JALISCO: BRUTALIDAD GUBERNAMENTAL

Ayer en la capital jalisciense tuvo lugar una vergonzosa agresión policial contra manifestantes barzonistas que han recorrido diversos puntos de la República en la denominada Cabalgata de El Barzón y que pretendían llegar al centro de la ciudad a bordo de tractores para exigir, entre otras cosas, el reconocimiento de la Unión Ganadera de la Costa y la derogación de un impuesto estatal de 10 pesos por cabeza de ganado vendida. Efectivos policiales del gobierno del estado, en un hecho documentado y divulgado por noticieros televisivos, propinaron una golpiza injustificada a varios manifestantes, empezando por su dirigente, el diputado Maximiano Barbosa Llamas, a quien causaron lesiones de gravedad.

El gobernador Alberto Cárdenas Jiménez, en lugar de deslindarse de la brutalidad y los evidentes excesos cometidos por las fuerzas del orden, procedió a justificarlos y se convirtió así, en cómplice de los abusos de poder y las violaciones a los derechos humanos perpetradas por sus policías. Horas después de la agresión, el gobierno estatal, por boca del secretario de Gobierno, anunció su intención de demandar al Congreso de la Unión el desafuero de Barbosa para acusarlo del delito de motín. Al margen de la manifiesta improcedencia de tal pretensión, el régimen de Alberto Cárdenas Jiménez se sitúa, con ella, como represor y perseguidor de disidentes.

Existe en el país un perceptible consenso sobre la necesidad de emplear los medios coercitivos gubernamentales sólo como último recurso, y aún así, en estricto apego a derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Las imágenes de uniformados que se ensañan a patadas contra ciudadanos tirados en la calle repugnan a la conciencia cívica, porque remiten a un ejercicio autoritario del poder, a una impunidad ofensiva y a la comisión de delitos por parte de quienes están obligados a hacer cumplir las leyes.

En la conciencia ciudadana de la nación existe un claro rechazo a la violencia gubernamental injustificada. Ello explica que con todo y lo exasperante que pueda resultar para diversos sectores de la población la prolongada huelga de la UNAM, resulten ética y políticamente inviables las propuestas de resolverla con el recurso de la represión pura y dura. Ello explica también que, con todo y la condena social --que no sólo se expresa en la capital de la República-- a los bloqueos de arterias estratégicas por parte de los paristas de la máxima casa de estudios, se haya manifestado una amplia indignación ante la injustificable golpiza sufrida por dos de los paristas a manos de granaderos.

En un contexto nacional del fortalecimiento de la cultura cívica, y a contrapelo de esa tendencia civilizadora, Alberto Cárdenas Jiménez ejerce el poder en Jalisco a macanazos y patadas, y convierte la brutalidad represiva en práctica, estilo y discurso de gobierno. Tal actitud hace indispensable una enérgica respuesta ciudadana y, por supuesto, la intervención de instancias federales de procuración de justicia --toda vez que una de las víctimas de la barbarie policial es diputado federal-- y de protección de los derechos humanos.