

Otra vez el tema de la reforma fiscal. Los planteamientos aún son demasiado generales y muy conocidos por los interesados.

3. El problema número uno del país es la pobreza y el riesgo de un rompimiento social es muy grande.

Este es uno de los puntos de anclaje de una propuesta nueva y una convocatoria para la revisión de la política social en el país. Tema central de cualquier nuevo gobierno.

4. Ir a un presupuesto cero, con la clara determinación de eliminar todo lo que no sea indispensable, para acumular exactamente los recursos que necesitamos para la prioridad de desarrollo con justicia social.

El asunto del presupuesto federal se ha ido convirtiendo en tema de controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero la sociedad en su conjunto y los distintos grupos de interés están cada vez más conscientes de la importancia política y económica de pautas de ingreso y gasto públicos. Bartlett destaca el tema presupuestal como parte del problema del federalismo y de la misma política social.

5. Las políticas sociales dirigidas nacionalmente son ineficaces. No es posible que desde la Sedeso se defina el ataque a la pobreza y a la marginación de modo genérico y que se impongan fórmulas a su antojo.

Si bien es cierto que a escala estatal y local se podría aplicar mejor la política social desde una perspectiva técnica y de participación, no debe demeritarse el contenido esencialmente nacional que debe tener la asignación del gasto social. El concepto de federalismo debe estar muy claro, especialmente en un marco político de mayor pluralidad partidaria y social, así como el compromiso de reducir las enormes discrepancias regionales. El federalismo es también una forma de gestión territorial. Los desplantes de autonomía de los gobiernos estatales como a los que se aproxima Bartlett, al igual que otros gobernadores, deben contrarrestarse con una cada vez mayor claridad política acerca del pacto federal.

6. No hay política industrial; está dejada al libre mercado. Yo creo que debemos tener política de fomento social.

Esta postura presenta una debilidad conceptual, que caracteriza la propuesta eminentemente económica de Bartlett. La política industrial tiene contenidos, objetivos y metas muy específicos, de los cuales pueden derivarse condiciones sociales. La política de fomento social es otra cosa.

Humberto Roque

1. La reforma fiscal debe servir nada más para dos propósitos: recaudar con justicia y, por lo tanto, propiciar un gasto público que ayude a los que menos tienen.

Roque ha hecho varios pronunciamientos acerca del problema presupuestal, e incluso propuso durante el debate una reforma constitucional para cambiar las prácticas presupuestales. En este aspecto parece ir más allá que Bartlett. El asunto presupuestal es, sin duda, un tema que debe revisarse profundamente en México, y esto por diversas razones, entre ellas:

a) Las deficiencias recaudatorias del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales.

b) El problema de la reorganización del federalismo fiscal.

c) La política de gasto público, en dos vertientes: en el ámbito del gasto social y en la promoción del desarrollo mediante el gasto de inversión y la banca de fomento.

d) La misma práctica política del presupuesto que involucra la manera en que las distintas dependencias del Ejecutivo plantean sus necesidades y sus demandas a los responsables hacendarios de armar el presupuesto, y la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo para la discusión y aprobación del Presupuesto Federal.

El planteamiento de Roque es limitado, pues si bien es cierto que debe recaudarse con justicia, también debe hacerse con suficiencia y efectividad en un sentido administrativo, pero también de gestión de la economía. Por ello, la recaudación no puede asociarse sólo con el gasto para ayudar a los que menos tienen. Esa es una visión insuficiente aunque, claro está, debe redefinirse de modo claro y con legitimidad la función social del Estado en una sociedad donde crecen de modo constante las carencias y se amplían las brechas entre los grupos de la población.

2. La solución al problema de la mala distribución del ingreso puede darse a través de tres elementos: el crecimiento consistente del producto interno bruto, la direccionalidad (sic) a la generación de empleos y no dejarlos solamente en manos del mercado y, tercero, darle direccionalidad (sic) al gasto público social para favorecer el desarrollo comunitario.

La distribución del ingreso se ha hecho más desigual en el país en los últimos años y la situación se puede apreciar en la última Encuesta de Ingreso-Gasto de los Hogares para 1996, que no recoge de modo fehaciente el efecto de la crisis de 1995. En este terreno siguen exponiéndose conceptos muy generales.

Plantear que el crecimiento del PIB tiene que ser consistente no dice gran cosa, aunque podría pensarse que dicha consistencia se refiere a su nivel, su duración, la composición sectorial y su despliegue territorial, es decir, a la cantidad y la calidad del crecimiento.

La ''direccionalidad'' de la generación de empleos es un concepto que no se entiende. Lo que sí se aprecia es una confusión sobre lo que es el mercado y cómo puede hacerse compatible su funcionamiento con acciones estatales bien definidas. Lo mismo ocurre con el gasto social, cuya aplicación debe ir más allá del desarrollo comunitario. Todo esto está en el debate sobre la reforma del Estado, que se suponía tendría un mayor alcance durante esta administración.

EL ESCRUTINIO DE LAS CIFRAS

		Gustavo Díaz Ordaz			Luis Echeverría		José López Portillo		Miguel de la Madrid		Carlos Salinas			Ernesto Zedillo
	(1964-1970)				(1970-1976)		(1976-1982)		(1982-1988)		(1988-1994)		(1994-1998)
PIB1			6.23%		5.95%		6.50%			0.18%		3.16%		2.50%
Inflación2			23.94%		125%			417%	4031%			142%		168.7%
Tipo de cambio3			0.0125		0.0199		0.149			2.2950	3.4520			9.8600
Devaluación2			0%		59.84%	647.25%				1437.69%		50.41%		186%
Deuda externa4			6,091	14,600		58,874				81,003		85,435		92,295

¹ Tasa promedio anual; ² crecimiento acumulado; ³ pesos/dólar a fin de periodo; ⁴ sector público, cifras en millones de dólares a fin de periodo n Fuentes: SHCP y Banco de México